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De cómo Iván decidió abrir las cloacas y se puso a fumigar
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De cómo Iván decidió abrir las cloacas y se puso a fumigar

De ahí que hayan optado por un “abordamiento sistémico selectivo y aleatorio”.
“Lo urgente es el fortalecimiento absoluto del sistema de justicia; repensar el sistema de justicia en su conjunto”, dice Velásquez.
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Tiempo aproximado de lectura : 29 mins

¿Sabían Iván Velásquez y la CICIG de lo que provocarían sus acciones en la ciudadanía guatemalteca? No. ¿Tenían idea de lo que querían generar en el sistema político? Sí. Aquí una reconstrucción de cómo y por qué la Comisión ha dado los golpes que ha dado.

Iván Velásquez le reavivó la esperanza a Diana. “La esperanza siempre la he tenido, aunque a veces flaquea”, dice Diana Cameros, psicóloga, feminista y activista social de mediana edad, que ha dedicado la mitad de su vida a luchar por cambiar la realidad de Guatemala desde diferentes trincheras. “Las cosas que ha hecho la CICIG, dirigidas por Iván Velásquez, me han renovado esa esperanza, y han hecho que despierte en miles de guatemaltecos”, reflexiona. “Ahora no nos sentimos solos”, agrega después de un prolongado silencio. “Iván y la CICIG nos han revivido la esperanza”, añade.

Desde el pasado 25 de abril, Diana no ha dejado de participar en una sola de las manifestaciones  que han concentrado sábado tras sábado en la Plaza de la Constitución a miles de guatemaltecos. “Nunca he perdido la esperanza de que podamos cambiar este país. Siempre he creído que hay algo que hacer, y todo esto que ha provocado la CICIG ha generado condiciones para avanzar en pequeños cambios”, explica, con énfasis en la palabra “esperanza”.

La mayoría de veces en representación propia, pero también como delegada de “Mujeres y feministas”, la organización en la que milita o de los colectivos de discusión política en los que participa, Diana se ha convertido en una de las más asiduas asistentes a las reuniones que se realizan en la “Casa Roja”, un punto en el centro histórico de la capital en el que convergen los representantes de diversos colectivos sociales desde el 16 de abril en que estalló la crisis. “Los grupos que llegan a la ‘Casa Roja’ son diversos, y cada cual con diferentes intereses, pero todos con un mismo objetivo: articular acciones para hacer frente a esta crisis, apoyar a la CICIG y hacer propuestas para reformar el Estado”.

Abrir las cloacas, la estrategia de Iván

El primero dato que Iván Velásquez escribió en su libreta al llegar a Guatemala como nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en septiembre de 2013, fue una fecha: 3 de septiembre de 2015. Sabía que ese día vencía el mandato de la Comisión, y que el Gobierno quería deshacerse de su incómoda presencia lo antes posible. Los primeros meses los ocupó en reestructurar su equipo, incorporar profesionales de su confianza —varios compatriotas suyos—, evaluar el trabajo de sus antecesores, establecer relaciones, alianzas y comunicación con los diferentes sectores del país, y sobre todo, intentar comprender Guatemala.

Adaptarse al país le costó casi nada.

Pronto se dio cuenta de que Guatemala y Colombia tienen más similitudes de las que creía: ambos países han enfrentado guerras internas, narcotráfico, crimen organizado, altos índices de violencia. Ambos Estados habían sido cooptados por poderosas mafias que utilizaban sus instituciones para beneficiar sus intereses criminales y generar impunidad.

Para los primeros días de 2014, Velásquez y su equipo habían definido ya las líneas de investigación criminal que orientarían su estrategia: se enfocarían en combatir la corrupción de manera sistémica en las principales estructuras del Estado. Destapar las cloacas.

“Vimos la importancia de adelantar investigaciones en algunas entidades que tenían que ver con sectores del Estado, un ejercicio que permitiría establecer cómo estaba el tema de corrupción en el país”, explica el Comisionado.

Retomó algunos casos cuyas investigaciones fueron iniciadas durante el mandato de su antecesor, Francisco Dall’Anese, como el de “La Línea”, que en un principio se denominó “Furgones II”, y que surgió de uno anterior conocido como “Furgones 1”, y a partir de denuncias, informaciones sueltas, sospechas fundamentadas, evidencias concretas, fue armando nuevos casos. El primero y más importante de los criterios que Velásquez ha utilizado para investigar cada caso, dice, es el mandato mismo de la CICIG: “Estructuras criminales que afecten derechos ciudadanos, que por capacidad propio o con relación con agentes del Estado propician impunidad”.

Otro criterio es “la capacidad política” que tengan las estructuras criminales para interferir en el sistema de justicia. “No es desconocida la pretensión de injerencia que sectores ajenos a la justicia pretenden tener en el Ministerio Público y del Organismo Judicial”, señala Velásquez.

Las primeras señas de por dónde irían los tiros se conocieron antes de que concluyera 2014. El 6 de septiembre presentó el primer gran caso de corrupción que implicaba altos funcionarios del Gobierno de Pérez Molina: el Caso Lima, la estructura criminal dirigida por el reo Byron Lima que controlaba las cárceles de Guatemala. El segundo caso llegó dos meses después, el 20 de noviembre, con la captura de Haroldo Mendoza, miembros de la familia Mendoza, una supuesta estructura criminal que opera en el norte del país, “un poder paralelo al Estado”, según Velásquez, implicado en decenas de delitos y vinculado a políticos y funcionarios del Estado. 

Velásquez explica su estrategia: “Se tenía previsto que a partir del caso Lima (en septiembre de 2014) se haría una presentación intermitente de casos, porque debíamos concluir la tarea investigativa hacia finales de junio, de manera que agosto era el mes en que íbamos a hacer el inventario de todo lo que debía ser trasladado al Ministerio Público, y empezar el proceso de liquidación. Eso era lo único que se había previsto”.

Dicho en otras palabras: antes de concluir su mandato, la CICIG presentaría la mayor cantidad de casos posibles —en los que evidenciaba la participación de funcionarios del Estado en las estructuras criminales— y dejaría los casos en manos del Ministerio Público; una enorme brasa ardiente.

Pero entre septiembre y abril los dados de la política estadounidense jugaron a favor de la CICIG.

De la sugerencia al Gobierno de Guatemala de que ampliara el mandato de la comisión por dos años más, Estados Unidos pasó a exigir, a condicionar. Montó una ofensiva diplomática que incluyó una visita del vicepresidente Joe Biden. Renovar el mandato de la Comisión se convirtió en un objetivo de la Casa Blanca. Las voces de los países de la Unión Europea se unieron al coro, aunque más mesuradas, y diversas organizaciones sociales y académicas del país hicieron lo propio.

Sin embargo, Pérez Molina no estaba dispuesto a ceder. “Había temor de que si se ampliaba el mandato podían empezar a hacer investigaciones que implicarán a gente del Gobierno”, reconoce una fuente oficial. El mandatario y lo que entones era su principal círculo de influencia —en el que participaban la vicepresidenta Roxana Baldetti y el ministro de Gobernación, Mauricio López—, había decidido en diciembre de 2014 rechazar las presiones y dejar que  la CICIG agonizara hasta septiembre de 2015.

Voces de adentro de la CICIG aseguran que cuando el 16 de abril se presentó el caso “La Línea” la estructura criminal que operaba en las aduanas del país, existía el objetivo político de obligar al Gobierno a aceptar la ampliación del mandato de la Comisión. “Fue un golpe maestro, dado en el momento justo. Se sabía que una semana después el Presidente anunciaría su decisión definitiva de no ampliar el mandato”, asegura una fuente de la Comisión.

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Velásquez lo niega: “No tenemos tiempos políticos, sólo tiempos jurídicos”, dice. El caso de la “La Línea” se dio a conocer cuando estuvo listo, sin ningún objetivo político, asegura y agrega: “No había elementos para pensar que se desencadenaría algo de la magnitud de lo que se desencadenó después del 16 de abril”.

En el Ejecutivo prevalece en cambio la idea de que la CICIG responde a los intereses de Estados Unidos y los consejeros del Presidente subrayan que los tiempos de la Comisión “se corresponden” con las acciones de la embajada estadounidense. Sin embargo, les cuesta explicar por qué Estados Unidos ha mantenido el apoyo al gobierno de Pérez Molina a pesar del descontento social que exige su renuncia.

Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y una de las principales promotoras de la creación de la CICIG, descarta, de tajo, objetivos o tiempos políticos por parte de la CICIG. “Todo lo actuado está en lo eminentemente judicial”, asegura. “La CICIG tenía un mapa de ruta, en el que habían programado que si no les renovaban el mandato, todos los casos que tenían en investigación tenían que presentarse antes de agosto”, y así ocurrió.

Sin embargo, ese día, ese 16 de abril de 2015, inició la debacle del gobierno de Pérez Molina. Dos semanas después, el 23 de abril, Pérez Molina aceptaba ampliar el mandato de la CICIG, y dentro del Gobierno empezaron a gestarse los movimientos para que las investigaciones de la Comisión no llegaran hasta el gobernante. Más de tres meses después, las voces de Diana Cameros y miles de personas más, siguen sonando en la plaza.

Desnudar al Estado, reformar el Estado

El proceso de cooptación del Estado guatemalteco “se ha venido extendiendo en lo regional” durante las últimas décadas, dice Iván Velásquez. “La gran posibilidad de impedir que ese proceso sea más profundo —sostiene— se puede lograr si se actúa desde ya en la represión de las estructuras criminales que  pretenden apoderarse del Estado”. Pero, advierte, la CICIG no podrá hacer todo el trabajo. “La Comisión no tiene capacidad para eso. Dada su limitación, no puede asumir todas las investigaciones que se quisiera”, por eso es que selecciona con detenimiento cada uno de los asuntos en los que decide intervenir. “Por eso hemos insistido en ampliar las capacidades del Ministerio Público”, porque es mucho más grande y porque es a quien le corresponde cumplir con esa tarea.

Lo que la CICIG pretende con la investigación de los casos que se han denunciado, es “desnudar” el estado de cooptación de las estructuras criminales dentro de las instituciones públicas. Con esa lógica lo explican fuentes de la Comisión: “habría que ir de Ministerio en Ministerio, de Municipalidad en Municipalidad, de dependencia en dependencia, porque todo el Estado está corrompido. Y eso es imposible”.

De ahí que hayan optado por un “abordamiento sistémico selectivo y aleatorio”. El objetivo es evidenciar la intromisión de las mafias en todas las esferas del Estado: el sistema político, las instituciones públicas, el Congreso y los partidos; el sistema judicial, los jueces y abogados; los poderes locales, los alcaldes, los diputados; las estructuras criminales externas que influyen en el Estado. “El planteamiento de la Comisión estaba dirigido a evidenciar la forma en que las estructuras criminales han cooptado el Estado; las relaciones entre las estructuras externas con las estructuras internas”, dicen en la Comisión.

Contrario a lo que en su momento hizo el español Carlos Castresana, el primer comisionado de la CICIG, que optó por investigar casos emblemáticos pero aislados, sin que éstos dañaran más de lo mínimo a las mafias y los poderes fácticos que las dirigen.

Lo que sigue al trabajo de la CICIG, le corresponde al Gobierno, pero las autoridades actuales no han querido o no han podido hacerlo. Según los investigadores de la Comisión, el Sistema Penitenciario sigue siendo controlado por la estructura criminal de Byron Lima; la familia Mendoza sigue imperando en Izabal y Petén; el contrabando y la defraudación apenas si se detuvieron por unos días en las aduanas del país; los partidos políticos siguen recibiendo recursos sospechosos para financiar sus campañas electorales. “La responsabilidad de que esos espacios —abiertos y limpiados por la CICIG y el Ministerio Público— no se vuelvan a llenar por otras estructuras o que la propia estructura que ha sido desarticulada se recomponga o vuelva a asumir el control, le corresponde exclusivamente al Ejecutivo”, señala Velásquez.

El exvicepresidente Eduardo Stein (2004-2008), quien en 2007, en representación del Estado, suscribió con las Naciones Unidas el acuerdo de creación de la CICIG, está “absolutamente seguro” de que “sin el esfuerzo investigativo y criminal de la Comisión, no hubiera sido posible llegar a donde se ha llegado”. La mayoría de los casos que la CICIG ha sacado a luz “eran temas que todos sabíamos que ocurrían”, pero “nunca se habían construido casos profesionalmente competentes que pudieran contar con el espacio de apoyo ciudadano con el que se ha contado ahora”, señala.

Diana está convencida que lo ocurrido en Guatemala hubiera sido imposible sin el protagonismo de la CICIG y el liderazgo de Velásquez. “En nuestro sistema de justicia no hay condiciones para investigar, encarcelar procesar a esas estructuras. Pero la CICIG sí puede, tiene capacidades y voluntad de enfrentar a los grandes poderes del país, a los criminales que han secuestrado al Estado para enriquecerse”.

Lo que nunca nadie previó

En los tableros en que se diseñan las estrategias políticas —ni en el de la CICIG ni en el del Gobierno ni en el de la embajada de los Estados Unidos ni en el de nadie— se previó nunca el surgimiento de un movimiento social espontáneo, fuerte, crítico y decidido, que cambiaría por completo el panorama político de Guatemala, y que obligaría a los principales actores a modificar sus planes, métodos y escenarios. “No habíamos previsto ninguna reacción de ese tipo frente a las investigaciones”, asegura Iván Velásquez. Pero ya que se dio, dice, “hay que profundizarlo; hay que aprovechar la reacción ciudadana en contra de la corrupción”, para exigir los cambios que Guatemala necesita, y que según sus prioridades, empiezan con las reformas al sistema político y al sistema de justicia, y se complementan con el establecimiento de una cultura de legalidad, institucional y ciudadana. “El 16 de abril es un parteaguas para Guatemala, entendido en el sentido de que generó un movimiento social de repudio a la corrupción y que ha sido fundamental para seguir adelantando la tarea de investigación”, señala.

Para pasar del hartazgo y de la rabia que las develaciones de la CICIG han provocado en las clases medias y altas de las zonas urbanas —mayoría en este movimiento social—, Velásquez está convencido de que se necesitan acciones concretas, procesos de mediano y largo plazo que impliquen la participación de la sociedad. “Mientras no exista un compromiso de la dirección del Estado, en cada uno de sus poderes, en sus instituciones, es imposible acabar con la corrupción. Y lo mismo desde la sociedad: si no existe una conciencia ciudadana contra la corrupción, que obligue a a establecer reales controles frente a la corrupción, tampoco será factible hacer transformaciones”.

Helen Mack dice la CICIG “hace lo que le corresponde hacer, según su mandato”, que es colaborar con el Ministerio Público en combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se incrustaron en el Estado, “que cooptaron el Estado”, subraya, para generar impunidad, para poder delinquir sin temor a que la justicia los alcance.

Voces desde adentro del Gobierno también reconocen que la masiva reacción de rechazo de la población a los casos de corrupción descubiertos por la CICIG y el Ministerio Público, les tomó por sorpresa, como por sorpresa les tomó también que “Velásquez se atreviera a tanto”. Una fuente cercana al presidente Pérez Molina, asegura que aunque “sabíamos que algo haría (la CICIG) para presionar para que se prolongara su mandato”, pero creyeron que las acciones no pasarían del ámbito político y diplomático.

Ni el olfato del mandatario, afinado durante sus años como oficial de Inteligencia Militar, ni los aparatos de inteligencia del Ejército, Gobernación o la misma Presidencia, fueron capaces de adivinar los golpes que Velásquez y su equipo planeaban desde hacía más de un año. “No sólo sorprendió que los casos alcanzaran hasta el más alto nivel el Gobierno, sino que su impacto  fuera tan alto a nivel político por la salida de tanta gente a las calles”, explica la fuente,  una de las pocas personas que aún permanecen en los círculos de influencia del mandatario.

Adrián Zapata, hombre surgido en las izquierdas, y mano derecha de Pérez Molina en el Gabinete de Desarrollo Rural, y recién nombrado delegado oficial ante la Alianza para la Prosperidad, el proyecto por medio del cual Estados Unidos asegura busca dar apoyo al Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), una de las cinco prioridades de la política exterior de Washington, reconoce que “la CICIG ha logrado lo que no se había visto antes: movilizaciones impensables”, que han permitido la “expresión social” en contra del sistema. Según Zapata, “se alinearon los astros” en beneficio de los intereses de Estados Unidos, que “ha encontrado funcional a la CICIG” para sus objetivos geopolíticos, así como al “movimiento de los indignados que hartos de los fallos del sistema” salieron a las calles a “de manera legítima” en contra de la corrupción y la impunidad. El funcionario reconoce la espontaneidad del movimiento social, pero lo califica de “débil, amorfo y sin liderazgo”, y pronostica que se diluirá “si no se logran reformas importantes” en el sistema político.

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Estados Unidos, país que según Zapata “ha sido el factor determinante” de lo  ocurrido a partir del 16 de abril, tampoco había previsto la indignación ciudadana. Fuentes diplomáticas, desde Washington y desde la Unión Europea, aseguran que “no se contaba con esa variable”, pero aceptan que las circunstancias “han sido positivas” y que “se beneficiarán las expresiones ciudadanas”, para lo que otra fuente del Ejecutivo denomina “limpiar el Estado” de corrupción, mafias y poderes facticos “no controlados” en beneficio de los intereses de seguridad nacional de la Casa Blanca. Plaza Pública buscó la versión del embajador estadounidense, Todd Robinson, pero no recibió respuesta a sus solicitudes de entrevista. En una declaración divulgada el pasado 1 de agosto por la oficina de prensa de la embajada, Robinson fue contundente: “Estamos en un momento único. La sociedad guatemalteca ha marchado al Parque Central con un mensaje único en contra de la corrupción y pidiendo más transparencia en el Gobierno. Como he dicho antes, sería un error de la clase política no escuchar este clamor. Estamos escuchando a estas personas que quieren cambio y si podemos ayudar de cualquier manera, vamos a hacerlo”.

Diana se siente satisfecha de que “tantos miles” de personas hayan coincidido con ella, y que “hayan dejado la cómoda posición de observadores” para salir a las calles “de manera espontánea, pacífica y honesta”, a “decir basta ya”, a pedir la renuncia de los políticos corruptos, pero sobre todo “a  exigir reformas profundas al sistema”. “Estoy contenta por lo que están haciendo la CICIG y Velásquez, porque nos muestra que sí es posible hacer las cosas de forma profesional”, sonríe. Sin embargo, frunce el ceño, aunque reconoce que en esta  coyuntura “los intereses de Estados Unidos coinciden con los de nuestra sociedad”, no cree en las desinteresadas acciones del Tío Sam. “A Estados Unidos le interesa limpiar la corrupción dentro del Estado, tener un Gobierno transparente que tenga legitimidad social, al que le puedan confiar sus intereses en el Triángulo Norte”, reflexiona. Pero lo hace según le convenga a la Casa Blanca, no a los guatemaltecos, agrega. “Si no, hubieran apoyado la renuncia de Pérez Molina, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y al sistema de Justicia, la prórroga de las elecciones para que no volvamos a caer en lo mismo con los mismos”.

La efervescencia de la coyuntura electoral ha dado relevancia a las reformas al sistema político. Sin embargo, todos los entrevistados coinciden en que igual o más importantes son las reformas al sistema de justicia, porque es éste el garante de que lo logrado por la CICIG y la Fiscalía, no se desvanezca con el tiempo. “Lo urgente es el fortalecimiento absoluto del sistema de justicia; repensar el sistema de justicia en su conjunto”, dice Velásquez. “Ese fortalecimiento implica que haya una reforma constitucional”, agrega, para modificar la Carrera Judicial, los mecanismos de selección e integración de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. “Garantizar independencia y probidad”.

Helen Mack cree que las condiciones “están dadas” para transitar hacia “una refundación del Estado”, pero admite que “es un proceso que no se puede dar de la noche a la mañana”, que se debe empezar “por reformas paulatinas” con “acompañamiento de entes independientes”. Lo primero que sugiere es que la CICIG y el Ministerio Público profundicen sus investigaciones en las estructuras criminales que operan en el sistema judicial: “Tienen que ir a las altas esferas. Si hay funcionarios del Organismo Judicial implicados en estructuras criminales, deben ser investigados”.

Y Stein agrega: “No podemos ahora garantizar que la extraordinaria labor conjunta entre el Ministerio Público y la CICIG, vaya a pervivir si no cuenta con una Corte Suprema de Justicia que esté a la altura de sus responsabilidades históricas”. Para que eso ocurra, agrega, “el sistema de tribunales debe experimentar una transformación interna para bien, que vaya desinquistándose de todos los mecanismos que se han usado para retorcer su desempeño”.

Ni Iván es Superman ni la CICIG infalible

La historiadora y activista social Quimi de León aplaude el trabajo realizado por la CICIG y reconoce el protagonismo de Iván Velásquez, pero le preocupa que la imagen del Comisionado sea “endiosada” en algunos círculos sociales. “El hecho de sobredimensionar el papel de Iván Velásquez me parece que exacerba esta lógica conservadora de necesitar un Mesías o salvador del mundo y pensarnos fuera de la responsabilidad de cambiar la historia”. Hacer campañas en favor de la Comisión y del Comisionado, agrega, es importante, “pero reducir a eso en lugar de seguir exigiendo la renuncia del Presidente o justicia, nos coloca en un escenario de fragilidad que no nos beneficia”.

Diana Cameros lo tiene igual de claro: “Ni Iván ni la CICIG son infalibles ni súper poderosos. Hay cosas que no podrán hacer, casos que no podrán armar, pruebas que no lograrán obtener”, señala. Cada día llegan a las oficinas de la Comisión decenas de solicitudes de investigaciones que van desde casos de violencia familiar, abuso de autoridad por parte de maestros en colegios privados, hasta supuestos cobros ilegales en servicios bancarios.

La magnificación de la imagen de Iván Velásquez, explica Stein, “es algo más que natural”. Cuando en una sociedad sin líderes surge una figura como Iván Velásquez, “se enciende la imaginación de la gente”. Y eso no es bueno ni malo. Lo importante, agrega, es no perder el norte de lo que representa un apoyo internacional temporal, que busca fortalecer nuestras instituciones. “Algunas gentes habrán soñado despiertas con que la CICIG y don Iván Velásquez se queden para siempre, porque el contraste es muy grande con la porquería cotidiana que hemos visto durante tanto tiempo”.

Los entrevistados califican con diferentes términos lo ocurrido en Guatemala el 16 de abril: “quiebre”, “parteaguas”, “rompimiento”, “reacomodo”. Pero coinciden es que ese día inició en Guatemala “algo nuevo”.

Respecto al futuro, todos son optimista, excepto Adrián Zapata: El funcionario opina que las reformas que se puedan lograr serán de “maquillaje” porque solo beneficiarán a las clases medias urbanas. “El movimiento social no ha aprovechado la crisis para vincular los intereses de los excluidos porque no les interesa cambiar la realidad de los excluidos rurales”.

Helen Mack y Eduardo Stein creen que las reformas iniciadas son “irreversibles”, que la sociedad ha perdido el miedo y que vigilará y fiscalizará con mayor interés las acciones del nuevo Gobierno que asumirá en enero del próximo año.

Diana mantiene la esperanza de que “el partido que gane las elecciones tiene que hacer los cambios”, y que el movimiento social pueda madurar para “articular las demandas de las clases medias urbanas con las demandas de las grandes mayorías”.

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