Con su actividad, se alimentan de los recursos que provienen del erario, lo afectan, lo marchitan pero no lo matan porque si no, se quedan sin su garantía de vida. El espectro de tales bichos es variopinto pero no muy extenso. Algunos expertos en materia de administración de fondos públicos, exfuncionarios o analistas en el tema, insisten en que el negocio se lo han repartido y tienen control total de su “mercado cautivo”.
Se manejan al dedillo la ley de Compras y Contrataciones, para lo cual cuentan con bufetes de abogados, inyectados con pedigrí, para identificar los mecanismos de participación. Y, como dice el dicho, según sea el sapo así será la pedrada. De manera que, en procesos de compra o adquisición que llegan a un rango que permite compras sin licitación o procesos engorrosos, participa una gama de empresas que logra reunir los requisitos para este rango. En este espacio cuentan con la complicidad de las instancias de Estado que reparten las compras en montos menores que se quedan en el nivel permitido.
En los procesos mayores, con compras que superan los 90 mil quetzales y en distintos rangos, hay otro grupo de empresas que están debidamente registradas, tienen las canchas administrativas necesarias y surten según la demanda planteada. A mayor monto de gasto, menor es el número de entidades concursantes y generalmente adjudicadas, debido a las acciones que impone el proceso de licitación.
Lo curioso es que, hasta hoy día, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria ni ninguna agencia de investigación pública, le ha seguido la pista a la plata que pagamos por servicios o proveeduría al Estado. Si se tomaran el tiempo, verían cómo los mismos proveedores aparecen en casi la totalidad de entidades públicas, ofertando y abasteciendo según el rango en que se inscriben. Verían también cómo, en un trabajo de verdaderas hormigas, siguiendo hasta el final cada camino trazado, llegarían, oh sorpresa, a la conclusión de que en realidad el pastel del pisto público se lo reparten unos cuantos que entregan productos desde el rango más alto hasta el más bajo y que han armado una intrincada red de proveeduría.
No son miles de parásitos. Son pocos, muy pocos, que mutan o se disfrazan para engañar y asegurarse de succionar, cual expertos chupasangre, hasta el último centavo disponible.
Para muestra un botón. La nota publicada el jueves 23 en Prensa Libre, sobre la adjudicación, por enésima vez, de la compra de varios lotes de medicamentos (1, 2 y 3) a dos empresas. Tanto J. I. Cohen S. A. como la Agencia Farmacéutica Internacional S. A. (AGEFINSA), obtuvieron el negocio y serán, nuevamente, proveedores de tres de los varios lotes de medicamentos que requiere el sistema de salud. La primera de dichas empresas ha captado desde 2008, un total de dos mil 914 adjudicaciones por un monto superior a los 650 millones de quetzales en compra directa y 62.3 millones sin compra directa. Curiosamente, los hoy también accionistas de J. I. Cohen, los hermanos Alejos, han estado vinculados al poder central directamente en el anterior gobierno y con derecho de picaporte en el actual.
De manera que, usan corbata, camisas enyuquilladas, casimires de alta calidad, zapatos que brillan como el oro, se hacen la manicura, ya también se tiñen el cabello, las cejas y se afeitan el bigote, hablan con buenas maneras pero, en definitiva, son lo que son: parásitos y chupasangre.
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