En teoría, es válido destinar fondos públicos para cubrir los costos adicionales de las medidas sanitarias en el transporte público y así mitigar la expansión de la pandemia del covid-19. Los subsidios a la demanda, como el del programa Bono Familia, han demostrado ganancias en términos de eficiencia y efectividad. Incluso, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha recomendado su extensión a 2021 en una versión ampliada y mejorada como una forma de reactivar la economía, pero protegiendo a las personas.
Sin embargo, la realidad puede distar mucho de la teoría: la posibilidad de que el gobierno de Giammattei destine recursos del programa Bono Familia a financiar el incremento al costo del transporte público ha causado escándalo, aunque no en rechazo al concepto, sino porque se beneficiaría a algunas de las entidades más corruptas de Guatemala. La alarma fue causada por las declaraciones del ministro de Finanzas Públicas, quien indicó que los recursos programados para el tercer y último pago de Bono Familia podrían redirigirse luego de que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) amenazó con incrementar el pasaje de Q1 a Q10 en caso de que el Gobierno no se doblegue a sus exigencias de incrementar el subsidio actual.
El ministro de Finanzas explicó que es una idea en estudio y aclaró que consideran que sean los usuarios quienes reciban directamente el subsidio, y no la AEAU. Aunque ese esquema evitaría el riesgo añejo de que la AEAU malverse los fondos, no solventa el hecho de que esa entidad sería la gran beneficiaria. En caso de que este asunto siga considerándose con seriedad, son imperativas medidas previas como una rigurosa revisión técnica del incremento al pasaje con que amenaza la AEAU, ya que es razonable dudar cómo se calculó. Además, el incremento no estaría siendo aplicado solo por la AEAU, sino por todas las empresas y cooperativas de transporte público, urbano y extraurbano. Sin un estudio técnico, el peligro de despilfarro es muy alto.
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Pero la desconfianza y la alarma no son solamente por estos aspectos técnicos muy importantes, sino también porque la AEAU carece de solvencia moral para salir públicamente con amenazas. Creada en 1964, quizá el punto más bajo de la larga historia de la AEAU sea el caso Transurbano, solo uno de los escándalos de corrupción de esta entidad, principalmente cuando fue dirigida por Luis Alfonso Gómez González, que hoy enfrenta persecución penal en varios procesos judiciales en su contra, incluyendo el financiamiento electoral ilícito de la campaña de Manuel Baldizón y vínculos con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien hoy se perfila como el gran articulador de las mafias y de la corrupción, como el mercader consumado de la impunidad en Guatemala.
Los costos adicionales que están generando las medidas sanitarias en el transporte público son una realidad y deben atenderse evaluando técnicamente opciones financieras. Lo que el ministro de Finanzas Públicas debe hacer es rechazar las amenazas de la corrupta AEAU y extremar sus precauciones analizando minuciosamente la legalidad de sus decisiones en este asunto tan delicado. El expresidente Álvaro Colom y 12 exintegrantes de su gabinete de gobierno pueden dar fe, ya que están ligados a proceso penal precisamente por haber tomado una decisión equivocada: autorizar el traslado de fondos a la AEAU en el marco del proyecto Transurbano.
El antecedente del caso Transurbano es una advertencia explícita y muy clara para el gobierno de Giammattei: ¡cuidado con la AEAU! Nada justifica destinar fondos del programa Bono Familia para beneficiar a esta entidad corrupta y mafiosa.
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