No es mi intención abordar los hallazgos en detalle, más bien quiero centrarme en el esfuerzo público-académico para la producción de estadísticas que ahora son oficiales para el país. El proceso es pionero en América Latina tanto en lo concerniente a las estadísticas mismas como al arreglo bajo las cuales fueron producidas.
Hace ya nueve años, el IARNA desplegó esfuerzos para conceptualizar, diseñar y poner en marcha el proceso de generación de las cuentas ambientales y económicas. El respaldo financiero, central en un proceso de esta naturaleza y envergadura, fue proveído principalmente, por la Embajada de los Países Bajos durante el periodo 2006-2013. La Universidad Rafael Landivar y los socios gubernamentales aportaron importantes recursos de contrapartida.
El diseño del proceso, en lo concerniente a la estructura institucional de soporte, incluyó de manera prioritaria, el establecimiento de acuerdos formales de trabajo entre la Universidad Rafael Landivar y el Banco de Guatemala, responsable del Sistema de Cuentas Nacionales; el Instituto Nacional de Estadística, responsable del Sistema Estadístico Nacional; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, responsable de la planificación nacional y la programación presupuestaria y; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, máxima autoridad pública en materia ambiental. Los acuerdos bilaterales y la consecuente interacción entre las entidades participantes generó una dinámica dentro la cual cada entidad asumió su rol correspondiente. A la Universidad, a través del IARNA, le correspondió conducir el proceso tanto desde la dimensión académica, como desde el punto de vista gerencial.
Con el propósito preestablecido de concretar la institucionalización del proceso SCAE de Guatemala, este grupo de entidades participó activamente en la identificación de necesidades de readecuación de las estructuras institucionales públicas y de sus instrumentos de política para albergar orgánicamente el tratamiento de las relaciones economía-ambiente. El fortalecimiento de las capacidades humanas para atender, tanto las necesidades técnico-científicas como gerenciales, dentro de la institucionalidad pública, se constituyó en una línea permanente de trabajo. Finalmente, se fomentaron estructuras y procesos para incidir en el ciclo de política pública económico-ambiental a fin de fortalecerlo a partir de los hallazgos de las Cuentas Verdes.
Como suelen ser los Proyectos, acotados por plazos, alcances y recursos, éstos siempre ofrecen la posibilidad de ayudar a fortalecer capacidades públicas. Y esta posibilidad, unida a la tradición landivariana de servicio público, fue disciplinadamente gestionada y los resultados están a la vista. Para la Universidad, a través del IARNA, es especialmente gratificante dar testimonio de este proceso de institucionalización bajo el liderazgo del INE, el BANGUAT y SEGEPLAN. La Universidad seguirá apoyando el fortalecimiento continuo de este proceso y de otros que contribuyan a forjar mejores relaciones entre la economía y el ambiente y especialmente aquéllos que conduzcan al desarrollo incluyente y sostenido.
El compendio entregado analiza una década de relaciones Economía-Ambiente (2001-2010). Permite explorar esas relaciones al vincularse directamente con el Sistema de Cuentas Nacionales –el conocido SCN que produce el BANGUAT. Analiza tales relaciones, haciendo énfasis en los actores, sectores, algunos de ellos geográficamente bien localizados, la intensidad y la eficiencia en el uso de bienes naturales, el esfuerzo público desplegado para la protección ambiental y por supuesto los ritmos de agotamiento, degradación y contaminación de los componentes ambientales, entre otros aspectos.
No se puede dejar de mencionar que los hallazgos que provee el compendio exigen nuevos puntos de vista para las relaciones entre la economía y el ambiente. Estas relaciones suelen tornarse polémicas porque usualmente optamos por uno u otro ámbito. Pero está claro que en la medida que no procuremos un balance entre éstos, seguramente nos veremos atrapados en un círculo vicioso de deterioro ambiental más profundo y de mayor vulnerabilidad de país en todo el sentido de la expresión. El espacio, los materiales y la energía son proveídos por el ambiente natural pero utilizamos sus componentes como si no los fuéramos a necesitar más.
En la línea de armonizar esas relaciones, el SCAE aporta suficientes elementos para fortalecer el ciclo de políticas públicas. Y es quizá en este aspecto donde puede valorarse mejor este proceso. Ahí está la evidencia y las bases pero necesitamos actuar sistemáticamente durante los siguientes ocho años. De esa manera veremos resultados contundentes, quizá en unos 12 años. Todos podemos visualizar diferentes escenarios para el futuro, pero estoy seguro que prácticamente ninguno de ellos será viable si no se le otorga un lugar central a la estabilidad del ambiente natural.
Intentemos imaginar el país con sus lagos más contaminados o sus bosques nubosos o sus manglares más destruidos y sus cerros y montañas más erosionados. ¿Qué le vamos a ofrecer al turista o bien a los niños de este país? Tratemos de imaginar el país con una profundización de sus esquemas productivos extractivos, con una población creciente y consecuentemente con demandas crecientes, con incrementales amenazas derivadas del cambio y la variabilidad del clima. Seguramente se exacerbarán los conflictos sociales. No se trata de una exageración, de hecho ya está ocurriendo. Pero tratemos de imaginar escenarios más severos de degradación y contaminación. Verán que dejaría de ser la tierra de arboles donde difícilmente podrá tener lugar una economía robusta, sostenible e inclusiva.
De eso trata este proceso académico felizmente institucionalizado en las esferas públicas.
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