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Cuatro razones para querer o no a Portillo

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Cuatro razones para querer o no a Portillo

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Lo escuchamos en la calle, en la camioneta, en la fila del supermercado: “Alfonso Portillo fue el mejor Presidente que ha tenido Guatemala en las últimas tres décadas”. Hay afirmaciones tajantes: “Había mejores salarios”, “más trabajo”, “menos inseguridad” y “optó por ayudar a los pobres, al tiempo que tomó medidas económicas y rompió con los monopolios existentes en beneficio de que no se encareciera la canasta básica”… ¿Realmente todo eso es cierto?

Redes-lateral

El expresidente Alfonso Portillo regresó a Guatemala el 25 de febrero pasado, enaltecido por encuestas que reflejan el poder de su imagen. La última encuesta de ContraPoder-Canal Antigua, por ejemplo, define que su apoyo político a determinado candidato presidencial  impulsaría a éste en un 51% en la intención de voto; o que seis de cada 10 personas votaría por él si se presenta como candidato a diputado . La vox populi revive algunos “hechos puntuales” de por qué, a pesar de su récord, sigue siendo considerado por muchos como el mejor Presidente que ha tenido Guatemala desde 1986. Aquí revisamos algunos de ellos.

“Él aumentó el salario de los guatemaltecos”

Sí, el expresidente Alfonso Portillo aumentó el salario mínimo en Guatemala. El último incremento, el más importante de todos, lo aprobó a finales de diciembre de 2003, cuando ya iba de salida de la Casa Presidencial. En éste, subió en un 21.33%  el salario agrícola, que llegó a Q1,427.30 mensuales, y en un 16.31% el no agrícola, a Q1,459.94.

Pero la acentuada percepción del aumento se puede deber a dos hechos más. El primero, la aplicación del bono incentivo de Q250.00 desde agosto de 2001, producto de la gestión en el Congreso del entonces oficial Frente Republicano Guatemalteco (FRG), presidido por Efraín Ríos Montt. El segundo, que los precios de la canasta básica alimentaria se mantuvieron estables. Aunque un salario mínimo no alcazaba para satisfacer todas las necesidades de la canasta básica vital, la realidad es que había más dinero en mano.

Pero, para los críticos de Portillo aumentar el salario sin tener el visto bueno de la empresa privada redundó en un aumento del desempleo. Y las estadísticas refuerzan estos señalamientos. Según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI), realizada en 2004, el 75.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Guatemala trabajaba informalmente. Pero también es cierto que, a pesar de  que los salarios mínimos fueron congelados en 2005, el empleo no creció. Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aumentaron en 13,464 plazas mientras la PEA creció en 191,144 personas.

En diciembre de 2003, a días de dejar la silla presidencial, Portillo hizo su propio balance de lo positivo que dejaba a Guatemala. Al cierre de su período, los aumentos que hizo el entonces Presidente significaban haber casi duplicado el salario no agrícola y que el salario agrícola alcanzara un 116.45% de aumento con respecto a los que había dejado su predecesor, Álvaro Arzú.

Lo que Portillo no dijo entonces fue que se había reducido el empleo formal de la agricultura en 38,620 puestos de trabajo, según las estadísticas del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), pasando de 184,292 en 1999, a 145,672 cotizantes en 2003. Un año después, el 89.8% de la PEA rural laboraba en la informalidad, un 28.6% más que la PEA urbana (61.2%). ¿Falló en su intención de beneficiar al sector campesino?

“El presidente Portillo trabajó por los más pobres”

Cuatro de los cinco pilares en los que descansaban los planes del gobierno portillista tenían que ver con la reducción de la pobreza. Pero fue hasta noviembre de 2001, 22 meses después de  tomar posesión, cuando Portillo aprobó la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). (Estrategia de reducción de la pobreza.pdf). Su objetivo principal era impulsar un crecimiento de la economía no menor al 4% anual, aumentando la recaudación tributaria, a la vez que se bajaba el gasto público y se reorientaban recursos al gasto social. Este se focalizaría en los sectores sociales más empobrecidos con programas de seguridad alimentaria, descentralización de los servicios públicos de salud y mayor acceso a la educación. Además, se incluía proyectos de infraestructura: introducción de agua potable, mejoramiento de caminos y electrificación rural.

Los recursos financieros para la estrategia provendrían de una reforma fiscal, la reasignaciones presupuestarias y del uso eficiente de los impuestos. Asimismo, planeaba aumentar la inversión nacional y atraer inversión extranjera. Y esto fue insuficiente.

El pacto fiscal subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en dos puntos y permitió un marginal aumento al Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que no fue popular entre la población en general. Y además, suspendió algunas exenciones, incrementó en un punto porcentual los impuestos a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (lEMA) y un timbre de hasta Q1 por litro a las bebidas gaseosas y alcohólicas, así como a los paquetes de 20 cigarrillos. Desde el CACIF, a Portillo se le tachó de hacer “terrorismo fiscal”.

Sin embargo, mientras la recaudación tributaria aumentaba, el crecimiento en el gasto social era mínimo. Por ejemplo, el gasto público en educación per cápita aumentó apenas seis dólares de 1999 a 2003, pasando de US$38 a US$44. El gasto público en este rubro era equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto, el menor de toda la región centroamericana y el último lugar entre 16 países evaluados en los Indicadores de Desarrollo Mundial. En salud no era mejor: al cierre de la gestión de Portillo, el gasto social en salud había descendido,  de ser el 8.1% del gasto total del Estado guatemalteco en 1999 bajo al 7.8% del PIB en 2003.

A ello se suma que el gasto social no se repartió de igual manera entre toda la población. Por ejemplo, aun cuando se había reducido la mortalidad infantil en un 6% en los primeros años de gestión de Portillo, un estudio del Fondo Monetario Internacional de 2002 mostraba cómo la tasa por cada mil nacidos vivos no era positiva: 18 niños muertos en las áreas urbanas, aumentando a 29 en las áreas rurales y llegando a 32 entre las poblaciones indígenas.

Veintidós meses después de lanzar la ERP, la Secretaria de Planificación y Programación (Segeplan) presentó la Estrategia de Reducción de la Pobreza Validada (ERP-V), creada con la participación del Sistema de Consejos de Desarrollo. Para entonces, Portillo carecía del apoyo en el Congreso de la República para echarlo a andar y se quedó como otro documento de políticas que nunca cuajó.

“Portillo puso la tarifa social a la energía para bajar los gastos de los pobres”

Aunque los datos muestran que durante la presidencia de Portillo se redujo en cinco puntos el porcentaje de guatemaltecos en situación en pobreza general, los seguidores del expresidente hacen referencia a medidas puntuales para mostrar el interés del expresidente en los más pobres del país. “¡Se enfrentó a los poderosos! ¡Rompió el monopolio del azúcar y del cemento!”, dicen. Y, Portillo también lo repite cada vez que puede, aunque obvia recordar que la compra de azúcar se limitó a su primer año, después de que llegó a un acuerdo con los azucareros nacionales para que no aumentaran el precio, y que Guatemala perdió un arbitraje por el arancel del 85% impuesto al cemento mexicano, a quién el gobierno y el sector cementero del país acusaba de vender su producto más barato en el país.

Aun así, los ejemplos sobran para sus seguidores. Por ejemplo, la aprobación, el 26 de diciembre de 2000, de la Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica.. La normativa consideraba que la situación económica del país agobiaba a los estratos más pobres, quienes eran afectados por el alza de los costos de producción de la energía eléctrica, “debido a la dependencia de los productos derivados del petróleo cuyos precios internacionales se han elevado considerablemente”.

Los beneficiarios: Todos aquellos usuarios con consumos hasta de 300 kilovatios hora (Kwh). Y para enero de 2001, estos eran 1,251,999, el 85% de los usuarios del sistema. El principal problema de la ley fue que brindaba un subsidio que no estaba debidamente focalizado. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo beneficiaba al 87% de los consumidores residenciales en el país, incluyendo un 53% que no estaban bajo la línea de pobreza. Esto se traducía en que el 71% del costo total del subsidio beneficiaba a usuarios que sí tenían recursos para pagar el costo real de la energía eléctrica. Y debido a la disparidad entre lo urbano y lo rural: En 2000, sólo el 56% del área rural tenía electricidad, frente al 95% del área urbana.

A ello se sumó que, para cumplir con sus contratos con las distribuidoras, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) compró energía a los generadores privados a precios comerciales, con costo más alto, para suplir aquella que tenía que vender a precio de la tarifa social a los beneficiaros de la ley. La diferencia entre ambos precios se amortizaba con dinero de la institución, restando la posibilidad de hacer nuevas inversiones.

En 2007, un análisis del Ministerio de Energía y Minas (MEM) concluía que la Tarifa Social ocasionó la reducción en el número de usuarios de la tarifa regulada, “creando un subsidio cruzado a cargo del usuario regulado no social y la descapitalización del INDE”. Para 2004, de los clientes que podían aplicar al subsidio llegaban a 1,809,426, el 94% del sistema. Según el MEM, el impacto financiero de esta tarifa sobre INDE alcanzaba el 41% de sus ingresos, cerca de Q762 millones para 2007, reduciendo la capacidad de inversión en ampliación de cobertura y mejoramiento en la generación.

“Portillo trajo más seguridad al país”

El quinto pilar de Portillo, como llamó a los ejes en los que giraría su gestión, era la lucha contra la impunidad y la apuesta por la seguridad ciudadana. Cuatro años después, esta fue una promesa más. Los datos muestran cómo durante su gestión se incrementó la violencia homicida en el país. El gran total: 14 mil personas murieron asesinadas de 2000 a 2003.

Guatemala cerró 1997, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, bajo la presidencia de Álvaro Arzú, con 37.80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Un año después, ésta bajó a 30.60 por cada 100 mil habitantes y Portillo recibió la presidencia con una tasa de 23.98 homicidios. Pero el inicio de la gestión del expresidente marcó un aumento en este indicador.

El año 2000 implicó el punto de inflexión para la escalada de violencia homicida en el país, que no vería reducciones hasta el último trimestre de 2009. Entonces se pasó de tener una tasa por cada 100 mi habitantes de 25.87, dos puntos más que en 1999, a 35.05 al cierre de su período; y con incrementos anuales que pasaron del 11.23% hasta el 16.69% de casos registrados.

La estrategia de seguridad pública durante la presidencia del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) incluyó reformar la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), que apenas tenía tres años de haber sido creada. Ésta modificó los requisitos para ocupar los cargos de director general y director general adjunto, borrando la obligatoriedad de que dichos puestos fueran ocupados por personal de carrera proveniente de la propia institución.

“El cambio (de la normativa) permitió que el Ministro de Gobernación pudiese nombrar al frente de la institución a cualquier persona, lo que hizo de esta función un botín político”, cita Iduvina Hernández en el informe “La Policía Nacional Civil de Guatemala: vida, pasión y muerte de una institución desdeñada”, de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 

Ocho directores generales e igual número de subdirectores generales adjuntos, entre ellos exmilitares, desfilaron en los cuatro años del gobierno de Portillo. Además, se tuvieron seis jefes diferentes en las divisiones de Análisis e Información Antinarcótica y Especializada de Investigación Criminal.

Si la reforma coartó la carrera policial, una de las bases de la nueva institución, no fue menos grave que en el mismo período se frenara la formación de nuevos agentes de la Academia Policial, a la que se le redujo su presupuesto en casi un 80%.

Junto a ello, aun cuando Portillo apoyó la desmovilización de las Fuerzas Armadas en consonancia con lo dispuesto en los Acuerdos de Paz, se echó mano del Ejército para tareas de seguridad pública. Cuando ya contabilizaban 1,123 homicidios en los primeros cinco meses de gestión y la destitución de un director general de la PNC, el Congreso de la República aprobó el Decreto Legislativo 40-2000: La Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil. Esta permitió que miembros del Cuerpo Especial de reservas para la Seguridad Ciudadana se sumara a agentes policiales en “patrullajes conjuntos”, con énfasis en la capital de Guatemala y los municipios aledaños a ésta.

Las medidas tomadas no bajaron las cifras de homicidios pero dejaron de herencia dos cosas: mostró el camino de las reformas a la ley de creación de la PNC para adecuarla a intereses políticos, como lo hizo el presidente Óscar Berger; y el uso del Ejército en tareas de seguridad civil, estrategia que han continuado todos los presidentes electos desde entonces.

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