Cuatro cuentas por orden de “El Presidente”

Lo sospechaban y quizá estaban nerviosos. En octubre de 2014 algunos integrantes de la red ya imaginaban que los fiscales les seguían la pista. Sentían que “las cinco letras” (la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) le pisaba los talones a los mandos medios de la red y decidieron mover algunas piezas. Ahora llegaría un nuevo jefe. Un viejo miembro de la red Moreno, delator pero “experto” en defraudación, estaría a cargo: el “teniente Jerez”, o, por su verdadero nombre, Francisco Javier Ortiz Arriaga.

Una de las primeras decisiones de Ortiz fue cambiar la forma de cobro. Mynor Pineda, un financiero de la red, se lo dijo por teléfono a uno de los encargados de los cobros: “Jerez dijo que se volvió un mercado y por eso la CICIG tiene información, y le ordenó “El Presidente” que calme. Por eso está poniendo cuatro cuentas bancarias para que se hagan los depósitos, todo lo que reporte se le va a pagar”.

En los informes judiciales de la CICIG y el MP no se identifica ni se da pistas sobre quién es “El Presidente”.

Fue este hilo, la existencia de cuentas bancarias en el sistema financiero nacional, el que permitió a los investigadores definir cómo “La Línea” manejó y repartió el dinero de la defraudación aduanera, desde las cuentas de Corpogold3 y Corpogold4, dos de las cuentas bancarias utilizadas con esos fines.

”La papa”, “la cola”, “la colocha”. Los términos utilizados para referirse al dinero, los montos cobrados a cambio de permitir la evasión de impuestos a importadores; las ganancias que se distribuyeron entre los implicados en esa actividad ilícita. Oferta y demanda. La estructura de defraudación aduanera conocida como “La Línea” fue montada, al igual que cualquier empresa, para obtener ganancias.

Los nexos de Corpogold

Los informes de la CICIG y del MP sobre “La Línea” suelen seguir una secuencia: escuchas telefónicas de sujetos sospechosos brindan información de reuniones, de otros personajes de la red y de acciones futuras; cuando las citas anunciadas se realizan hay seguimientos policiales para identificar a los participantes; cuando los participantes son identificados, se les investiga: su historial público, sus propiedades, sus líneas telefónicas…, hasta lograr un perfil completo de cada uno de los implicados.

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En este caso, un seguimiento policial a una reunión del alto mando de la estructura permitió dar con una pieza clave para identificar al representante legal de Corpogold. El 22 de enero de 2015, Salvador Estuardo González Álvarez se reunió en un Dunkin Donuts, de la zona 11 capitalina con Ortiz Arriaga. A esa cita también acudieron Miguel Ángel Lemus Aldana, otro de los jefes operativos, y Geovani Marroquín Navas, enlace entre la estructura externa y los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SATS. Delfino de Jesús Moratalla Coloma, chofer de Ortiz, también compartió en esa ocasión con la plana mayor de “La Línea”.

Los investigadores descubrieron que Moratalla Coloma, además de conducir el vehículo del “teniente Jerez”, tenía registrada a su favor la empresa Corp & Company Gold, S.A., de nombre comercial Corpogold. El vehículo manejado por Moratalla, una camioneta Chevrolet, pertenecía a la compañía. Las piezas comenzaban a encajar en los análisis de los investigadores: alguien cercano al jefe operativo de la red y a sus agentes, era el representante y gerente general de la entidad mencionada en escuchas telefónicas como aquella en la que los “clientes” debían hacer sus depósitos.

Desde un inicio Corpogold mostró un perfil sospechoso. Fue inscrita de manera definitiva el 23 de julio de 2010, con un capital de Q5 mil, el mínimo para formar una sociedad anónima, pero con un capital autorizado de hasta Q1.5 millones. Dos de los cuatro accionistas comparten los mismos apellidos: Olga Patricia Pérez Arreaga, Henry Giovani Pérez Arreaga, Amarilis Josefa Escobar Marcos y Manuel de Jesús Ordoñez Hernández. En el Registro Mercantil consta que el objeto de esta compañía incluye desde la prestación de servicios de bienes raíces hasta la contratación y subcontratación de obras de ingeniería para el Estado o particulares.

La empresa quedó registrada en La Máquina, Cuyotenango, Suchitepéquez, y en Colinas de Monte María Sur, zona 7 de Villa Nueva, Guatemala.

La dirección completa del primer domicilio es Calle Principal Lote No. 117 Centro 1, La Máquina, Cuyotenango, Suchitepéquez. En La Máquina, las direcciones son confusas, los números de las casas y de los terrenos saltan de manera aleatoria. En la gasolinera, frente a la carretera que es la columna vertebral del pueblo, un grupo de vecinas que esperan la camioneta aseguran no haber oído “nunca” el nombre de esa empresa en su comunidad. Tampoco lo recuerdan el tendero ni el carpintero. El único que sabe de Corpgold es el cartero:

—¡Ah! A esa empresa siempre le llega correspondencia de la SAT; siempre la tengo que devolver.

En la dirección que la SAT tiene registrada, funciona una agropecuaria. En ella dicen que allí no hay ninguna empresa llamada Corpogold; que la dirección que se busca está en el local de al lado. Pero a la par solo hay un comedor de pueblo junto a una calle sin asfaltar, y allí, las dueñas dicen que tampoco conocen a ninguna empresa con ese nombre.

La segunda dirección se encuentra en una casa particular en Colinas de Monte María Sur, zona 7 de Villa Nueva, Guatemala. Según Guatecompras, a Corpogold, el Estado le adjudicó Q12.49 millones en los últimos cuatro años. En 2011 esta compañía vendió servicios por Q104,526.93 a la municipalidad de Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez, y a Siquinalá, Escuintla, por estudios para la construcción de plantas de tratamiento de aguas y el mantenimiento de bombas para pozos. Todo se hizo por medio de compras directas, que no es el procedimiento ordinario. Entre 2012 y 2014, Corpogold recibió adjudicaciones de la municipalidad de La Gomera, Escuintla, por Q12,385,713.55, por servicios como “mejoramiento” de una cancha polideportiva, sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado y la construcción de un cementerio. Las contrataciones de La Gomera fueron realizadas mediante licitaciones públicas.

Las cuentas de Corpogold

Pese a que Corpogold estaba a su nombre, Moratalla Coloma (quien se encuentra capturado) no figura en la investigación como el responsable de coordinar los depósitos. Aunque en los documentos judiciales no se específica que sea un “testaferro”, su papel dentro de la red sugiere que esa era su función, que prestó su nombre para constituir la empresa y figurar como su representante legal, de la misma forma que luego solicitó la autorización o eliminación de firmas registradas para manejar las cuentas a nombre de Corpogold.

El informe financiero analizado para este reportaje registró transacciones de dos cuentas de Corp & Company Gold abiertas, en agosto de 2012 y de 2013, en una agencia de Banrural en Mazatenango.

“La Línea” tenía encargados externos de cada una de las principales aduanas del país (Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla) con los cuales los “usuarios” entraban en contacto. Tras pactar la defraudación, el responsable de la aduana autorizaba el paso del contenedor y giraba la orden al técnico aduanero, un funcionario de la SAT, quien permitía el ingreso de éste evadiendo el pago de impuestos. Por lo regular, se pagaba a la SAT el 40% del valor real; el 30% para “La Línea”, y el restante 30% se lo ahorraba el empresario usuario de la red. En total el Estado dejaba de percibir un 60% por ciento de los tributos que debió cobrar.

Un ejemplo del modo en que operaban es el de las gestiones realizadas por Julio César Aldana Sosa, encargado externo de la aduana de Puerto Quetzal, una de las más activas del país. El análisis de escuchas telefónicas del 27 y 28 de noviembre de 2014 llevaron a los investigadores a concluir en un Informe Financiero Preliminar, que esta persona “recibe cuentas de pagos de la operación de ‘La Línea’, que le son entregados por Roberto Antonio Ramírez de Paz (alias Ricky), encargado externo de aduanas y encargado de fianzas de la estructura”.

29/10/2014

10:18 Horas

Glendy (no identificada): —Le llamo para ver si me tiene una respuesta.

Ricky (Roberto Antonio Ramírez de Paz): —No se le puede bajar. Tiene que ser 20. Ahí lo dejaron.

Glendy: —20 sin ajuste, ¿verdad? Porque ya pagamos Q54 mil. ¿Pueden mandar a traer el dinero?

Ricky: —Sí, pero le voy a dar un número de cuenta para que depositen allí: 3118024239. A nombre de Corpogold4, de Banrural. Son Q20 mil.

Glendy: —Le confirmo el depósito.

Ramírez de Paz, alias Ricky, participó, según los registros de las llamadas telefónicas, en el paso de 54 contenedores, repartió instrucciones y coordinó con técnicos aduaneros de la SAT el tránsito de estos furgones con mercaderías. “Ricky” además manejaba cuatro cuentas bancarias de la entidad Corpogold. El papel de “Ricky” era brindar a los clientes el número de cuenta en el que debían depositar el pago. Para comprender este procedimiento los investigadores cruzaron la información proporcionada por las intercepciones telefónicas de Ramírez de Paz, con los movimientos financieros en las cuentas bancarias a nombre de Corpogold. En dos de ellas se detectó cómo clientes de “La Línea” y Ramírez de Paz intercambiaban información para pasar los contenedores con un pago menor de impuestos: el importador proporcionaba el número de Declaración Única Aduanera (DUA), para que la red cobrara menos impuestos a ese furgón, y en su lugar recibía el número de cuenta al cual debían realizar el depósito para garantizar el “servicio”. Esta información se transmitía por teléfono, mensajes de texto o correo electrónico.

Depósitos entran, cheques salen

En la cuenta denominada Corpogold3, número 327-502272-5 de Banrural, entre el 10 y el 30 de octubre 2014 se registraron 29 movimientos bancarios, 19 de ellos depósitos monetarios y 10 débitos con el pago de cheques a nombre de la cuenta monetaria. Sólo en esos 20 días se depositaron Q408,500 y se retiraron Q483,500 de esta cuenta, que el 10 de octubre tenía un saldo inicial de Q105,000. Las escuchas confirmaron que al menos tres depósitos coinciden con las instrucciones que uno de los financieros de la estructura dio a clientes de “La Línea”. Algo similar ocurre con la cuenta a nombre de Corpogold4. Entre el 7 y el 31 de octubre de 2014 se reportaron 83 movimientos bancarios, 55 depósitos monetarios y 28 débitos con el pago de cheques a nombre de la cuenta monetaria. En los 24 días analizados se depositaron Q918,500 y se retiraron Q903,500 de esa cuenta, que al inicio del reporte, el 7 de octubre tenía un saldo de Q15,000. En 21 de estos depósitos los montos coinciden con los que se detallan en llamadas telefónicas. En las boletas registradas se reportaron créditos por Q297 mil. Un oficio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SB) permitió identificar al titular de la cuenta.

Los analistas de la CICIG concluyeron que existen patrones comunes en las dos cuentas: las transacciones de débito y crédito fueron realizadas en cifras de miles con valores constantes (depósitos y retiros de Q20 mil, Q15 mil…), “lo que indica el establecimiento de tarifas fijas”. El informe también apunta que “el dinero no permanece mucho tiempo en la cuenta, máximo dos días después de depositado; en varias ocasiones el saldo de la cuenta es cero. Todo el dinero depositado fue retirado”.

En la cuenta de Corpogold3 se depositaron Q408,500 y se retiraron Q483,500 (la cual contaba previo con un saldo de Q105,000); y en la de Corpogold4 se ingresaron Q918,500 y se retiraron Q903,500. El 95% de los movimientos de la primera se realizó en octubre del 2014, en el mismo mes se realizó el 64% de los movimientos en el balance de Corpogold4. Tan sólo en estas dos cuentas se retiraron Q1,378,000, en un lapso de 21 días e ingresaron Q1,435,000.

Tanto en el caso de Corpogold3, que registró 10 retiros durante ese período, como el de Corpogold4, que tuvo 28, las operaciones se realizaron con cheques de cuentas monetarias de la empresa. El informe no identifica a las personas que los cobraron. Pero los investigadores sospechan que buena parte de ese desembocaba en la Boutique Emilio, propiedad de Luis Alberto Mendizábal Barrutia. En este local se requisaron Q1.6 millones en efectivo el 16 de abril durante un allanamiento. Las incautaciones totales ascendieron a Q5 millones y US$160,000.

Una red de empresas aún por desenredar

El rastro de las empresas que conectan a los miembros de la estructura no está incluido en el documento judicial. La investigación de la CICIG y el MP y la publicación de elPeriódico Contrabando, Poder y Noticias coinciden en señalar una relación directa entre Juan Carlos Monzón Rojas, el prófugo Secretario Privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, identificado dentro de la red como “JC”, y Salvador Estuardo González Álvarez, jefe externo de “La Línea”, según la hipótesis de los investigadores, alías “Eco”.

El vínculo comercial establecido entre “JC” y “Eco” fue por medio de María del Carmen Valencia Espinoza, que figura como gerente general de Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, empresa que adquirió Corporación de Noticias, Sociedad Anónima, compañía madre de los diarios Siglo21 y Al Día, a finales de 2012 (el pasado 12 de junio un grupo de cooperativistas recuperó las acciones del diario). Valencia además fue gerente general y representante legal de Canchas Deportivas de Guatemala, que recibió contratos del gobierno por más de tres millones durante este gobierno según un reportaje de Plaza Pública. También fue gerente de protocolo, banquetes y etiqueta de El Rancho de Don Juan. Monzón Rojas es copropietario de ambas.

Aparte de estas empresas se perfila otra red más intricada con Delfino de Jesús Moratalla Coloma como probable testaferro de “La Línea”. Este nodo incluye al menos nueve compañías registradas a su nombre: Constructora Tikal, Ingeniería y Prefabricados Tres Campos, S.A., Tierra para Lotes, S.A., Multiservicios Mecánicos y Electrónicos, S.A., Combustibles del Futuro, S.A., Fincas y Terrenos Accesibles, S.A., Importadora y Exportadora Kolob, S.A, Inversiones DDJ, S.A., y Corp & Company Gold, S.A. Excepto la última, estas empresas no aparecen en los informes de la CICIG y el MP, pero Plaza Pública las rastreó en documentos de acceso público.

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Estas compañías forman un conjunto de inmobiliarias, constructoras, importadoras, exportadoras y prestadoras de servicios varios cuyo posible papel en la red de defraudación aduanera aún no se ha definido. Este entramado de nueve empresas en total recibieron contratos del Estado por Q13,084,728.98 (incluyendo los Q12.49 millones sólo de Corpogold).

Plaza Pública investigó otros pormenores de estas sociedades. Seis de ellas, incluida Corpogold, fueron inscritas por la misma abogada y notaria, Bery Andina Pérez y Pérez, quien las presentó ante el Registro Mercantil con minutos de diferencia la mañana del 28 de junio de 2010. Además las direcciones registradas de las compañías y sus representantes legales se cruzan entre sí. Corpogold comparte la misma dirección de Combustibles del futuro en Mazatenango, Suchitepéquez; las inmobiliarias Tierra para Lotes S.A. y Fincas y Terrenos Accesibles S.A., reportan el mismo domicilio en La Gomera, Escuintla; y de igual forma tienen la misma dirección Importadora y Exportadora Kolob S.A., y la sociedad Ingeniería y Prefabricados Tres Campos S.A., esta última inscrita por el abogado y notario, Rudy Armando Estrada Sopony, también de Mazatenango. Otra particularidad de estas nueve empresas es que fueron registradas con el monto mínimo para su apertura, Q5 mil, aunque una de ellas, Corpogold, estaba autorizada para tener un capital de hasta Q1,500,000; tampoco se tiene entre ellas constancia de un aumento en su capital desde su creación en 2010.

Según consigna el informe financiero de CICIG el 25 de julio de 2014 el representante legal de Corpogold, Moratalla Coloma, pidió al banco sustituir la firma de Yessee Naomy Segura López, para manejo de las cuentas Corpogold3 y Corpogold4, por la de Edi Danilo Villatoro Contreras (de quien no ha trascendido orden de captura).

Villatoro obtuvo, según registros públicos, la gerencia general de Corpogold, así como el cargo de administrador único de las empresas Ingenio Deseret S.A., y Agroindustrias Entre Los Llanos S.A. En la primera de estas compañías Moratalla Coloma figura como uno de los socios fundadores, a diferencia de las anteriores sociedades esta fue inscrita con un capital pagado de Q300 mil, y con el techo autorizado para tener un capital de hasta Q500,000. Ingenio Deseret fue registrada el 21 de diciembre de 2012 en la ciudad de Guatemala por la notario Zelica Asucena Martínez Herrera. La segunda compañía, Agroindustrias Entre Los Llanos S.A., con acciones nominales o al portador, fue inscrita por la abogada y notaria Lucrecia Mendizábal Barrutia, quien comparte ambos apellidos con uno de los presuntos jefes operativos de “La Línea”, Luis Alberto Mendizábal Barrutia.

Otra firma registrada para el manejo de las cuentas de Corpogold fue la de Adrián Israel Yela Gómez, de 21 años de edad, quien fue capturado por la policía por este caso, el pasado 20 de mayo, en San José Villa Nueva, Villa Nueva.

La pista que disparó las cuentas de Corpogold lejos de agotarse ofrece nuevas líneas de investigación, los allanamientos registrados alrededor del caso (del cual se registran más de 25 mil documentos nuevos, según informes de la CICIG) prometen tener acceso a la contabilidad de “La Línea”. Los cabos de La Línea se amplían, el rastro del dinero sigue caliente.