El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se ha visto inmerso en una serie de situaciones adversas para el óptimo funcionamiento de una institución con tan importantes desafíos. Aunado a lo anterior, el presupuesto para la salud resulta a todas luces insuficiente y precario. Pareciera que para la clase política y económica del país, la salud no es una prioridad.
Si bien es cierto que el gobierno de Otto Pérez planteó como una de sus principales prioridades el Pacto Hambre Cero, alrededor del cual deben desarrollarse toda una serie de acciones, que involucran a diversos Ministerios, con el objeto de disminuir la desnutrición crónica en un 10%, la problemática de salud es mucho más compleja y debe abordarse desde una perspectiva integral y estructural.
Sin embargo, a siete meses de gobierno, el Pacto Hambre Cero, parece todavía no haber arrancado, mientras tanto las condiciones de salud de la población siguen deteriorándose, el acceso es limitado y los recursos continúan siendo escasos para atender toda una serie de problemáticas de diversa índole.
En lo que respecta a la salud de las mujeres, esta ha sido abordada desde una visión instrumental, dentro de un enfoque en que se combinan elementos de corte asistencial y eficientista. Asistencial, en el sentido que las mujeres son vistas fundamentalmente como grupo vulnerable (junto con los niños, los discapacitados y los ancianos), objeto pasivo de atención. Eficientista, en la medida que los programas y proyectos de salud familiar y comunitaria se apoyan en los roles femeninos tradicionales “materno-domésticos”. Aunado a esto los servicios son precarios, de difícil acceso y deficientes.
Las mujeres sufren altos índices de desnutrición lo cual las coloca en situaciones de alto riesgo. Aunado a esto, pese a que la tasa de fecundidad comenzó a disminuir en la década de los ochenta, la reducción ocurrida hasta el presente es todavía modesta, siendo el nivel de la fecundidad actual todavía elevado (3.9 hijos en promedio y 4.5 para las mujeres indígenas). Un aspecto significativo y preocupante es el nivel de fecundidad adolescente que aumenta en la población rural e indígena. Seis de cada diez mujeres entre los 20 y 24 años ya son madres.
En relación con lo anterior y con las condiciones de la salud en Guatemala, la mortalidad materna es un indicador importante que refleja la situación de la salud para las mujeres. La mortalidad materna es muy alta, 139.7 muertes de mujeres embarazadas por cada 100, 000 partos. Buena parte de las muertes registradas cada año podrían evitarse con mejoras relativamente sencillas, basadas en atención adecuada del embarazo, parto y posparto.
Existe también una serie de riesgos específicos de salud física y mental que afrontan las mujeres y que no son tomados en cuenta por las políticas públicas de salud. Estos riesgos están relacionados con las actividades productivas y reproductivas que desarrollan las mujeres y tienen causas comunes: los altos índices de desnutrición y los altos niveles de cansancio y desgaste físico y psicológico. Entre las principales causas se encuentran: los altos niveles de pobreza de la mayoría de las mujeres, los numerosos embarazos, los largos períodos de lactancia materna como medio esencial de nutrición de niños y niñas, las dobles o triples jornadas de trabajo y el difícil acceso a los servicios básicos.
La violencia física, psicológica y sexual en contra de las niñas y mujeres es otra de las principales causas de la mala salud y de los trastornos psicológicos de los que padece la gran mayoría de las mujeres. Existen patrones culturales mediante los cuales se tolera socialmente esta práctica, la cual en muchos casos se percibe como un derecho del varón sobre la mujer. Las mujeres indígenas, tanto en el área rural como el en área urbana, viven una conjugación de opresiones y de violencia étnicas, culturales y de género.
Si de entrada las condiciones de salud y de bienestar físico de las mujeres en Guatemala son tan precarias, resulta difícil imaginar un pleno desarrollo de sus capacidades cognitivas, laborales, sociales y políticas. El derecho a la salud es fundamental para el desarrollo de una sociedad y el Estado es el principal responsable de generar las condiciones para el goce de este derecho. Si no tenemos salud, estamos enfermos… así de simple.
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