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Cuando marchan los altos mandos
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Cuando marchan los altos mandos

Familiares de ex militares durante la marcha, con retratos de supuestos responsables..
Los manifestantes exigieron respeto a la dignidad militar.
Familiares de Carlos Carias participaron en la marcha.
Piden libertad.
Una de las mantas que agradece a los soldados.
La marcha reunió a decenas de personas.
Los rostros de quienes a criterio de los participantes, deben ir a juicio.
Zury Rios asistió a la caminata.
Zury Rios durante la marcha.
La hija de Efraín Rios Montt durante su discurso.
Los asistentes escuchan atentos a la ex diputada.
Un ex militar bajo la lluvia.
Los asistentes exigieron justicia.
El llanto invadió a algunos.
El canto de los veteranos.
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Los viejos integrantes del ejército se han reactivado. Han despertado de repente. Son ex militares –ancianos, altos mandos casi todos– que se sienten provocados, “perseguidos judicialmente”, dicen ellos, y por eso también argumentan que una de sus obligaciones es estar alerta, marchar sobre las avenidas para ser escuchados, y tratar de defenderse de las investigaciones que el Ministerio Público lleva en su contra.

Fundamentalmente se trató de una marcha del ejército sin soldados, había generales y también coroneles; eran de doscientos a trescientos, según el momento, pero ni un solo soldado de bajo rango caminaba a su lado. Esta fue la segunda vez que los militares, sus familiares, amigos y abogados, salían a la calle. En noviembre pasado protestaron una primera vez, como nunca lo habían hecho, vestidos de blanco y marchando pacíficamente; actuaron de esa forma cuando sintieron una amenaza que cada vez parece más cercana a sus existencias: muchos de ellos –sobre todo ex altos mandos del ejército– podrían terminar sus últimos días en una cárcel, y muchos otros podrían ser ligados a un proceso penal. Y pensar en cualquiera de esas posibilidades es algo que les trastorna el gesto. Algo que a los militares no les parece justo.

Vestidos esta vez de azul y blanco, frente a la antigua escuela politécnica, en la Avenida Reforma, una columna de ancianos –canas blancas, gafas oscuras y cuerpos blandos condecorados– acompañados de sus familias, amigos y abogados, discutían desde las nueve de la mañana sobre los últimos eventos judiciales que suceden en torno a ellos, a su pasado, a los años en que fueron poderosos gobernantes de Guatemala. A los años del conflicto armado interno, también, y a las acusaciones de asesinato y genocidio con que desde diciembre del 2009, la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público, ha logrado penas para más de 20 de estos militares de alto rango en retiro.

“En ningún otro país, ¡en ningún otro país del mundo!, se ha visto que a los héroes que defendieron su territorio se les trate de modo tan insultante”, decía Zulema Paz de Rodríguez, ex diputada del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y coordinadora de la asociación Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente (Familias), poco antes de empezar la caminata.

Uno de estos juicios en contra de ex generales del ejército, uno de los más importantes, el del caso de genocidio del ex presidente José Efraín Ríos Montt, ha quedado en suspenso justo para la fecha en que se desarrolla la marcha por “la demanda de juicios justos”. La hija de Ríos Montt, la ex diputada Zury Ríos, era una de las figuras políticas presentes en la marcha, iba al frente, con sus característicos tacones afilados, aristócrata, sonriente, intimidante, en la primera línea de batalla mientras su guardespaldas le sostenía el bolso y la cubría con un paraguas.

Sobre el caso de su padre, el impasse, las múltiples suspensiones propiciadas po la defensa, las apelaciones, el rechazo del Organismo Judicial a conceder el amparo con el que el ex presidente buscaba acogerse a la figura de la amnistía que otorga la Ley de Reconciliación Nacional, y la inevitable continuación del proceso por genocidio y deberes contra la humanidad por la masacre de 201 personas, en el parcelamiento Dos Erres, en  Petén, en 1982, cuando Ríos Montt era jefe de Estado, Zury Ríos decía con retórica:

“Un proceso jurídico es un proceso jurídico, y debe enmarcarse dentro de las garantías constitucionales y el Estado de Derecho. La argumentación de la defensa usa las estrategias para lo que es la argumentación de la defensa. Y la acusación puede usar sus estrategias para la acusación. El tema es que sea una justicia sin apellidos. Y no algo desde una verdad como la ‘veo yo’ sino que se apegue al Estado de Derecho”.

Y el problema que ellos ven, como explicaba el capitán Rodolfo Muñoz Piloña, uno de los cerebros del Golpe de Estado de 1982 que colocó a Efraín Ríos Montt en el poder, es “la parcialización de la justicia, el modo en que opera el MP dirigido por una fiscal (Claudia Paz y Paz) con conflictos de intereses, con familiares que eran guerrilleros”.

“¿Les parece que tendremos juicios justos mientras que ella esté allí? No los tendremos”, argumentaba otro coronel al lado de Piloña.

“Hay una doble moralidad en las cortes”, sostenía otro.

“Se firmó la paz, en 1996, pero el bando de la guerrilla aprovechó el momento para ir tomando los sectores de justicia y llegar al punto en donde estamos. Con los ex militares perseguidos”, impugnaba Piloña.

La batalla como ideología

Durante la marcha, los remanentes de un conflicto ideológico se encuentran latentes. El conflicto armado interno, a pesar de la firma de la paz, en 1996, parece, dentro de la marcha, algo vigente, fresco, con saldos nuevos en el interior de los juzgados. Los militares de la marcha, por ejemplo, ubican a sus enemigos, a sus viejos enemigos. No quieren ser los únicos responsables de una guerra que duró 36 años. Quieren perdón pero al mismo tiempo, ellos, no perdonan.

“No ha habido juicios en contra de ningún ex guerrillero”, se quejaba Ricardo Méndez Ruiz, hijo del ex ministro gobernación de 1982 del mismo nombre, que fue secuestrado por la guerrilla cuando tenía 22 años. Lo decía y miraba a uno de sus lados, señalaba a su alrededor, donde decenas de pancartas con las fotos y los nombres de exguerrilleros reales o inventados, las organizaciones que representaron, sus puestos y sus nombres de batalla, también sus trayectorias, y sus diversos vínculos con los gobiernos luego de la firma de la paz, evidenciaban uno de los puntos de protesta. “Ellos son los ex terroristas”, decía Méndez Ruiz. “Entre ellos hay muchos culpables”.

Un collage de rostros, de fotografías ampliadas desde internet, mal impresas, era uno de los ejes centrales de la marcha. Édgar Gutiérrez, Iduvina Hernández, Frank La Rue, Jean Marie Simon, Mario Roberto Morales, Eduardo Stein, César Montes, Sandra Torres, Pedro Palma Lau, Orlando Blanco, Sandra Morán, Jennifer Harbury, Gustavo Porras, Claudia Paz y Paz, Carlos González, Julio Solórzano Foppa, Sandino Asturias… “todos ex terroristas”, afirmaba un ex coronel de apellido Argueta.

 –Éste está muerto, ¿verdad? – preguntaba una muchacha regordeta a los ex coroneles  y ex generales, con una foto de un exguerrillero entre sus manos.

–Vamos a ver… sí, sí, ya se murió. Era Rodrigo Asturias, Gaspar Ilom– le contestó Méndez Ruiz sin mucha prisa, sin mucho detalle. La muchacha sonreía luego de eso, daba brinquitos, y volvía a la muchedumbre sonriente y satisfecha. Se perdía de la vista rebotando entre vinilos, panfletos y consignas, que en medio de la marcha, señalaban que la guerrilla era responsable de masacres, de muchos muertos. Poco a poco, con su cartel de Rodrigo Asturias, la muchacha recorrió saltando sobre las masacres plasmadas en los vinilos: las de Xacalte, Salacún, Xetulul, el Aguacate. También las mantas de denuncia contra organizaciones como URNG, EGP, ORPA, FAR y 13 de Noviembre.

“Son las organizaciones terroristas responsables”, justificaba un coronel que portaba una de aquellas mantas, aunque no sabía si alguno de estos casos había llegado a tribunales. En qué momento del proceso jurídico se encontraban. O si había un proceso iniciado.

Aunque siempre han reivindicado la amnistía, la impunidad, los generales ahora dicen querer justicia. Justicia, sí, pero no sólo para ellos. Eso dicen. “Juicios justos”, repite Zulema de Rodríguez.

–¿Por qué el aparato de inteligencia que tenía el ejército durante los años de la guerra no ha sido utilizado para iniciar juicios, con pruebas, datos y nombres, en contra de ex guerrilleros? ¿Funcionaba bien ese aparato? –la pregunta fue dirigida a varios de los militares en retiro (también al que portaba la manta de las masacres) que marchaban. Pero pocos respondieron.

–Hay una ley de reconciliación nacional donde se establecen los procedimientos. Las reglas del juego de estos juicios. Se supone que esto no iba a pasar– sonreía Piloña a modo de repuesta, con cierta melancolía por lo que está pasando y no debía de pasar. Es decir, por los procesos de justicia.

–Delitos y faltas en contra de los derechos humanos por parte de ex guerrilleros hay 64 mil casos registrados en el Ministerio Público. Ninguno de esos camina. Y las denuncias en contra de militares avanzan intempestivamente. Tenemos pruebas, incluso los libros que algunos de esos ex terroristas han escrito para evidenciar sus aventuras, su “heroísmo” entre comillas –respondía Méndez Ruiz.

–¿La batalla de hoy entre los bandos sigue siendo esencialmente algo ideológico?

–Es más bien una lucha por una justicia objetiva. Una justicia para todos, no sólo para militares –refutaba Piloña, volviendo a la idea de justicia para todos.

A su alrededor, sin embargo, flotaban las ideas centrales de la marcha, los argumentos de una época: las mantas como estandartes que enerbolaban entre la gente, bajo la lluvia. “Gracias a los soldados y no a los sacerdotes tenemos la religión que queremos”, “Gracias a los soldados y no a los poetas podemos hablar en público”, “Gracias a los soldados y no a los periodistas tenemos libertad de prensa”. “Gracias a los soldados y no a los directores del campus existe libertad de enseñanza”.

Aunque soldados, soldados de bajo rango, apenas si había entre los ex coroneles y ex generales y demás altos mandos en la marcha.

La justicia para ellos

Bajo la fuerte lluvia, los viejos militares en retiro no se mueven. Hace frío y hay viento pero los viejos integrantes del ejército no se mueven. Son de piedra, estoicos, parecen congelados mientras escuchan los argumentos técnicos legales que los abogados defensores de los generales acusados han ido repartiendo a lo largo de la marcha. Principalmente –en los altoparlantes– se menciona la Amnistía. La Amnistía.

“Para muchas víctimas del conflicto armado interno, el dolor de sus pérdidas personales y materiales les hace difícil comprender que el interés general de los guatemaltecos demandaba una necesaria amnistía para alcanzar la paz y reconciliación, como fue aceptado e incorporado en el Congreso de la República en la ley de Reconciliación Nacional”, explicaba Álvaro Reyes, presidente del Instituto de Justicia Militar.

El perdón para ellos podría ser justicia.

–¿Cómo analizan la “polarización de la justicia” que denuncia el sector militar?

–Detrás, lo que hay en profundidad son cuestiones económicas. Son decenas de millones de dólares los que se mueven desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay gente que está ganando mucho dinero. Hay injerencia extranjera que financia las persecuciones. Los intereses que existen sobre el acoso de los militares, entonces, son en una mínima parte de aspecto ideológico y principalmente otra de sentido económico –dice Méndez Ruiz.

–¿Cómo pueden probar que los jueces están parcializados?

–Hay dos nombres en ese sentido. Desde luego el de Claudia Paz y Paz. Pero también, muy importante, las denuncias de presión que existen sobre los jueces como Silvia de León que han venido de parte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos Pellecer.

Reflexiones sobre los juicios, desde su propia trinchera, las hay muy pocas durante la marcha. Pocos hablan o quieren hablar sobre cómo ven los procesos en contra de los ex generales de mayor rango del ejército, más allá de exclamar que “son injustos”. Los generales Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes, por ejemplo, ya han sido enjuiciados y permanecen bajo arresto en un hospital militar dentro del proceso. El general retirado Oscar Humberto Mejía Víctores, ex presidente y ex ministro de Defensa de Ríos Montt, fue suspendido provisionalmente en enero porque se determinó que no posee las facultades físicas ni mentales para ir a juicio. Y Ríos Montt, a la espera de una fecha para que se reactiven sus casos (uno por la masacre en las Dos Erres, en Petén, y otro por genocidio en la región Ixil, Quiché), se mantiene bajo arresto domiciliario. Son cuestiones que evaden desde el interior de la marcha. La mayoría de declaraciones, no obstante, se enfocan en estudiar y considerar y descalificar al otro bando: en cómo el otro bando no ha experimentado la justicia, no ha sentido su peso.

Rios Montt: El proceso from Plaza Pública on Vimeo.

Y eso sería lo justo para ellos.

A veces, muy pocas veces, en el paso de la marcha, una manta aparece con un lema que invoca a la verdad histórica. Otra que exige el respeto a la dignidad militar. O bien, “Libertad para quienes lucharon por nuestra libertad”. La mayoría, sin embargo, denuncia “el terrorismo, la extorsión,  asesinatos y exiliados”.

Zury Ríos camina entre esas pancartas de denuncia y entre las familias de los militares hacia el estrado y los micrófonos. La lluvia no ha parado y los ex militares siguen sin moverse. Su discurso será uno de los principales de la tarde, arrancará aplausos, emociones, ella emulará los gestos, el ritmo, el lenguaje corporal y los tonos de los discursos de su padre, cuando era presidente. Le temblarán las manos pero será una buena oradora. Dirá cosas como “para sanar las heridas y encontrar el camino a la reconciliación necesitamos tiempo. Necesitamos memoria  y necesitamos justicia. Pero óigase bien, una memoria sin omisiones, porque la memoria parcial es amnesia y las medias verdades son absurdas mentiras”. Arrancará aplausos, chiflidos, gritos, lágrimas, cuando diga que una legislación sin apellidos “le da vida a aquel refrán que dice que un soldado no tiene que pedir perdón por defender su patria de la subversión”. Luego terminará con el anuncio y entonación del himno del ejército de Guatemala.

Pero más emotivo será escuchar la Canción en honor al soldado, bajo la lluvia, con muy pocos soldados alrededor. Cuando los ex generales y los ex coroneles terminen de exigir perdón pero sin estar conscientes, entre un mar de mantas en contra de ex guerrilleros reales e inventados y algunos muertos, de que tampoco ellos consiguen perdonar del todo.

“Gracias a los soldados y no a los sacerdotes tenemos la religión que queremos”, “Gracias a los soldados y no a los poetas podemos hablar en público”, “Gracias a los soldados y no a los periodistas tenemos libertad de prensa”. “Gracias a los soldados y no a los directores del campus existe libertad de enseñanza”. Aunque soldados, soldados de bajo rango, apenas si había entre los ex coroneles y ex generales y demás altos mandos en la marcha.
Un collage de rostros, de fotografías ampliadas desde internet, mal impresas, era uno de los ejes centrales de la marcha. Édgar Gutiérrez, Iduvina Hernández, Frank La Rue, Jean Marie Simon, Mario Roberto Morales, Eduardo Stein, Gustavo Porras, Claudia Paz y Paz… A ojos de los militares, “todos ex terroristas”.
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