En la primera entrega de este artículo mencioné que la cifra de las dos últimas administraciones de gobierno oscila entre 40 y 60%. Es la supuesta responsabilidad de la narcoactividad en la violencia homicida, estimada sin una metodología transparente y replicable para que todos los analistas podamos verificarlo de manera independiente. Pero esta semana se publicó en The Wall Street Journal una columna de opinión donde se le atribuye al General John Kelly, Jefe del Comando Sur de EE.UU., la cifra de 80% de violencia como resultado del narcotráfico. La autora del artículo, Mary Anastasia O'Grady, utiliza dicha afirmación del militar norteamericano para refrendar su punto: la violencia ha ido en aumento en el Triángulo Norte durante la última década debido a que las rutas internacionales del narcotráfico cambiaron y por la lucha frontal contra los carteles en México. Y esa es una de las principales causas de la migración de menores. En sus propias palabras:
Para que la hipótesis de que "es culpa de Obama" funcione, es necesario invalidar el concepto de que los inmigrantes a EE.UU. escapan de una violencia intolerable. Esto ha dado paso a la idea expresada a menudo de que "esos países" siempre han sido violentos.
Tal afirmación no tiene ningún asidero en la realidad. América Central es hoy una región mucho más peligrosa que antes de que se convirtiera en un imán para los ricos y poderosos líderes de los carteles del narcotráfico. A comienzos de los años 90, en su trayecto hacia EE.UU., las drogas provenientes de Sudamérica pasaban por el Caribe.
Sin embargo, cuando la estrategia de interdicción seguida por EE.UU. en el Caribe elevó los costos, el tráfico se desvió hacia las rutas terrestres del istmo centroamericano y a través de México. Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró una guerra contra los carteles de la droga, que se inició en 2007, el submundo criminal optó por los vecinos más pobres y más débiles de México. Venezuela, durante la presidencia de Hugo Chávez, empezó a facilitar el movimiento de cocaína desde los países productores en los Andes hacia EE.UU., vía Centroamérica.
En el caso de Guatemala, la data disponible desde 1986 nos indica que siempre hemos sido violentos, es decir, que hemos tenido tasas de dos dígitos. Lo que ha variado es el nivel de violencia, entre un mínimo de 18 homicidios por cada 100 mil habitantes (años 1990-93) y un máximo de 36 (en 2009), el doble, según data del Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de sus registros vitales (utilizo esta fuente porque es la más constante en el tiempo). Entonces, si la violencia es el principal factor que explica la migración infantil habría que ver cómo variaciones en la tasa de homicidio afectan cambios en el flujo migratorio.[1] Por otro lado, habría que explicar con mayor detenimiento y precisión los sube y bajas de dicha tasa en Guatemala a partir de las dinámicas del narcotráfico internacional. Aquí es donde la ausencia de data da espacio a las narrativas, que no necesariamente concuerdan con la realidad.
En el caso guatemalteco, varios analistas coinciden en que la escalada de violencia observada de 2000 a 2009 se debe al deterioro institucional de la Policía Nacional Civil (PNC), por decisiones equivocadas de distintas administraciones del gobierno (especialmente las de Alfonso Portillo y Oscar Berger). Los errores van desde la ruptura del orden jerárquico en la PNC y su falta de profesionalización al nivel más alto, y una amplia lista de desincentivos para los agentes, hasta las “políticas de limpieza social” que ahora sabemos fueron implementadas por las autoridades de seguridad en tiempo de Berger (2004-07). Esa es la “mano dura” a la que criticaba el PNUD en su informe regional más reciente.
Por otro lado, como he intentado explicar en The Black Box (9 julio 2014 y 10 julio 2014), cuando pasamos del nivel nacional al sub-nacional, cuando hacemos la desagregación de víctimas por sexo y grupo de edad, muchas de las hipótesis que relacionan violencia con migración se tambalean. Los niños del área rural indígena (altiplano occidental) de Guatemala no escapan de la violencia, a lo mejor de la pobreza, porque la violencia afecta de manera especial a los hombres jóvenes de las zonas urbanas marginales (área metropolitana de Guatemala, especialmente Mixco, Villa Nueva y la capital).
El General John Kelly, como decimos en buen chapín, está jalando agua para su molino al vincular la migración de menores con la violencia homicida y a ésta con el narcotráfico. Seguramente piensa que de esa forma obtendrá más recursos financieros del Congreso estadounidense para mantener su presencia militar en estos lares. No sólo vincula los tres temas, sino que exagera la magnitud en la que podrían estar relacionados. Si fuera cierto que el 80% de la violencia homicida se explica por algún tipo de narcoactividad, en el caso guatemalteco estaríamos hablando de unas 4,800 muertes violentas, según cifras del INACIF. No creo que alguien pueda demostrarlo fehacientemente.
[1] Dicho ejercicio lo realizan, de manera poco convincente, en el Center for American Progress http://ampr.gs/1ox90Hk Digo esto porque al replicar el análisis de variaciones anuales entre tasas de migración de menores y tasas de homicidio la pendiente que obtengo es negativa.
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