El entonces presidente Álvaro Colom afirmó que el 60% de la violencia se derivaba por el narcotráfico. Ahora se acepta que la cifra podría ser menor, pero cercana a lo que dice el actual presidente, Otto Pérez Molina. Es decir, un 40% de los homicidios están relacionados de alguna manera con las diversas narcoactividades: la producción, el trasiego, el narcomenudeo y el consumo de drogas ilícitas.
La única aproximación con cierto sustento a la que he tenido acceso por mi papel como Comisionado para revisar la política de drogas da una cifra del 45%. Sin embargo, tengo mis serias dudas metodológicas al respecto, pues asume que en los municipios donde hay algún tipo de denuncia sobre narcomenudeo los casos de homicidio del lugar necesariamente están vinculados con dicha actividad. Por lo tanto, el argumento se vuelve circular. La caracterización del hecho violento no puede deducirse de esa manera sino sólo a partir de una investigación a profundidad de cada caso.
He argumentado con anterioridad que la violencia homicida en el Oriente de Guatemala podría estar ligada a una cultura del honor que precede a las muertes como consecuencias del modelo prohibicionista aplicado en la región y que se acentúan cuando las rutas del narco pasan por nuestro territorio. Desde 1986, cuando empieza la serie histórica disponible gracias a las Estadísticas Vitales del INE, vemos que la geografía de la violencia es la misma. Por otro lado, antropólogos e historiadores conocedores del Oriente guatemalteco coinciden al afirmar que la cultura de armas y de mostrar fuerza desproporcionada para defenderse de otros es característica de la región desde que fue colonizada. Parece ser un rasgo universal de culturas de pastoreo, desarrollado especialmente en áreas de frontera donde no existe un Leviatán capaz de poner orden e impartir justicia.
También he insistido, junto a Claudia Méndez Arriaza, en que la única data disponible para acercarnos a las motivaciones de la violencia son los informes de móviles generados por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a partir de una investigación preliminar en la escena del crimen. Para una muestra de 21 meses, de enero 2011 a septiembre 2012, la PNC reporta únicamente 17 casos de homicidios relacionados con narcotráfico, de un total de 9,429 casos registrados. Aunque debe reconocerse que sólo en el 69% de los mismos existía una hipótesis, es decir que en 2,886 casos la PNC ignoraba el posible móvil del hecho criminal. A pesar de ser muy pocos los casos de narcotráfico, se observa que el 88% ocurrió con arma de fuego, un tanto arriba del total de un 82% homicidios perpetrados de esa manera.
Otros expertos hacen duras críticas a lo datos anteriores, pues consideran que la PNC no tiene la capacidad de generar hipótesis válidas para orientar la investigación criminal. Por lo tanto desechan cualquier conclusión que pueda extraerse de dicha fuente. Según estos críticos, es el Ministerio Público (MP) quien podría dar el porcentaje más cercano a la realidad por la investigación que hacen durante la persecución penal. El grave problema es que el porcentaje de casos para los cuales habría una hipótesis mejor sustentada es aún menor, y existe un sesgo de priorización establecido por el propio MP para decidir en qué casos enfocarán sus limitados recursos humanos y financieros. Por ejemplo, en 2011 la PNC reportó un total de 5,681 homicidios, mientras que el MP sólo reportó 2,129 hombres sindicados por el delito de homicidio, y finalmente en el Organismo Judicial únicamente se obtuvo 319 sentencias condenatorias por distintas tipificaciones de homicidios (hubo 75 sentencias absolutorias). Si fuéramos rigurosos, sólo de dichas sentencia podríamos deducir el móvil del crimen, dejando en la ignorancia los restantes 5,287 casos que no llegaron a la instancia final, es decir, en el 93% de los casos anuales.
En la próxima entrega haré un ejercicio de correlación entre detenidos por algún supuesto delito contra la Ley de Narcoactividad y la tasa de homicidios a nivel municipal.
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