Dicha resistencia es objeto de una política de criminalización en la cual se articulan empresas interesadas en mermar la protesta contra la expansión e intensificación del extractivismo; el Estado, que facilita la acumulación de capital; y un conjunto de aparatos ideológicos entre los cuales se cuentan medios masivos de difusión, fundaciones, oenegés, operadores políticos y judiciales y periodistas.
Como parte de la mascarada son contratados abogados corporativos que accionan a partir de la fabricación de cargos criminales como injuria, difamación, hurto, secuestro, intento de asesinato y hasta acusaciones de terrorismo. Esto forma parte de procesos planificados de acusación y persecución judicial, como también de acciones de intimidación y amenaza, represión policial y militar y no pocos atentados y ejecuciones extrajudiciales[1]. Así se explica la persecución penal en contra de Daniel Pascual y el apresamiento político —camuflado de judicial— de dirigentes sociales como Rigoberto Juárez, Arturo Pablo, Ermitaño López, Rigoberto Patzán, Domingo Baltazar, Mynor López, Adalberto Villatoro, Chico Palas, Alonzo de Jesús Torres, Valerio Carrillo y Jorge López[2]. El asesinato de Wálter Méndez, presidente de la Cooperativa La Lucha (Las Cruces, Petén), ocurrido el 16 de marzo del presente año, y el de Diego Esteban, comunicador en la radio Sembrador y parte de la lucha contra proyectos hidroeléctricos (Ixcán, Quiché), sucedido el primero de mayo, constituyen casos de ejecución extrajudicial con fuertes indicios de ser resultado de esta política represiva. En todos los casos estamos ante la criminalización y la represión de defensores del derecho al agua, a la madre tierra, al territorio, a la vida y a la libertad de expresión del pensamiento.
¿Qué evidencia la estrategia de criminalización y represión contra la resistencia social al modelo de acumulación de capital? La evidencia un Estado que penaliza el derecho a defender derechos reconocidos por la Constitución Política y en convenios internacionales ratificados por Guatemala, como el Convenio 169 de la OIT, que faculta a los pueblos indígenas para decidir sobre su propio desarrollo y sobre proyectos que pudieran afectarlos, como los mineros, los hidroeléctricos, etc. Asimismo, la existencia de actores empresariales y estatales que reprimen y criminalizan a luchadores y líderes sociales con el objetivo de garantizar intereses de empresas locales y transnacionales. También un Estado que, por acción u omisión, viola derechos humanos e incumple sus deberes constitucionales para garantizar el bien común.
Ahora que se discuten reformas constitucionales en materia de justicia —fundamentalmente de corte institucional—, la pregunta que surge es si estas serán suficientes o si se necesita un nuevo Estado. A la luz de las injusticias que se plasman en la criminalización de la resistencia social, enraizadas en el modelo de acumulación de capital, creo que se necesita un nuevo Estado que nos garantice un modelo económico que priorice al ser humano y a la madre tierra.
[1] Al menos 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004 y 2013, algo que hace suponer una política contra el sindicalismo y sus luchas. Red de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (2016). Informe anual sobre violencia antisindical en Guatemala 2015. Guatemala: RDDHG.
[2] En Huehuetenango se reportan 19 defensores del territorio encarcelados injustamente desde el 2 de mayo de 2012 hasta la fecha.
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