Salvo el capítulo dedicado al ejército y que fuera injertado por órdenes del gobierno militar de Óscar Mejía Víctores, el cuerpo constitucional se destaca por la doctrina de derechos humanos que la inspira. Misma que se refleja en buena parte de su contenido, tanto en lo referente a libertades y garantías como lo que respecta al compromiso con los convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que Guatemala haya suscrito. El componente principal que refleja la doctrina democrática es el que genera la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y las funciones que le son asignadas a su titular.
La persona que dirige la PDH actúa como comisionada del Congreso, el cual debe garantizarle recursos y apoyarle y monitorear su desempeño. La PDH depende de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, conformada por un congresista de cada una de las bancadas.
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Quien ha estado al frente de la PDH casi siempre incomoda al poder en cualquiera de sus expresiones. Cumplir con el mandato constitucional y ejercer en toda su dimensión las facultades otorgadas conlleva monitorear, documentar, sancionar y denunciar el abuso. Cuando el aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías se lanzó a la aventura golpista en 1993, el PDH, Ramiro de León Carpio fue perseguido y de las primeras personas a las cuales intentó capturar el gobierno convertido en gobierno de facto.
Fue la PDH que dirigió De León Carpio la que permitió salvar la vida de Martiza Urrutia quien internacionalmente denunció haber sido secuestrada por el ejército. Urrutia también denunció que fue presionada bajo tortura sicológica del entonces Procurador General de la Nación, Acisco Valladares Molina, quien pretendía que firmara una autoincriminación.
Cuando la PDH fue dirigida por Jorge de León Duque, se documentó la trata y violencia ejercida contra las niñas del hogar Virgen de la Asunción. Caso que lamentablemete el estado desatendió y derivó en la masacre del incendio del 8 de marzo de 2017.
La PDH bajo la conducción de su actual titular, Jordán Rodas Andrade, ha denunciado accciones de corrupción que atentan contra la salud. Los casos IGSS-Pisa por fraude en tratamientos renales, que costó varias vidas, derivan de esas denuncias. De igual forma la vigilancia en el funcionamiento del sistema de salud, antes y durante la pandemia del Covid-19. Durante las acciones autoritarias del gobierno de Jimmy Morales Cabrera, la PDH fue clave para proteger derechos y para asegurar las garantías al personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La actual Comisión de Derechos Humanos, presidida por Antonio Arenales Forno, un intelectual orgánico del proyecto contrainsurgente, ha resuelto por mayoría pedir al pleno la destitución del PDH Jordán Rodas. Con la composición del actual congreso no es difícil que la entente fascista y antiderechos alcance los votos necesarios para su cometido. Mediante este acto perverso quedaría completado el plan de controlar todo el estado en un esquema corporativo al serivicio de la impunidad y el crimen.
Quienes votaron por empujar este despropósito, violaron la constitución y las garantías que esta contiene, precisamente el día que llegaba a 37 años de vida. Arenales Forno y sus cómplices, serán responsables de la destrucción de una de las más valiosas garantías constitucionales.
Si bien hacen gala de soberbia y prepotencia, más temprano que tarde la historia y la sociedad le pasará la factura por su crimen a quienes desde la curul han violentado el estado de derecho.
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