La CPI es independiente de la ONU y al día de hoy, 121 países son parte del tratado y las voces contrarias al Estatuto de Roma han ido, lentamente, disminuyendo, pero no han cesado. Las críticas siguen siendo numerosas.
En la actualidad, la Corte tiene 15 casos relacionados son siete situaciones en la República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana; Darfur (Sudán), Libia; Kenia y Costa de Marfil. Vale recordar que dos de estas situaciones, la de Darfur y la de Libia, fueron remitidas vía excepcional por el Consejo de Seguridad de la ONU, dándole a la CPI competencia y jurisdicción sobre dos de las crisis humanitarias más importantes del siglo. Asimismo, la Fiscalía de la CPI está analizando un número de situaciones en diferentes continentes, entre ellas Honduras y Colombia.
La Fiscalía- que hasta hace menos de un mes estuvo encabezada por Luis Moreno Ocampo- no ha abierto casos fuera de África, a pesar de la existencia de situaciones graves en otras regiones.
América Latina y la CPI
La CPI dice estar siguiendo la situación desde hace más de 7 años y no ha intervenido por considerar que el Poder Judicial colombiano tiene la capacidad y la voluntad necesaria de llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Sin embargo, organizaciones internacionales y locales han advertido lo contrario, en especial a lo que se refiere a los crímenes de género y niños soldados.
Un informe de Human Rights Watch reporta que Colombia es uno de los quince países en el mundo en el cual los niños son utilizados para participar activamente en hostilidades. Denuncian que en algunos casos fueron reclutados niños de 7 años. Amén del sometimiento sexual del que son víctimas las niñas soldados.
El año pasado, un Tribunal Simbólico contra la Violencia Sexual determinó que en Colombia existe una práctica sistemática de violencia sexual registrada en el marco del conflicto armado nacional, y que se ha utilizado como un arma de guerra por la fuerza pública, los grupos paramilitares y las guerrillas “con el propósito de obtener réditos en el desarrollo de las hostilidades”. En ese pronunciamiento reiteraron el llamado a que la CPI investigue y juzgue a los responsables.
Otro de los tantos temas está relacionado con los llamados “falsos positivos”- algo que, según dijo Moreno Ocampo antes de dejar la Fiscalía de la CPI- estaba siendo seguido muy de cerca, aunque no ha habido pronunciamiento oficial al respecto. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario este crimen es nada mas ni nada menos, que una ejecución extrajudicial.
En el caso de Honduras, luego del golpe de Estado a Zelaya en 2009, varias organizaciones- entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos, llamaron a que la CPI intervenga. Si bien Moreno Ocampo declaró que la CPI está siguiendo de cerca no ha habido comunicado oficial. Mientras tanto, las denuncias siguen proliferando, especialmente por parte de las organizaciones de la sociedad civil. En un informe de Human Rights Watch de 2010 se detallan varios crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado que podrían ser sujeto de investigación por parte de la Corte.
Por tanto, el descontento por la falta de intervención de la CPI abre un peligroso interrogante.
El caso de México es diferente, puesto que hace algunos meses se presentaron denuncias por crímenes de lesa humanidad, incriminando al Presidente Calderón. No hubo respuesta oficial ni extraoficial sobe el caso.
Percepción
Además de avanzar en los casos, la nueva Fiscal Fatou Bensouda, de Gambia- que reemplaza al argentino Moreno Ocampo, tiene un gran reto por delante: cambiar la percepción negativa que tiene la CPI en algunas partes del mundo.
En diez años, la CPI sólo ha sido capaz de culminar un solo juicio, el cual llegó sentencia el 10 de julio de 2012 en contra de Thomas Lubanga Dyilo, quien fue sentenciado a cumplir una condena de 14 años por ser penalmente responsable de cometer los crímenes de guerra de alistar y reclutar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en hostilidades en la Rep. Democrática del Congo. Otros juicios relacionados con “señores de la guerra” africanos están en curso.
Seguiremos apostando a que esta institución crezca y se fortalezca. Son varias las lecciones que debe aprender, y sería naif pensar que en sólo 10 años de existencia es posible cumplir con la erradicación total de la impunidad en el mundo.
En el entretanto, seguiremos haciendo críticas constructivas y apoyaremos a las organizaciones de la sociedad civil en informar lo que sucede especialmente en nuestra región.
* Mariana Rodríguez Pareja es la Directora del Programa de Derechos Humanos de Asuntos del Sur (ADS) @maritaerrepe.
Salvador Herencia-Carrasco, LL.M. de la Universidad de Ottawa. Abogado con experiencia en Derecho Internacional. chava@salgalu.com
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