Cortes, no mafias

Guatemala ha sido y sigue siendo un Estado capturado. Capturado por estructuras actuando en red con hilos que nacen en el sector económico elitario, en el sistema de partidos políticos, en el ejército en retiro y, no podía faltar, en el crimen organizado.

El secuestro de la institucionalidad, suscrito en los pactos de corrupción y de crimen, busca tener el control permanente de toda la estructura del Estado. La acción de la entente proimpunidad arrancó cuando se armó el pozo financiero para sostener el plan de ataque a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Giras de cabildeo para lesionar el respaldo de la comunidad internacional se acompañaron de campañas propagandísticas y mediáticas que incluyeron denuncias espurias, las cuales, en aras de erosionar el alcance de la Cicig y de minar el apoyo a esta, carecieron de escrúpulo alguno. Lo anterior, a tal extremo que se hicieron acompañar de un ciudadano ruso y de su familia, que, al huir del pago de un préstamo a la banca de su país, se ligaron a estructuras criminales de falsificación de documentos de identidad en Guatemala.

A esos vínculos se añadió el control del sistema judicial. Este arrancó en 2014 con la negociación de las candidaturas con comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de apelaciones. Continuó con la designación de la actual fiscal general de la república y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien con su accionar sirve a los propósitos del pacto de corruptos.

Llegado el momento del cambio ante la CSJ y las salas de apelaciones, las comisiones de postulación no solo han repetido los vicios de sus predecesoras. De hecho, los han ampliado, y sin empacho alguno. Pese a las constantes advertencias de los riesgos y daños para el proceso, los miembros del pacto en las comisiones siguieron con absoluta desvergüenza. Probablemente convencidos de que tienen carta blanca para violentar la ley, creyendo quizá que podían actuar sin control, siguieron apañando la corrupción y sirviendo al pacto que la sostiene.

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Pero esas mafias que intentan asaltar las cortes no entienden que sigue firme la disposición social y ciudadana de recuperar el Estado de derecho, disposición que, mediante el uso de los espacios y recursos que el mismo Estado de derecho garantiza, permite corregir la falla en la cual han incurrido quienes tienen la responsabilidad de integrar las nóminas de candidaturas a las altas cortes del país.

Recuérdese que las comisiones de postulación no son propietarias de procesos o de derechos. No. Estas tienen un mandato. Son depositarias de una responsabilidad, y esta es, con base en las facultades que les otorga la ley, seleccionar a personas de la mejor calidad para asegurar que la elección recaiga en las que están mejor capacitadas para administrar justicia.

No obstante, en violación plena de dicha normativa, han obviado atender requerimientos básicos que la ley ordena al extremo de que, cuando algunos de sus candidatos favoritos no alcanzaron el mínimo puntaje establecido, pretendieron bajar la nota mínima en aras de que literalmente pudieran colarse en las nóminas.

Algo que no extraña, puesto que, por ejemplo, en la comisión que analiza las propuestas para la CSJ participan, entre otros, abogados como Miguel Catalán o Romeo Monterrosa, vinculados a estructuras de defensa del crimen organizado. ¿Cómo se puede asegurar una propuesta con ofertas que cumplen los requisitos de idoneidad y calidad adecuadas si quienes seleccionan tienen cuentas pendientes con la justicia o son parte del esquema de corrupción de esta?

En rescate de un proceso viciado, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha resuelto en pleno que las comisiones deben enmendar sus errores y reiniciar los procesos. De hecho, les ha lanzado un salvavidas a dichas instancias al ordenar que corrijan su actuación y evitar así que incurran en delitos como incumplimiento de deberes, entre otros. De esa manera, les toca hoy a las postuladoras enmendar la plana, corregir el camino y asegurarse de que se elijan cortes, no mafias.