En su primera versión se propusieron “eliminar” a las organizaciones que se rebelaban contra el estado de cosas y las violaciones flagrantes a derechos humanos. En su capítulo actual, procuran impunidad por los crímenes cometidos al tenor de las mismas operaciones.
En noviembre de 1975 vio la luz un operativo militar con nombre de clave Operación Cóndor, ejecutado por las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Merced a semejante operativo, surgido de un pacto criminal entre las fuerzas armadas de dichos países, miles de jóvenes y adultos sudamericanos fueron víctimas del terrorismo de Estado. Años después, la operación “silencio”, buscó impedir el conocimiento público de los hechos que formaron parte de este pacto del horror.
Luego de casi un lustro de funcionamiento del operativo en el Sur del Continente, la “experiencia contrainsurgente” fue exportada hacia el istmo centroamericano. Con el nombre clave de “Operación Charly” y con el financiamiento de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), por sus siglas en inglés, se desarrolló en Guatemala, El Salvador y Honduras, la acción realizada en Sudamérica. Bajo la tutela de miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas, los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, recibieron entrenamiento, asesoría y apoyo para replicar -lo cual hicieron magistralmente- la práctica de la detención ilegal, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de la izquierda en todas sus expresiones.
Según refiere María Soane, en un artículo publicado en El Clarín, Argentina “Se trató de la mayor operación secreta a escala continental de la dictadura. Se trató de la Operación Centroamérica, que se desplegó desde 1977 hasta 1984, después de la Guerra de Malvinas, y consistió en la exportación de los métodos de inteligencia y las técnicas de la lucha contrainsurgente, que incluían el uso de la tortura, el secuestro y la desaparición de opositores usados por la dictadura argentina”.
Más de tres décadas después de estos planes criminales de terrorismo de Estado, algunos procesos por desaparición forzada ven luces y avances en Guatemala, al igual que lo ven los juicios por genocidio en el país. De la mano con estos avances, sin embargo, también ha llegado la acción coordinada que busca alcanzar impunidad, sembrar silencio y perseguir y criminalizar al pensamiento progresista.
En Argentina, Victoria Villaruel dirige un centro de estudios para víctimas del terrorismo, el cual padece de amnesia sobre el terrorismo de Estado y busca perseguir criminalmente a las mismas víctimas de las dictaduras. En Guatemala, una amalgama de agrupaciones vinculadas a militares retirados, familiares o patrocinadores de estos, ha pretendido disputar la memoria por los crímenes del terrorismo de Estado. Al contar con una cobertura mediática no esclarecedora, pretenden disputar la memoria sobre el terrorismo de Estado y equiparar rasamente el genocidio de Estado –el cual niegan de manera contumaz– con los actos contra la población, atribuibles a la insurgencia armada. En esta acción, además de contar con un plan de operación militar (como lo fueron las operaciones Cóndor y Charly), tienen el apoyo de Villaruel y sus grupos.
Sintomáticamente, en el Chile conducido por un representante de la derecha que defendió la operación Cóndor, se pretende imponer una revisión a los contenidos que se imparten en las escuelas, a fin de modificar los términos dictadura y golpe de Estado, por régimen militar y pronunciamiento militar, respectivamente.
De manera que, la procura de impunidad y la negación o tergiversación de la historia, son ahora los rostros visibles de las versiones modernas de los operativos Cóndor y Charly. Más que coincidencia o casualidad, la repetición de acciones coordinadas en el Sur y en el Centro del continente, reviven el pacto criminal suscrito en 1975 y ampliado territorialmente en 1979.
En tales circunstancias, la única vía para cortarle definitivamente las alas al buitre disfrazado de cóndor, es el avance en los procesos judiciales, el ejercicio pleno del derecho a la memoria y la creación de condiciones para la garantía de no repetición. Caso contrario, las alas del terrorismo de Estado se desplegarán con los aires de la impunidad.
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