Al inicio de 2013, el Presidente declaró que liquidaría el Fonapaz. Una decisión que se aplaudió toda vez ese foco de corrupción no se reemplazara con otro fideicomiso, con las mismas o peores falencias. Sólo cinco semanas después, el Presidente anunciaba precisamente lo que no debía hacer. Al día siguiente se desdijo, diciendo que la creación de un nuevo fideicomiso estaba “bajo análisis”.
Parece que el Presidente aprendió su lección de no ser transparente, y con sigilo y alevosía, el martes 19 de marzo el Ejecutivo emitió el Acuerdo Gubernativo No. 129-2013, creando el fideicomiso que sustituye al Fonapaz. En mi opinión, un adefesio peor que el anterior, ya que ahora el Comité Técnico está integrado por el Presidente, la Vicepresidenta y la ministra de Desarrollo Social, con el banco fiduciario con voz pero sin voto. Es decir una suerte de caja chica del Presidente y la Vicepresidenta, algo muy pero muy parecido a los mal recordados gastos confidenciales, eliminados en la reforma constitucional de 1993, pero resucitados mediante el flamante nuevo fideicomiso del presidente Pérez Molina, ¿qué tal?
Por si no fuera suficiente, estamos presenciando el crecimiento acelerado de las compras sin control ni transparencia vía la manipulación de la Industria Militar. Gracias a un enorme agujero en la Ley de Contrataciones del Estado, y a otra decisión del presidente Pérez Molina, el Acuerdo Gubernativo No. 247-2012 que amplía los posibles clientes de la Industria Militar, los chacales devoradores del erario público encontraron una vía “legal” para esquilmarnos a todos. Esta “autopista de alta velocidad” de la corrupción está fortaleciendo una mafia de exmilitares y militares, que en componenda con empresarios corruptos han creado una vía, quizá incluso más ágil que los fideicomisos, para jugosos “negocios” con el Estado.
Además, ¿qué decir del indignante caso del subsidio al transporte urbano de pasajeros? Mas de Q 2 mil millones despilfarrados en un sistema manejado por mafias que, entre luchas intestinas y graves señalamientos, mantienen un sistema que se basa en el abuso a los usuarios y el enriquecimiento ilícito con fondos públicos. ¿Y la responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda sobre estos fondos? ¿Y la Contraloría General de Cuentas? ¿El Ministerio Público? Preguntas al aire nada más…
Y para terminar en este corto espacio, la última puñalada en nuestras espaldas: la concesión turbia y corrupta de los terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal a Terminal de Contenedores de Barcelona, en Miércoles Santo, con secretismo, cobardía, alevosía y sigilo, en lo que un medio atinadamente llamó ya un “madrugón”. Vaya valentía del presidente de la “mano dura”. Nada qué ver, éste tira la piedra para luego esconderla, en Miércoles Santo.
Levanto mi voz enérgica y dura, porque tengo el poder ciudadano de hacerlo. El año pasado aprobaron una reforma tributaria que ya estamos pagando. Este año pago más impuesto de circulación de vehículos, lo cual me da amplio poder ciudadano para exigir un sistema de transporte público de calidad y transparente. Estoy pagando más impuesto sobre la renta, lo que me faculta para exigir que ya no haya más Fonapaz ni industria militar. Al pagar la reforma tributaria, yo ya cumplí mi parte del contrato social, lo que me habilita para exigir probidad y transparencia.
Si el gobierno de Pérez Molina incumple su parte del contrato social, particularmente la probidad y la transparencia y no frena esta corrupción galopante, entonces con toda solvencia moral lo señalo de ¡ladrón, mentiroso y estafador descarado!
Yo levanto mi voz, ¿y usted?
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