Entre los mejores ejemplos de servidores públicos honestos, valientes y verdaderamente comprometidos con Guatemala destacan las juezas y los jueces independientes e íntegros que han dado un paso al frente, en algunos casos incluso poniendo en riesgo su vida, como elementos importantísimos de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, este grupo tan digno y valioso es un minoría dentro del Organismo Judicial, bajo ataque y urgida de acciones ciudadanas en su defensa.
Gracias a una cobertura periodística creciente es que se conocen casos muy graves y descarados. Sin duda, uno de los más notables es la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, la cual, por sus numerosas acciones para proteger y beneficiar a los acusados de corrupción, califiqué como la «sala tercera de la impunidad» y fue integrada en noviembre de 2014, en pleno apogeo del gobierno patriotero de Pérez Molina y Baldetti. Hoy continúa siendo una de las más importantes proveedoras de impunidad, y dentro de sus beneficiarios destacan el hermano y el hijo de Jimmy Morales, el ya difunto Álvaro Arzú Irigoyen, la familia Bitkov, Gustavo Alejos y el exministro de la Defensa Williams Mansilla, entre otros.
Pero el ímpetu corrupto y proimpunidad dentro del Organismo Judicial no se manifiesta únicamente en judicaturas capturadas con titulares afines a los intereses de grupos de corruptos o traficantes de impunidad. Cuando una jueza o un juez demuestran ser independientes e íntegros, una modalidad frecuente es recurrir a amparos y a otras formas de litigio malicioso para atrasar los procesos, con lo cual se gana tiempo en espera del momento en que esa jueza o ese juez se ausente, situación que es aprovechada vía la captura de la jueza o el juez suplente. Los ejemplos de esta práctica corrupta son numerosos.
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El más reciente y escandaloso es el caso de la jueza Abelina Cruz Toscano, suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, quien en una sesión a puerta cerrada otorgó medida sustitutiva, sin pago de fianza, a la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling. Por desgracia, no es el único caso, y el riesgo de que no sea el último es muy alto. Destaca también el caso de Fredy Ariel Leonardo Hernández y María Mercedes Rodríguez, jueces suplentes del titular Miguel Ángel Gálvez en el Juzgado de Mayor Riesgo B, quienes beneficiaron con medida sustitutiva a una decena de los acusados del caso La Línea.
Además de que los beneficiados por estas acciones de juezas y jueces suplentes puedan fugarse u obstruir las investigaciones y los procesos judiciales en marcha, se advierte el riesgo de que también puedan perpetrar represalias violentas en contra de quienes tuvieron la valentía de denunciarlos u ofrecer testimonios en su contra. El caso más grave es el del juez Carlos Ruano, vocal segundo del Tribunal Noveno Penal, quien en 2016 denunció a Stalling por querer obligarlo a otorgar un beneficio a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrenta un debate por el caso IGSS-Pisa. El juez Ruano manifestó sentirse amenazado y que su situación de vulnerabilidad se incrementa.
La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser asumida como un proceso lento y costoso, pero sobre todo muy difícil, que enfrenta grupos poderosos con recursos abundantes y la agilidad de quien opera al margen de la ley, sin obligación de respetar los derechos y las garantías que sí debe respetar la justicia.
Es en el Organismo Judicial donde la lucha contra la corrupción y la impunidad está más atrasada.
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