Durante 2012, las ventas de la Industria Militar fueron motivo de verdadero escándalo e indignación. Destacadas por su descaro fueron las adquisiciones a la Industria Militar realizadas por el Conap y los Ministerios de Gobernación y de Cultura y Deportes, entre otras entidades estatales, todas operaciones embarradas de anomalías.
Las ventas de la Industria Militar en 2012 fueron siete veces más grandes que las de los tres años anteriores, un resultado del abuso de las adquisiciones por excepción y otras modalidades opacas y sin concurso. El negocio de la corruptela de este gobierno iba tan bien en agosto de 2012, que el colmo fue que el Presidente y su Ministro de la Defensa Nacional emitieron el Acuerdo Gubernativo No. 247-2012, con el cual el Ejecutivo autorizaba a la Industria Militar a fabricar, importar y distribuir toda clase de artículos para revenderlos prácticamente a todas las entidades del sector público, por supuesto, con jugosas ganancias. Semejante desfachatez suponía el tiro de gracia al sistema de adquisiciones del Estado de Guatemala, y a cualquier atisbo de transparencia y combate a la corrupción. Se “legalizaba” el imperio de la corrupción y el latrocinio público del gobierno de Pérez Molina.
El Ministerio de Cultura y Deportes (con Carlos Batzín al frente), fue la primera entidad estatal que se frotó las manos ante el aquelarre de negocios que posibilitaba el Acuerdo Gubernativo No. 247-2012: la lamentable adquisición de tenis y balones a la Industria Militar. Ante esta inaudita e inaceptable forma de prostituir el erario público, el escándalo, indignación y la protesta en contra del gobierno fueron mayúsculas.
Afortunadamente la indignación y la presión públicas surtieron algún efecto hace un año. El 10 de abril de 2013, el Presidente y su Ministro de la Defensa Nacional emitieron otro Acuerdo Gubernativo, el No. 184-213, con el cual se revirtió el inaceptable e indignante contenido del Acuerdo Gubernativo No. 247-2012. En ese momento, el presidente Pérez, al reconocer su error (algunos incluso creyeron que Pérez Molina había sido “sorprendido” en su buena fe), sugería sabiduría y compromiso real por la transparencia y por hacer las cosas bien.
Lucía esperanzador. Demasiado bueno quizá, pero otorgaba el beneficio de la duda.
Pero triste y lamentablemente, la confirmación de las verdaderas intenciones surgió impresa en la edición del Diario de Centro América de ayer lunes 21 de abril de 2014: el Acuerdo Gubernativo No. 127-2014 (emitido el 1 de abril), mediante el cual el Presidente y su Ministro de la Defensa Nacional corrigen, ahora sí, su “error” de 2013, y se vuelven a entregar al círculo vicioso de la opacidad y la corrupción de las adquisiciones estatales anómalas. Contrario a la corrección realizada en 2013, en la que la Industria Militar podía proveer únicamente al Ejército, ahora vuelven a ampliar su alcance al Ministerio de Gobernación.
Esto no deja lugar a dudas. Ni a esperanzas.
Tan sólo un año duró un tímido halo de esperanza. Extinguido de un “plumazo” por el apetito carroñero de los negocios que se incuban en el Ministerio de Gobernación. ¿Es que acaso hemos aceptado ya como tradición burlar y violentar la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Debemos aceptar como tradicional la opacidad y la corrupción? ¿Y la Contraloría General de Cuentas?
Yo me niego a agachar la cabeza y claudicar. Protesto. Me indigno, y exijo: Señor Presidente, si en 2013 pudo corregir, también lo puede hacer ahora. Derogue el Acuerdo Gubernativo No. 127-2014.
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