La Corte de Constitucionalidad (CC) se vio en la penosa necesidad de corregirles la plana al Congreso de la República y al presidente Alejandro Giammattei suspendiendo la vigencia del decreto del Congreso de la República número 4-2020. Ahora, bien harían el Congreso y el presidente en ponerse a trabajar de verdad para ejercer un control legítimo sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) espurias.
Porque nadie ha rechazado la necesidad de control y transparencia, pero ese mamarracho y adefesio legislativo no era más que un ataque descarado en contra de las ONG independientes, con capacidad de propuesta, protesta, crítica y acción política y legal. Un berrinche de gente con mentalidad antidemocrática incapaz de responder a la crítica con argumentos y a la cual le molesta que en Guatemala haya organizaciones independientes por ser financiadas por la cooperación internacional. Un ataque que intentaron dinosaurios políticos que aún creen en la vieja y gastada práctica de intentar silenciar la crítica y que así demuestran la necedad clásica de los gobernantes autoritarios y de vocación dictatorial, que persisten en el mundo de hoy.
Un control legítimo y efectivo sobre las ONG es algo muy distinto, y ciertamente necesario en Guatemala, porque, como se ha dicho hasta el cansancio, a la par de organizaciones legítimas están operando entidades espurias que integran estructuras de corrupción. Este control legítimo debe concentrarse en las ONG que reciben fondos del presupuesto público, para las cuales en 2010 el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín) había creado un portal especial en la Internet que facilitaba el seguimiento y la auditoría social. Hoy el Minfín abandonó ese portal en línea, así que, antes de tonteras legislativas, si de verdad el presidente Giammattei quiere transparentar las ONG, ¿por qué no empieza instruyéndole al Minfín que restituya ese importante portal de transparencia fiscal?
[frasepzp1]
Un segundo paso de control legítimo sería que Giammattei les ordenara a sus ministros solicitar a la Contraloría General de Cuentas (CGC) auditar los convenios actuales y pasados que cada ministerio, secretaría y unidad ejecutora ha suscrito con ONG. Si nos ponemos serios en esto, lo mismo deberían hacer los 340 alcaldes municipales y los 22 gobernadores departamentales en su calidad de presidentes y coordinadores de los consejos departamentales de desarrollo, los principales focos de anomalías con las ONG espurias.
Las leyes vigentes ya incluyen suficientes disposiciones legales para distinguir una ONG espuria de una legítima. El Código Tributario y toda la legislación tributaria ya norman las obligaciones formales que deben cumplir entes exentos, así que, aunque una ONG no esté obligada a pagar impuestos por la naturaleza no lucrativa de su actividad, ya está obligada a reportar y entregar a la Superintendencia de Administración Tributaria información contable de sus operaciones, incluyendo las donaciones del exterior. Las reformas aprobadas en 2013 a la Ley Orgánica del Presupuesto contienen prohibiciones y controles estrictos para las ONG que reciben fondos públicos. Así pues, quizá las reformas legislativas serían las últimas medidas por tomar para ejercer un control efectivo con el cual transparentar las ONG.
Trabajar de verdad en la aplicación de las herramientas hoy disponibles para controlar y transparentar las ONG no es tarea fácil. Es evidente la diferencia entre ese trabajo y el berrinche por las ONG independientes financiadas por la cooperación internacional. Aprender a vivir en democracia es aprender a respetar a las ONG independientes y que de manera legítima proponen, protestan, critican, auditan y accionan política y legalmente. Un gobierno verdaderamente democrático responde con trabajo legítimo y argumentos, no con intentos represivos y acciones autoritarias de corte dictatorial.
Más de este autor