Si bien logra fortalecer sus relaciones con el Estado de Israel, lo hace con un enorme costo respecto al resto de la comunidad internacional. Y, en apariencia, eso no le importa ni al inquilino de la Casa Presidencial ni a sus funcionarios responsables de dar la cara o de poner en marcha la disposición: por un lado, la improvisada canciller Sandra Jovel y, por el otro, el avezado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Skinner-Klée Arenales.
En los casos del encargado de la presidencia y de Jovel, de seguro ellos consideran que los efectos de sus acciones llegarán cuando ya no estén al frente del Gobierno. Pero en el caso de Skinner-Klée Arenales no es así. Se trata de uno de los más sólidos embajadores de carrera, integrante de una de las pocas familias que por generaciones han heredado las posiciones de cancillería y, con ello, el manejo de la política exterior. Dichos embajadores, verdaderos intelectuales orgánicos de la rancia oligarquía guatemalteca, son quienes durante décadas han manejado los hilos de la diplomacia según conveniencias más sectoriales que de interés nacional.
Respaldar esta decisión de Jimmy Morales no será ni siquiera una mancha más al tigre de la diplomacia si sabe navegar en las turbias y gélidas aguas en las que ahora irrumpe. En donde pondrá sus artes a prueba es en la verdadera misión de fondo que ha trazado y empujado, silenciosa pero disciplinadamente, en los últimos meses. Skinner-Klée Arenales, no en representación de los intereses nacionales, sino empujando el capricho presidencial y con ello la voluntad del sector al que sí representa, busca someter a revisión el convenio suscrito entre la Secretaría General de la ONU y el Estado de Guatemala para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
A Morales en la presidencia la Cicig le ha resultado incómoda porque esta ha procesado incluso a miembros de su familia comprometidos en corrupción. A tal grado llega su disgusto que en agosto pasado intentó que la misma ONU destituyese al titular de la Cicig, Iván Velásquez Gómez. Habiendo fracasado en su tentativa ante la ONU, facilitada por Skinner-Klée Arenales, a Morales no le quedó más que declarar no grato al jefe de la Cicig. Un intento fracasado como el anterior y rechazado socialmente.
Así las cosas, sin cejar en su afán y con la complaciente obediencia del embajador en la ONU, los impuestos de las guatemaltecas y los guatemaltecos han servido para que esa representación promueva acciones contrarias al interés nacional. Sí, contrarias al interés nacional porque no es interés de la ciudadanía de este país modificar el contenido del convenio con la ONU para minar el trabajo de la Cicig y abonar el camino a su salida. Al contrario, es del interés de la ciudadanía solicitar a la ONU su respaldo permanente y sostenido a una instancia que ha mostrado ser efectiva, con la persona idónea al frente, para desmantelar las redes de impunidad enquistadas como chinches en la arquitectura del Estado.
En tal sentido, es menester que el embajador Skinner-Klée Arenales comprenda que su papel como representante no se circunscribe ni a los caprichos y necesidades de impunidad del gobernante ni a los mezquinos objetivos de quienes sienten cercana la acción de la ley por corrupción. El embajador es un representante de los intereses nacionales, y estos no son ni de procura de impunidad ni de mantener un Estado excluyente y racista. El interés nacional, expresado en diversidad de espacios y acciones, intenta generar un nuevo contrato social que siente las bases para una relación armónica de la sociedad y justa para quienes eternamente han sido excluidos y excluidas de la acción del Estado.
En tal sentido, y ante la sordera de la Cancillería y de sus empleados, es necesario hacernos escuchar por todos los espacios posibles, decir qué queremos como sociedad, qué camino buscamos, y generar esa agenda nacional de intereses no excluyentes. Participar y así neutralizar (y eventualmente derrotar) la perversión.
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