Los inicios de 2020 estuvieron marcados por los procesos políticos que se dieron en Guatemala en los primeros meses del año. Dentro de estos, en marzo, el Congreso de la República eligió un nuevo pleno de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). El marco de esa elección fue el desarrollo de las sesiones participativas que la Comisión de Actualización y Modernización Electoral realizó para conocer propuestas de modificación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y el hecho de que este año es tan solo el posterior a la implementación de las últimas reformas hechas a la LEPP, en 2016, las cuales, entre otras, crearon nuevas unidades especializadas en el TSE.
Además de ese marco institucional, la pandemia de covid-19 fue otro de los hechos que acompañaron la llegada de la nueva magistratura, razón por la cual sus integrantes anunciaron una pausa a los trámites administrativos abiertos a partidos políticos, algunos de ellos pendientes de cancelación por posibles casos de financiamiento electoral no reportado. La siguiente acción conocida públicamente fue la rápida destitución de varios puestos clave del TSE. La justificación dada por los magistrados fue que algunos cargos requieren que las personas que los ostentan sean de entera confianza, por lo que es necesaria una reestructuración del personal. Ambos procesos requieren de su continuidad respectiva una vez superadas las prioridades en salud, puesto que son el resultado de investigaciones previas que deben concluir en las respectivas sanciones administrativas. En el caso de las nuevas contrataciones, se espera que las autoridades nombradas continúen con los procesos iniciados antes del proceso electoral y durante este, puesto que fueron parte de las reformas realizadas con el objetivo de fiscalizar de forma más directa los partidos políticos, sus finanzas y su presencia en medios de comunicación.
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A pesar de que los cambios de personal son prácticas comunes en el sector público y de que el TSE no ha sido la excepción en magistraturas anteriores, expertos en órganos de gestión electoral (OGE) indican que se debe procurar la permanencia del personal que ha sido capacitado para desarrollarse en la institución, ya que este se vuelve recurso humano profesionalizado, lo cual facilita la institucionalización de los procesos. Todo esto debe incidir en el fortalecimiento y la independencia —de actores externos— del TSE.
Aunque aún no se ha designado a todas las personas para ocupar los cargos vacantes, se debe considerar que todos los candidatos cumplan con requisitos tanto profesionales como académicos para llenar el puesto. Estos cambios y los que puedan darse en el futuro deben realizarse de forma estratégica, siempre con miras a fortalecer los procesos institucionales, a lograr mayor eficiencia en términos de costo-efectividad y a mantener la independencia del órgano electoral. ¿Cómo saber si un cambio es estrictamente necesario? Todos los cambios deben basarse en evaluaciones de desempeño del personal, las cuales ayudarán a determinar si las destituciones son necesarias o no y a evitar que haya arbitrariedad. A pesar de las destituciones realizadas, se espera que los funcionarios designados y los que aún falta designar continúen con el trabajo iniciado, entendiendo el porqué de los cambios y la importancia de su institucionalización.
A pesar de las condiciones políticas y coyunturales en las cuales se dio la toma de posesión de la nueva magistratura del TSE, el inicio de esta es también una nueva oportunidad para definir e implementar los cambios necesarios para su fortalecimiento. Entre estos, se debe asegurar que las personas con la mayor capacidad, con un conocimiento y un entendimiento plenos de los procesos de implementación de las reformas, sean quienes lleguen a los puestos clave de toma de decisiones. Procurar su profesionalización y permanencia en el tiempo es velar por que los procesos democráticos del país se realicen de forma correcta, con el mayor conocimiento sobre estos y con la necesaria independencia de actores externos para asegurar la confianza de la ciudadanía.
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