Alejos pertenece a la clase dominante guatemalteca. Es un operador de negocios y transacciones ilícitas vinculado a partidos políticos del statu quo. Fue capturado inicialmente en 2017 y está procesado por participar en una serie de casos de corrupción del Estado: 1) Negociantes de la Salud, 2) Cooptación del Estado, 3) Transurbano, 4) Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE y 5) Red de Poder, Corrupción y Lavado.
La investigación preliminar que lleva a la recaptura de Alejos evidencia un conjunto de hechos de trascendencia política y judicial. Primero, una jueza señalada de beneficiar a poderosos aprobó el traslado del reo a un hospital privado, lugar donde tenía a disposición licores, comida y otras bebidas, donde mantenía reuniones indebidas y de cuyas instalaciones salía sin ninguna custodia. Segundo, en dicho hospital Alejos concertó con jueces, diputadas (incluida la primera vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso), abogados y aspirantes a magistrados de cortes, entre otras personalidades que participan en el proceso de selección de altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Supremo Electoral. Tercero, la inexistencia de justificación sanitaria y la carencia de custodia del reo implican a funcionarios con altos cargos en los sistemas judicial y penitenciario, pues estos crearon condiciones para la permanencia de Alejos en el lugar y en esas circunstancias. Y cuarto, en el mismo hospital también fue recluida meses atrás, por decisión de la misma jueza implicada, la excandidata presidencial Sandra Torres, acusada de financiamiento electoral ilícito, correligionaria de Alejos y señalada por miembros de su propio partido de estar participando en la negociación de elección de magistrados.
La información disponible evidencia que Alejos estaba urdiendo transacciones para determinar, de forma anómala, la calificación y selección de magistrados a las cortes del país. Este hecho, sumado a las denuncias sobre influencias y presiones a la comisión de postulación, muestra la continuidad de redes que operan en el Estado. Su propósito, como resulta claro, es controlar las cortes en función de los réditos económicos, políticos y judiciales que esto significa, así como entorpecer y revertir procesos judiciales para liberar de la cárcel a personajes poderosos, retrotraer procesos de investigación y enjuiciamiento y reproducir condiciones de impunidad.
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Un sistema de justicia efectivo, que garantice los derechos, procesos, sanciones, reparaciones y correctivos para construir una sociedad democrática y justa, es inexistente en Guatemala. Lo demostró la indagación del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2015 y 2019, entidades que lo evidenciaron y procedieron a acusar, capturar y procesar a miembros de élites de poder económico, político, militar y mafioso por su participación en diversos delitos de alto impacto. Estas fueron las élites que finalmente lograron que dicha comisión fuera expulsada del país.
La recaptura de Alejos en estas andanzas ilegales y el injustificado retraso en la selección de los magistrados de las altas cortes producto de impugnaciones y de otros vericuetos políticos ponen en entredicho tal proceso y la idoneidad de los postulantes que han avanzado a la siguiente etapa. Las prácticas de corrupción que de nuevo son reveladas públicamente confirman la continuidad de alianzas entre élites de poder fuera y dentro del aparato institucional para beneficiarse mutuamente. Esto implica, en términos conceptuales, la reconfiguración corrupta del Estado, que se orienta, mediante práctica ilegales, a subvertir las reglas y a garantizar que en las instituciones se impongan los intereses de tales élites por sobre el interés común y la búsqueda de justicia y democracia.
En este marco, y dado el carácter intacto del régimen político, solo podemos esperar que el sistema de justicia —como el resto de los principales aparatos del Estado— opere en función de intereses de redes y élites de poder. Así las cosas, surge la pregunta: ¿qué condiciones son necesarias para subvertir la captura y la reconfiguración corrupta del Estado?
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