Por el pasado, durante la mañana se instaló un pabellón temporal constituido por las organizaciones que integran el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada en Guatemala.
El campamento de CONAPAMG, el cual se mantuvo una semana antes en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, busca la aprobación de la inicitiva 3869, relativa a la satisfacción de la necesidad de la vivienda a la población carente de la misma. El Grupo de Trabajo impulsa la la iniciativa 3590, la cual contempla crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas.
En la actividad, por la ley sobre personas detenidas desaparecidas, las organizaciones integrantes del grupo (Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-, Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-, el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-), expusieron fotografías con las imágenes de personas detenidas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Personas quienes en su mayoría integraron organizaciones del movimiento social que impulsaba agendas por la vigencia, respeto y defensa de derechos elementales como el derecho a la vida, la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Tres décadas después de que se produjera la mayoría de las desapariciones forzadas cuyo esclarecimiento reclama el Grupo de Trabajo, las familias asociadas a CONAPAMG demandan el acceso a una vivienda digna. Dos luchas unidas en un día pero hilvanadas por la historia. En ambos casos la respuesta oficial es la misma: silencio, inacción, complicidad con la tragedia que sume a miles de familias en la miseria a vivir precariamente o que mantiene a otras decenas de miles en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.
Casi a la misma hora, en México, en la zona fronteriza con Guatemala , el corresponsal del diario El Universal reporteaba para su medio. La nota que vería la luz el 31 de agosto, se trataba del refugio en el país del norte, de 300 personas que provenían de la Aldea La Esperanza, en Petén. Una aldea que fue brutalmente desalojada por ejército y policía guatemaltecos el 23 de agosto, presuntamente por encontrarse en áreas protegidas y por tener vínculos con estructuras criminales. Las familias describieron al medio mexicano cómo las autoriades ingresaron a su comunidad y destruyeron la precaria infraestructura de sus viviendas así como de los servicios básicos de su aldea. Refirieron también que no podían retornar a trabajar sus siembras porque en los terrenos en que estas se encontraban, el ejército impedía el acercamiento. Práctica que también se produjo contra habitantes de las Comunidades de Población en Resisetncia (CPR), durante el conflicto armado interno.
El desalojo de La Esperanza es secuela de anteriores desalojos en Petén y de acciones similares contra población en el valle del Polochic, en Alta Verapaz. En este último caso, la acción del Estado guatemalteco ha sido en favor de una empresa privada que alega derecho sobre una tierra adquirida al margen de la legalidad. En sus actuaciones en el Polochic, el Estado ha privilegiado el interés particular por encima del interés social que representa la defensa del derecho a la vida y las condiciones que garanticen la sobrevivencia.
De manera que, la precariedad de condiciones de vida que torna a millones de connacionales en habitantes de la miseria, la impunidad persistente por crímenes cometidos por agentes del Estado contra la población, la brutalidad de la acción policial y militar contra comunidades desposeidas de los más elementales bienes de subsistencia, así como la tolerancia a estructuras y aparatos de seguridad clandestinos e ilegales, son el marco en el cual se refleja la sombra del pasado. Una sombra que cual ojo de huracán se cierne amenazante con la proximidad de las elecciones. Evento en el cual se anuncia la llegada de un general retirado, protagonista del conflicto armado y por lo tanto partícipe de las acciones del Estado contra la población. Por más que la consigna sea negar o regatear la verdad, los hechos están allí como testimonio de la brutalidad con que se arremetió contra disidentes del orden impuesto que sigue imperando hasta hoy día.
Conjurar la amenaza del retorno del pasado es en las actuales circunstancias una tarea social y una responsabilidad insoslayable. El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de abonar en ese esfuerzo aprobando las iniciativas 3869 y 3590. El electorado, meditando el significado de entronizar a un equipo castrense cuyo rastro aún se pefila con sangre.
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