Se nos repite insistentemente que la minería, la explotación petrolera y las demás actividades extractivas generan enormes beneficios sociales, empleo y desarrollo en general. Y aunque buena parte de la población urbana se traga la píldora de los supuestos beneficios de las industrias extractivas, el conflicto persiste.
Y bien, intentando dar algún crédito a un lado del conflicto, si son tan buenas las industrias extractivas, ¿estaría usted dispuesto a salir a las calles a protestar a favor de ellas? O mejor aún, ¿a arriesgar su vida a favor de un proyecto minero? Y si supusiéramos que su respuesta es afirmativa, ¿la mantendría así si el proyecto extractivo estuviera cerca de su casa, o del centro educativo de sus hijos o ceca de cualquiera de los ámbitos de su vida cotidiana? Creo que si usted lee este mensaje, seguramente no.
Pero por otro lado, quienes se oponen a las industrias extractivas han dejado más que demostrado que para ellos sí vale la pena correr semejante riesgo. Así que acá hay una asimetría de fondo. Esencial. Por un lado está más que claro que lo que está en juego para quienes se resisten a las industrias extractivas (la vida). ¿Qué es lo que está en juego para quienes las impulsan?
Pues, ciertamente no es su espacio vital, o la propia vida de sus hijos y familias. No, para ellos lo que está en juego simple y llanamente es dinero. Dinero, dinero y más dinero. Tienen que inventarse bonitas historias de empleo y equidad de género, gente sonriente que cuenta historietas que dejaron la pobreza y la “vergonzosa” vida de agricultor u otros oficios, para trabajar como bombero y conductora de un camión en una mina. Y sí, quizá haya una docena de casos, o si se quiere, unos cientos. Pero, ¿cuánta gente realmente vive en los alrededores? ¿Cuál es el porcentaje de población aledaña a los proyectos extractivos que se está viendo beneficiada? Y bueno, por no abordar el vergonzoso tema de cuánto en realidad pagan en concepto de impuestos y regalías al Estado, que resulta ser el verdadero dueño de los minerales extraídos.
Así que no nos engañemos. Unos luchan por su vida y su espacio vital. Los otros por dinero. Un conflicto cuya solución requiere la intervención del Estado. Así se ha resuelto en países en el que el uso de los recursos naturales respeta primero la vida de todas y todos, incluyendo aspectos culturales y religiosos (como el respeto a la Madre Tierra y a la cosmovisión maya, “tonteras” contra el desarrollo según los empresarios extractores). En esos países además, la explotación de esos recursos es alta y fuertemente regulada, para asegurar que sea racional y sostenible. Es decir, la generación de ganancias para los empresarios se balancea con otras prioridades humanas y ambientales. Y lo más interesante, que esos Estados han aprendido que eso es bueno para el negocio. Se hace más plata siendo responsable y racional, pero sobre todo, respetuoso.
Es por ello que la posición del gobierno de Guatemala al declarar el estado de sitio en San Rafael Las Flores resulta irresponsable y equivocada. Si el gobierno continúa actuando de manera parcial, favoreciendo la generación de dinero y no la defensa del ambiente y la vida, el daño será irreparable. En vidas, ambiente y, también, en dinero. ¿Cuando van a entender que lucrar del conflicto socioambiental es mal negocio, para los empresarios y para todos en general?
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