No pretendo ser ingenuo: pagar impuestos es algo desagradable, y una reforma tributaria nunca va a ser una medida popular. Sin embargo, la ciudadanía democráticamente más madura entiende que, aunque desagradable, pagar impuestos no es una cuestión de gustos, sino de responsabilidad. Que es parte de un contrato social, en el cual el Gobierno debe cumplir una parte y los ciudadanos otra.
Por muchos años el tema tributario en Guatemala ha estado en crisis, ya que el Gobierno ha incumplido su parte del contrato social. La corrupción de la gavilla de Pérez Molina y Baldetti, evidenciada por las investigaciones de la Cicig y el MP, significa una herida profunda en la confianza ciudadana en sus autoridades. Y el hecho de que todo el escándalo empezara con el caso de La línea, la red de defraudación aduanera que se había apoderado precisamente de la administración tributaria, hizo que esa desconfianza se volviera aún más aguda cuando de pagar impuestos se trata.
Así pues, los escándalos de corrupción del gobierno anterior alimentaron, con justificación, el rechazo a tributar. Ahora que los corruptos están siendo capturados y llevados a juicio para enfrentar la ley, y ojalá sean castigados por sus fechorías, ¿estará la ciudadanía guatemalteca lista para asumir su responsabilidad democrática y aceptar una reforma tributaria que incremente las cargas impositivas?
Mucho me temo que no. Por un lado, abundan quienes se resisten a tributar en una actitud irresponsable y egoísta, pero que por desgracia es aplaudida por no pocos. Por otro, prevalece la desconfianza en el Gobierno. Y aunque el presidente Jimmy Morales todavía goza de apoyo popular, sus errores y desaciertos alimentan esa desconfianza. Así, hay muchos que tienen una aspiración solidaria y de responsabilidad democrática auténtica, pero que condicionan su anuencia a tributar a una demostración fehaciente de que se está combatiendo la corrupción castigando a los responsables y restituyendo lo robado, es decir, de que los impuestos recaudados se utilizarán con probidad y transparencia para atender los graves problemas sociales que sufre la mayoría.
Entonces, ahora que el presidente Jimmy Morales ha confirmado que el Gobierno prepara una reforma tributaria, ¿cuáles serían las condiciones bajo las cuales la ciudadanía estaría dispuesta a tributar más?
Las respuestas posibles a esta pregunta son diversas. El grupo de egoístas e irresponsables seguramente dirá: «Nunca, bajo ninguna condición, pago más impuestos». Las respuestas de quienes tienen aspiraciones solidarias o de responsabilidad democrática varían según su posicionamiento ideológico. Así, las condiciones para aceptar una reforma tributaria incluirían respuestas diversas como, por ejemplo, que sea justa en el sentido de que quien tenga más tribute más; que sea justa en el sentido de que alcance a evasores y contrabandistas y no recaiga sobre los que ya tributan; que no desincentive excesivamente la inversión; que estimule el crecimiento económico; que financie un gasto público transparente, efectivo y con las prioridades correctas; que se concentre en suprimir privilegios injustificados (como las exenciones que gozan las maquilas y las zonas francas), y no en incrementar las tasas a quienes sí tributan; que no afecte la estabilidad macroeconómica; que siga criterios técnicos, y no políticos; etcétera.
Todas estas posiciones, con excepción de quienes dicen no a tributar por egoísmo ciego y de quienes gozan de privilegios fiscales injustificados, tienen una cuota de legitimidad para pronunciarse ante la reforma. La diversidad de estas posiciones con cuotas de legitimidad es lo que hace tan complejo el debate sobre este tema.
El Gobierno ya anunció que prepara medidas legislativas para recaudar más. ¿Estamos listos para plantearle cuáles son nuestras condiciones para aceptarlas o rechazarlas?
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