La represión como práctica sociocultural y sociopolítica ha demostrado ser un fracaso para construir desarrollo en Guatemala. Al contrario, ha resultado un instrumento eficaz de actores sociales hegemónicos, para articular control social sobre el resto de actores y preservar las condiciones de su miseria social y material, y consolidar su poder. Ahí, algunas de las causas de la debilidad del Estado y la sociedad: ese clima social donde se estigmatiza a todo aquel que intente dignificar, promover, defender, proteger y articular mecanismos formales e informales de exigibilidad de sus derechos civiles, políticos y sociales inherentes y reconocidos por el Estado guatemalteco, y por su sociedad.
Un clima donde las acciones del sujeto social son criminalizadas por la mayoría: Por los empresarios y sus cámaras, por los profesionales y sus colegios, por los medios y sus editoriales, por las autoridades y sus portavoces, y por el común de la calle que consume lo que aquellos producen, incluyendo sus ideas, que rápido claman por la “intervención de oficio de las autoridades competentes” para finalizar los bloqueos, produciéndose de nuevo, algunos meses después, el mismo ciclo. Esta reacción colectiva irracional hacia la organización y participación ciudadana activa de sindicatos magisteriales y docentes, de estudiantes universitarios y de nivel medio, de campesinos, trabajadores de la salud, mujeres, o víctimas de violencia, es lamentablemente un proceso lógico e histórico, pero irracional, ya que legitima y afirma más nuestra propia autocensura, nuestra propia indignidad y nuestro subdesarrollo como sociedad, supuestamente libre y democrática.
En Chile, el movimiento estudiantil de nivel medio público logró articular la acción participativa de la sociedad en general, en defensa de los derechos educativos constitucionales amenazados por la mezquina interpretación ideológica del actual mandatario y de la derecha chilena, logrando sentarse con absoluta legitimidad en la mesa de trabajo del gobierno (de la cual estaban excluidos al principio), siendo actores activos de Su desarrollo.
Mientras, acá, los sindicatos magisteriales y otros actores ciudadanos de la sociedad civil, se organizan y participan. Los docentes demandan la ampliación del presupuesto del Estado para el Ministerio de Educación, que en 2011 alcanzó los Q9.1 mil millones, de lo cual más del 90% se destina a funcionamiento. Proponen que el Congreso de la República apruebe una solicitud de crédito de más de Q2 mil millones. Aunque las negociaciones del Pacto Colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala y el Ministerio de Educación en septiembre de 2007, supuso un antecedente de negociación y acuerdo laboral nacional (con implicación política), entre dos importantes actores educativos; es claro que este proceso sociopolítico sigue siendo sectario, sin integralidad, e inefectivo para el desarrollo educativo que necesita el país. La cohesión social entendida como la capacidad de una sociedad para generar bienestar a sus miembros, es un bien público valioso, que organismos internacionales como el BID financian, requiriendo la estabilidad y calidad de las políticas públicas. Hoy la Reforma Educativa, basada en la Descentralización y la Transformación Curricular, intenta sobrevivir teniendo retos al operativizar su Plan de Educación, que incluye ocho políticas, entre ellas políticas de calidad educativa, equidad y de financiamiento sostenible.
La Ley de Educación Nacional identifica a los actores de la educación. Las políticas como intervención pública, buscan lograr resultados al menos de mediano plazo por medio de estrategias, entonces ¿Es la represión judicial de los actores educativos una estrategia efectiva para lograr el desarrollo educativo del país? ¿Se puede esperar esto de los gobiernos siguientes electos “democráticamente”? ¿Es compatible esta estrategia histórica de control social con el reconocimiento como sujetos participativos del que hoy gozamos literalmente y en el espíritu de la Ley General de Descentralización y la Ley de Desarrollo Social? ¿O con los fines del Estado guatemalteco establecidos constitucionalmente: la protección de la persona y la familia, el desarrollo y el bien común?
El desarrollo educativo guatemalteco debe tener como objetivo estratégico, la concertación nacional que construya acuerdos sociales y políticos en educación, involucrando a la generalidad de la sociedad como exige la ley. La concertación no es como la represión, que es una estrategia para el control, ilegítima y fracasada. La concertación es una estrategia para el desarrollo, legítima y exitosa.
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