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A Concepción no le dejan tener luz

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A Concepción no le dejan tener luz

Historia completa Temas clave
  • Tras la privatización de su red eléctrica, Guatemala conectó en veinte años casi todo el país: tuvo su mayor aumento a principios de los 2000 y fue al alza hasta 2006.
  • Desde 2014 hasta 2018, solo aumentó un 2 % la cobertura y faltan fondos para el último 8% de población, que representa más de millón y medio de personas sin luz. 
  • Alta Verapaz es el departamento más desconectado (el 66% carece de luz), y Senahú es el segundo municipio con menor cobertura: solo 2 de cada 10 vecinos la tienen.
  • De las 213 aldeas de Senahú, cerca de 160 carecen de electricidad. Concepción Actelá es una de ellas, aunque desde 2015, los vecinos buscan la conexión al sistema.
  • El alumbrado en Senahú supone un gasto fijo de Q32.5 mensuales, pero en Concepción, creen erróneamente que su factura de la luz no incluirá ese pago, bajo la lógica de que no tendrán postes de luz.
  • El alcalde en funciones desconoce el caso de Concepción, pero ve inviable reducir o eliminar el pago del alumbrado para comunidades sin postes. 
  • Por una sentencia judicial, la Municipalidad de Senahú tiene una deuda con la distribuidora Energuate derivada de seis comunidades que no pudieron afrontar el pago de la factura.

Guatemala electrificó en veinte años casi todo el país, pero faltan fondos para el último 8% de población. Senahú es el segundo municipio con menor cobertura eléctrica, con más de 160 aldeas sin luz. Concepción Actelá es una de ellas, pero la desinformación de los vecinos choca con la indolencia institucional. A las distribuidoras no les interesa, el gobierno tiene otras prioridades y la Municipalidad de Senahú desconoce el caso.

Redes-lateral

Encaramados desde fuera y asomados a una ventana sin cristal de la escuela de la aldea Concepción Actelá, dos niños escuchan curiosos a Emilio Saguí. El agricultor nos dice que las comunidades rurales de Guatemala no pagan alumbrado público. Aunque Saguí es el encargado de energía del comité vecinal, está equivocado: todo inmueble conectado a la red nacional paga por alumbrado público, aunque este no exista. 

La asunción es errónea, pero no es el único que lo piensa. Su lógica parte de que no tiene sentido que se cobre por un servicio a las comunidades aisladas de Guatemala donde ni siquiera hay un poste. Concepción quiere luz, pero no tiene. Según sus cuentas, los escasos ingresos de los habitantes alcanzarían a cubrir la factura. No saben que tendrán que pagar por un servicio que probablemente no recibirán. Como los pobladores de muchas otras aldeas remotas de Guatemala.

En 20 años, Guatemala casi duplicó su cobertura hasta electrificar al 92% del país. El tramo pendiente va lento. En 2019, el Gobierno lanzó una política de electrificación rural, sin saber desde un principio qué fondos puede aportar anualmente ni qué cantidad tendría que provenir de instituciones privadas, según consta en el documento. A finales de los noventa, la cobertura del 100% del país estaba pensada para 2003. Luego pasó a 2020. Ahora, la ambición es 2032. 

Concepción Actelá pertenece a Senahú, donde más de 56,000 personas viven desconectadas. Este municipio está en Alta Verapaz, el departamento con menor acceso a electricidad en Guatemala. Casi la mitad de los pobladores (44%) vive sin luz. Senahú es pobre entre los pobres: seis de cada 10 personas están desempleadas, es el cuarto municipio del país con el mayor porcentaje de viviendas con piso de tierra (72%) y donde cuatro de cada 10 habitantes mayores de cuatro años nunca fue a la escuela. En Senahú hay 213 aldeas y alrededor de 160 no tienen luz. Concepción Actelá es una de ellas. La desinformación de los vecinos en torno al costo que tendría resolver su anhelo de acceder a electricidad tiene su origen en un histórico abandono institucional.

A las nueve de la mañana, los niños tendrían que estar en clase, pero el centenar de alumnos corretean por las amplias y rudimentarias instalaciones. Unas niñas juegan al fútbol en el campo, mientras Saguí exhibe diez documentos sobre la mesa. El encargado de energía lleva cuatro años en busca de conexión: tiene las firmas de los 181 vecinos que quieren luz, el estudio de medición del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la firma del alcalde que concede el derecho de paso para instalar el sistema, pero depende de que el alcalde solicite de nuevo la conexión al sistema a Energuate, la principal distribuidora de energía del país, mediante su filial en la zona, Deorsa. Desde 2018, Saguí carece de noticias de por qué Concepción aún no tiene luz.

Saguí se dirige al comité vecinal. «En el área rural no se cobra el alumbrado público», traduce Selvin Cruz, un maestro originario del municipio de Panzós, que trabaja en la escuela de Concepción Actelá. Explica en español lo que Saguí afirma en q’eqchi, el idioma de la comunidad. Los miembros del comité asienten. Y Selvin Cruz añade, a modo de comentario: «Piensan ellos que sí van a poder pagar el consumo».

Saguí dice estar seguro de que su comunidad, a pesar de la precariedad, podría pagar la factura por consumo residencial, que en el área rural ronda los Q35 (US$4). Pero ignora que cuando su pueblo esté electrificado, la factura que reciban los vecinos llevará un cargo de Q32.50 mensuales por alumbrado público. Es la tasa que impondrá la alcaldía de Senahú, como hacen las municipalidades de otras aldeas sin luz de Guatemala.

Esos Q67.50 (US$8.07) al mes equivalen a una sexta parte del ingreso promedio de muchos hogares de Concepción Actelá, una comunidad formada por familias numerosas. El salario de un hogar depende básicamente de un padre de familia agricultor que, por cosechar café y cardamomo para una cooperativa local, cobra no más de Q400 al mes.

Los pobladores de Concepción se saben parte de ese millón setecientas mil personas a oscuras en Guatemala, según las proyecciones de población de 2018, aunque hay algunos escasos hogares que se han procurado energía por sus propios medios, y tienen muchas dificultades para pagarla.  

El único requisito que exige Energuate para conectar una aldea a la red nacional es que el pueblo quede a un máximo de 200 metros de sus redes. Concepción Actelá está a veinte minutos en carro o moto de la última torre de transmisión. Energuate no está obligada por ley alguna a conectar a Concepción, pero la búsqueda comunitaria de respuesta institucional es un retrato de la indolencia: al alcalde en funciones ni le suena el caso de Concepción, y el ministro de Energía no quiere ni ser entrevistado ni permite a otros funcionarios explicar cómo resolver la situación de los comités vecinales que, como el de Emilio Saguí, quieren salir de la oscuridad.

El posteado inexistente

Las municipalidades definen el precio que los vecinos deben pagar por el servicio de alumbrado público. Esa tasa se suma al cobro por el consumo de energía, subvencionado por una tarifa social que beneficia a los usuarios que consumen hasta de 73 kW/hora al mes. El total del cobro se hace por medio de la factura de la distribuidora a cada casa conectada, independientemente de si las comunidades en realidad no reciben el servicio. 

Varias comunidades de Senahú que lograron conexión antes que Concepción se habían resistido a hacer el pago de la tasa porque lo consideran injustificado, así que las facturas de la distribuidora se quedaron sin cobrar. La distribuidora acudió a la justicia y un juez terminó responsabilizando a la municipalidad por el pago de una deuda que totalizaba un millón de quetzales (US$130,000) para esas seis aldeas que dejaron de pagar por la luz. Hoy, la alcaldía aún debe a Energuate Q241,000 por ese caso. La deuda es de las aldeas, de los habitantes, pero el juez sentenció a la municipalidad porque tiene capacidad de pago, aunque implique sacar el dinero del presupuesto local. Esta situación se ha repetido en otros municipios del país en los que la precariedad de ingresos se cruza con la necesidad de servicios, y hay deudas comunitarias de hasta Q30 millones. Concepción Actelá podría caminar ese mismo sendero, pero antes de eso debería tener electricidad. 

El pago del alumbrado público tiene un precio variable según cada municipio. La tasa a los usuarios que carecen de ese servicio en sus lugares de origen se justifica desde las municipalidades con el argumento de que un aldeano cuyo poblado tiene las calles a oscuras sí goza del servicio cuando visita la cabecera del municipio. Concepción Actelá queda a hora y media en carro de la cabecera Senahú, o a ocho horas a pie, que es como se mueve la mayoría de vecinos en las comunidades. 

Casi todos los 200 postes de la cabecera tienen lámparas de mercurio y consumen 500 watts, un derroche de energía que se podría evitar con focos LED. Por recomendación de Energuate, en Senahú han empezado a poner ese tipo de bulbos, pero cada uno cuesta Q500 (US$65). 

Iván de la Cruz, alcalde en funciones de Senahú, nos atiende ante la ausencia del titular, que está en otra actividad. De la Cruz calcula que no más de 50 comunidades —de las 213 que hay en el municipio— tienen luz. En total, 56,000 personas viven a oscuras en Senahú, según  datos del Ministerio de Energía. 

El funcionario sí teme que los pobladores de Concepción tengan dificultades para costear el servicio de electricidad. «El precio por el servicio es demasiado elevado para nuestras comunidades por la situación de pobreza y extrema pobreza». De la Cruz prevé una alta posibilidad de impago. «Nos reclaman cuando ya no pueden pagar porque nadie les explicó que van a pagar el posteado público. Ellos quisieran que la municipalidad interviniera y les exonerara del cobro», dice, como si la municipalidad no tuviera decisión sobre la tasa.

—Si el alumbrado público es una tasa municipal, ¿no estaría en sus manos eliminar ese cobro o bajarle el costo? —preguntamos al alcalde en funciones.

—No, no está. Podría bajársele el costo pero a estas alturas, mientras exista esa deuda, no podemos entrar a negociar nada con Energuate —responde. 

Para bajar la tasa del alumbrado público no deben negociar con Energuate. Es una decisión del concejo. Siete horas de distancia en carro separan las posiciones oficiales. En Senahú, el alcalde De la Cruz elude la posibilidad de contratar a un asesor comunitario y afirma que Deorsa presta el servicio a las comunidades, sin indicar la obligación de pagar por el alumbrado. Desde el edificio corporativo de Energuate, en Ciudad de Guatemala, el vocero de la compañía, Mynor Mezquita, advierte que sus clientes por el servicio de alumbrado público son las municipalidades, a ellas les facturan el consumo de sus lámparas y, gratis, recaudan la tasa en la factura a los usuarios finales, y por lo tanto, las alcaldías son las responsables. 

Mezquita opina que nadie debería pagar más por el alumbrado público, que por su propio consumo. Pero algo se desequilibra si el gasto domiciliario promedio a nivel rural oscila entre 30 y 35 quetzales (entre US$4 y 4.50) y el alumbrado por factura de Senahú cuesta Q32.50(US$4.30).

El negocio de la luz

La futura electrificación de la aldea Concepción probablemente choque con la economía de los cerca de 200 vecinos. Si el extremo de la pobreza es que la tierra no rinda, con sus improductivas y escarpadas parcelas de frijol, maíz y piña, la gente vive además en el extremo del infortunio. En esta aldea que huele a naranja, mango y zapote, la mayoría de mujeres trabajan en sus hogares de techo de lámina y piso de tierra. Y los hombres laboran históricamente para la cooperativa Secuachil, ubicada en una aldea cercana, por Q25 (US$3) al día, no más de 4 días por semana. Un pago muy alejado del salario mínimo diario rural, Q90 al día (US$11), pero que rara vez se paga. 

La comunidad de Concepción desea la electricidad, pero ese anhelo se complica por una carga financiera que arrastra desde hace 21 años y que, lejos de desaparecer, con el tiempo ha crecido como un monstruo. 

En 1998 hubo una malísima cosecha por las fuertes lluvias que provocó el huracán Mitch. Hubo deslaves, inundaciones, carros flotando por las carreteras. Los miembros de la cooperativa quedaron a deber unos Q75,000 (US$9,825) a Fedecovera, la red de cooperativas a la que Secuachil pertenece y que es propietaria de las tierras en que siembran café y cardamomo. Es el trauma de la comunidad porque los años elevaron la deuda hasta cerca de Q12 millones (algo más de US$1.5 millones). Los ingresos son bajísimos, porque les descuentan dinero para pagar la deuda de dos décadas, el terreno en que está la cooperativa y los impuestos. 

La electricidad que quieren pagar parece, en principio, prohibitiva para sus bolsillos. Quizá la comunidad podría redirigir lo que gasta en candelas y gas, para pagar la factura. Pero Concepción, en este punto, depende de la municipalidad, luego de la distribuidora, y después, de su suerte económica. 

De vecina, una hidroeléctrica  

En Guatemala, las instalaciones de una generadora privada pueden estar  al lado de un pueblo desconectado y no le va a dar luz. De hecho, sucede a menudo. La Ley General de Electricidad no permite que lo hagan y nunca se ha debatido una reforma en el Legislativo. De fondo subyace el hecho de que electrificar las regiones más pobres de Guatemala no es negocio. No importa que a quince minutos en carro de Senahú esté la hidroeléctrica de Secacao: la energía que produce se vende en el mercado mayorista.  

 

 

El expresidente Álvaro Arzú, uno de los políticos más poderosos de la oligarquía tradicional, empujó la privatización del servicio de generación, distribución, transmisión y comercialización de la energía con la ley general de Electricidad 1996. El Plan estatal de Electrificación Rural (PER) arrancó en 1998 y permitió en parte que el país pasara en veinte años de un 50% a un 90% de cobertura a través de un fideicomiso. La venta del 80% de las acciones de las dos distribuidoras del INDE (Deorsa y Deocsa, hoy de Energuate) generó US$100.8 y a esto el gobierno sumó otros US$232, a través del INDE. El objetivo fue electrificar 2600 comunidades o lograr 280,000 nuevos clientes (lo que pasara primero). Inicialmente, el PER estaba planificado para cinco años. Esto no ocurrió. La electrificación tuvo su mayor aumento a principios de los 2000 y fue al alza hasta 2006, que hubo una bajada. Desde 2014 hasta 2018, solo aumentó un 2 % la cobertura. 

A nivel mundial, la conexión del último 10 % es la más compleja porque corresponde a zonas más aisladas. El INDE propone alianzas público privadas para lograrlo. Pero en 2018 invirtió solo el 0.73 % de su presupuesto en electrificación rural. En 2018, en su informe anual, el INDE creía que el país podía estar completamente electrificado en 2020. Las expertas no son tan optimistas: en 2030, Guatemala necesitaría un 0.8% adicional al PIB para cerrar la brecha de acceso a la electricidad, calcula Lourdes Ramírez, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) . 

El Ministerio de Energía apunta hasta 2032 en su más reciente política de electrificación rural, pero no aclara cómo conseguirá los fondos ni cuánto destinaría el Estado. La conexión del 8 % que falta por electrificar es el reto de la Dirección General de Energía. Quizá la solución final sea que el gobierno instale paneles solares en las comunidades aisladas faltantes, o apoye para construir microcentrales hidroeléctricas comunitarias. Ambas son posibilidades que los expertos sugieren como las alternativas más razonables, porque ya se han realizado con apoyo de cooperación internacional. En este punto, la inversión estatal en proyectos como el de Concepción está en pausa. En 2018, el Inde solo destinó el 0.7% de su presupuesto a electrificación rural. 

En todo este camino de privatización, las acciones de Energuate han pasado de manos españolas (Unión Fenosa y Gas Natural), a inglesas (Actis) y luego a israelíes (IC Power, subsidiaria de la israelí ICG). El 80% de las acciones de EEGSA pertenece a Grupo EPM, de Medellín. De la transmisión se encarga sobre todo Tregsa, propiedad de Grupo Empresarial Bogotá (GEB). Un juego de siglas muestra que el negocio de la energía en Guatemala está en muchas manos extranjeras. Hoy Deorsa y Deocsa integran Energuate, que distribuyen en el oriente y occidente del país, mientras que en el centro y sur está la otrora estatal Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA).

Guatemala es hoy el país que más energía produce de Centroamérica y el que más barata se la cobra al usuario final, pero la prisa desapareció para ese 8% que representa alrededor de 4,000 comunidades más o menos remotas, como Concepción Actelá. 

La escuela sin computadoras

El patio de tierra de la escuela primaria de Concepción funciona como una especie de plaza. Éste es un pueblo que se expande a los lados de un lodoso camino lleno de meandros. En 2019, el Ministerio de Educación iba a donar las primeras 15 computadoras a la escuela, pero como no tenía instalación eléctrica, no se las dio. «El proyecto se fue a otro lado», dice en español Eduardo Caal, quien ha sido director del centro educativo durante los últimos veinte años.

Esta mañana de principios de junio, la puerta de la oficina del director no cierra. Decenas de niños permanecen agolpados atentos a la reunión del director del centro. Está con el comité vecinal, del que forma parte Emilio Saguí, el experto en energía que un hora antes aseguraba que no les cobrarán por el alumbrado público. Es difícil escuchar a las autoridades por la bulla que hacen los estudiantes. El presidente del Cocode quiere obtener una respuesta, lo dice dos veces, sobre cuándo llegará la energía. Pero el desconocimiento que manifiesta el alcalde en funciones de Senahú sobre las necesidades de Concepción y el hecho de que ninguna autoridad municipal ha visitado la aldea en estos años, no da muy buenas expectativas de apoyo institucional. 

«No contamos con energía, ya se hizo la solicitud, pero no hubo respuesta. Queremos obtener una respuesta, porque es muy necesaria la energía, en las iglesias y en el centro educativo», dice Antonio Cac, presidente del comité vecinal de esta evangélica aldea, mediante la traducción del maestro Selvin Cruz.

La universalización de la energía es difícil de alcanzar. Las diferencias entre los países del Triángulo Norte ilustran el por qué: mientras El Salvador, más urbano, está en un 97 % de cobertura, Honduras, con comunidades más dispersas y una empresa eléctrica mal gestionada y muy endeudada, apenas alcanza el 75 %. 

El 92 % de cobertura de Guatemala es un buen avance, pero el hecho de que haya un millón y medio de personas fuera de la red eléctrica se explica porque es el país más rural de los tres, con alta dispersión geográfica, y accesos generalmente de terracería, en lugares en los que la gente vive en condiciones de mucha pobreza. «Estas características hacen que llevar energía a estas personas no sea rentable para las empresas distribuidoras, porque los costos de conectarlas a la red de distribución central son muy altos», dice Lourdes Molina, experta en energía del Icefi.

Y la carencia de electricidad solo profundiza las demás carencias de la comunidad. El impacto en la alimentación es un ejemplo que ayuda a entender las consecuencias de vivir desconectados. Los dos maestros y las dos maestras de Concepción son de otros pueblos. Sólo Selvin Cruz, el traductor, duerme entre semana en un casa de la aldea cercana a la escuela. Todos los días, las dos maestras suben en moto carne o pollo para la comida escolar de los niños desde un municipio a cuarenta minutos. Es así porque en la aldea no hay refrigeradora donde preservar alimentos perecederos. Para cuando los estudiantes acaben la primaria, su educación seguirá complicándose: la escuela de secundaria está a tres kilómetros y no tiene luz, y la de diversificado más cercana está a cinco kilómetros. 

El efecto en la educación no solo lo provoca la distancia y la falta de energía, también el machismo. «Muchos papás retiran a sus hijas y dejan a los varones estudiando», lamenta Caal, el director de la escuela, que dice haber logrado revertir esa tendencia y empezar a mantener cada vez a más niñas en el centro.

«Lo que Dios me regale», suele decir la evangélica gente de Concepción, en referencia a lo que pueden aspirar. Caal, menos optimista que el comité vecinal, está seguro de que la posibilidad de pagar será oscilante: «Las personas acá no podrán tener una refri, tendrán dos bombillas. Seamos realistas: unos podrán y otros, no». 

Los extremos de la miseria

A los lados del camino de tierra que cruza Concepción están los dos rostros de la enorme distancia económica que ilustra la posibilidad de la luz: una mujer que gana Q25 semanales y un hombre que logra Q750 en el mismo tiempo.

En su gran mayoría, la gente de Concepción Actelá es como Marta Can, que dice tener unos sesenta años, no está segura, ni tiene documentos para probarlo. Con nueve hijos, además de cocinar y cuidar a su familia, sale de su modesta casa hecha de palos de madera, a vender comida que ella cocina. A sus Q5 diarios se suma el salario de Q25 diarios de su marido, Víctor Chocooj, que trabaja la tierra que le presta la cooperativa Secuachil. Eso es cuando obtiene trabajo.

Desconoce cuánto ganan juntos al mes. Quizá, dice, Q400, para alimentar a once personas: dos hijos, sus esposas, y cinco nietos. A Marta Can le gustaría saber leer para cantar las canciones de la iglesia. Es hora de clase, pero las dos nietas están en casa esta mañana. También otros dos nietos. Hoy solo el quinto que falta está en la escuela. 

Mientras Marta quema gas en sus candiles, en la tienda y molino de enfrente hay un generador eléctrico de gasolina y un panel solar. Es el negocio de Victoriano Saguí, de 35 años. Es uno de los siete vecinos que tienen un negocio propio, por el que calcula ingresar unos Q3,000 mensuales, con lo que viven su esposa e hijo. El treintañero es una rareza en esta aldea sin luz: todo un caso de éxito en medio de una oscura miseria de la que salió gracias a que su suegro le dio para alquilar una casa en otra aldea, donde también vende helados.

En el día, decenas de mujeres acuden a la tienda de Victoriano a moler su maíz cocido por Q10, la cubeta plástica pequeña. En cuanto oscurece, la dependienta de la tienda enciende una candela y varios hombres compran cerveza tibia o casi caliente —porque no hay refrigeradora—, arremolinándose alrededor de la ventana del mostrador como si fuera un bar. 

Antes de las seis de la noche, Marta Can, ajena a lo que sucede a veinte metros, enciende el candil de su cocina para preparar las tortillas que cenarán. No va a la tienda porque se acuesta a las ocho en su cama —que más parece un banco— de madera. Ambos vecinos quieren que haya electricidad. Victoriano Saguí está seguro de que podrá pagar la factura, porque comprará una refrigeradora, subirá Q1 el precio de las sodas y venderá cortes de pelo. Pero Marta Can, con tan bajo salario y tanta familia, lo ve muy difícil. Es la desigualdad de las vicisitudes.

El devenir de esta aldea sin luz es una historia de tener y perder. Todo su trabajo siempre ha sido para otros. La historia de esta comunidad la cuenta el más anciano, don Juan Pop, un activo y platicador hombre de 101 años. Sentado en un banquito, en medio de su casa de piso de tierra, se extiende en largas respuestas en q’eqchi —luego traducidas por el maestro Cruz— mientras sus dos nietos corretean a su alrededor.  

Dice Pop que, a principios del siglo pasado, él y decenas de personas recolectaron café en la finca Actelá, propiedad de un señor alemán de apellido Bixel. Actelá significa palo de espina. Al parecer, años después Bixel abandonó Guatemala y ofreció a los empleados una porción de tierra sin escrituras. Unos siete ex trabajadores de la finca, Pop incluido, eligieron vivir en una zona bastante improductiva, por donde nunca antes habían pasado. Pero fueron generosos con los patrones: llamaron Concepción Actelá a su aldea en honor a la esposa del finquero, que les regaló una estampa de la virgen de la Concepción. 

Siempre según su extenso relato, pasaron varios administradores por la finca y fueron vendiendo parcelas a nuevos propietarios. En teoría las comunidades eran dueñas de las tierras, pero en la práctica,  jamás recibieron títulos de propiedad. Solo el presidente Jacobo Arbenz, con su Reforma Agraria, aseguró que nadie les quitaría lo suyo. A finales de los cincuenta, llegó Fedecovera, una gran cooperativa a controlar las tierras y su producción.  Varias comunidades fundaron la cooperativa Secuachil para cultivar y cosechar café y cardamomo y vender a la que es hoy una de las cooperativas más grandes de Alta Verapaz. 

Los pocos vecinos que se atreven, hablan con pánico de Fedecovera. Ni hablar de pedir subida de salario, eso elevaría la deuda, responden temerosos. Solo Juan Pop no tiene miedo. Quizá porque ya le da bastante igual. Pop es el vecino más anciano de la aldea. Es jubilado pensionista de la cooperativa y antes trabajó en la finca Actelá. Habla sin temor, de corrido, sin apenas espacio a preguntas. «Nunca, ni en la finca, tuvimos luz», dice este padre de nueve, que con su pensión de Q500 (US$65), mantiene a dos de sus hijos desempleados y sus dos nietos. Pop reivindica el derecho de la gente a su dignidad laboral y a tener luz. Cree confiado en que él, como Victoriano Saguí, pagará la factura eléctrica.

En el municipio de Senahú, la luz se vuelve a distintas velocidades un conflicto social, económico, municipal y judicial. Y las distribuidoras no van a aceptar perder: pueden aceptar pagos de deudas en comodísimos plazos de 4 años, siempre que una comunidad quiera luz y esté a menos de doscientos metros de sus redes. A más de ocho horas de distancia, la brutal realidad de Guatemala, aún y con su 92% de electrificación, la define el vocero de la principal distribuidora del país: «Si son 100 familias y tenemos que construir 40 kilómetros de red, eso no está en nuestra disposición». 

 

 

Concepción Actelá es una aldea en pausa, una de las 4,000 relegadas por el Estado —porque necesita más fondos para conectar comunidades remotas—; y por el sistema eléctrico, porque el servicio de electricidad es visto más que como una necesidad básica, como una mercancía. Un lugar con una deuda cooperativista que limita más aún su futuro eléctrico, por más voluntad que le ponga la comunidad para tener luz. Y si, como muchos admiten, no pudieran pagarla, Concepción es una aldea a la que podría pasarle lo mismo que las seis comunidades dejaron de pagar la factura y llevaron a Energuate a demandar a la municipalidad.

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