Conceder recursos naturales como Gauchitos

Algunos podrán decir que no entienden por qué la oposición a las hidroeléctricas, si –aparentemente- no tienen efectos significativos en el ambiente y entonces es puro berrinche de los bochincheros. Pero es que la cosa no es tan simple, hay que ver más allá. Tiene que ver con la forma como las empresas privadas se instauran y el papel de las instituciones del Estado (ministerios, municipalidades, ejército, etc.).

En varios lugares se han instaurado hidroeléctricas y lo irónico es que las comunidades que están alrededor no tienen energía eléctrica. También hay casos en los que quienes controlan la hidroeléctrica son extranjeros y la idea no es solo prestar un servicio básico a los pobladores (como lo podrían hacer las municipalidades), sino buscar ganancias, entonces, el precio que tienen que pagar los pobladores sube. ¿Es esto justo? Junto a comunidades marginalizadas y empobrecidas hay unos cuantos enriqueciéndose a costas de un recurso natural. En estas mismas comunidades, donde el Estado no se ha hecho presente históricamente (por ejemplo, no hay escuelas ni centros de salud), resulta que de repente aparece con decenas de policías o elementos del ejército para resguardar una empresa privada reciente en el lugar.

Para otros es muy simple: la Constitución dice que el suelo y subsuelo le pertenecen al Estado y por lo tanto, puede concederlos como quiera, cuando quiera y a quien quiera (cual Gauchito). Ya la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la que dijo que las consultas a las comunidades no valen así que pueden decir cien veces que no quieren un proyecto en su territorio y no importa, igual se va a hacer lo que la empresa y el gobierno arreglen y dispongan.

¿De verdad nos tenemos que sentar de brazos cruzados y ver lo que sucede porque no se puede hacer nada por lo que la Constitución y la CC dicen? Pero es que yo también recuerdo el artículo que habla que el Estado debe proteger a la persona y buscar el bien común.

Y es que hablamos en términos tan abstractos que se nos olvida que el Estado está conformado por instituciones y un gobierno de turno, y en cada uno de estos espacios hay personas con nombres y apellidos. Personas que llegaron a estos puestos porque son de algún partido político, por cuello o porque fue colocado ahí para velar por los intereses de sus financistas. No es casualidad que hayan funcionarios en instituciones clave vinculados a empresas privadas, como este gobierno lo ha hecho. De esa cuenta es que no creo en el sistema político vigente.

Está claro que el principal objetivo de cualquier empresa es ganar dinero, la mayor cantidad posible, y en este mundo globalizado, las grandes empresas buscan los países en donde tengan que gastar menos (egresos en términos de impuestos, salarios, etc.) y puedan ganar más (ingresos gracias a la explotación de recursos naturales abundantes y de fácil acceso). Son empresas, y aunque a mí me gustaría que su visión y conciencia social fuera más que una RSE (Responsabilidad Social Empresarial que muchas veces no es más que las obligaciones que las empresas deben cumplir pero pintadas de acciones bondadosas y caritativas que tenemos que agradecer y además exonerarlas de impuestos), lo cierto es que son empresas.

Entonces, ¿qué nos queda? Exigir un Estado que vele por el bien común, es decir, el bien de las mayorías. Pero ¿cómo, si los funcionarios están colocados para velar por el bien y las ganancias de unos pocos? De esa cuenta, no me resulta tan extraña aquella ideología que aboga por la reducción del Estado y que se mantenga alejado del mercado, que lo deje al mercado ser y florecer.