Con las patas al revés

Rubén Zamora, en una nota en elPeriódico el 16 de mayo, nos alertó por primera vez: “Sitiado en Quetzaltenango, Chamalé buscó a sus conectes, aquellos a quienes él ayudó generosamente y que, hasta ahora, le ayudaron generosamente y visitaban discretamente. Así, pidió auxilio a Gloria Torres, entonces todavía primera cuñada de la Nación, y al flamante ministro de la Defensa, general Abraham el Chucho Valenzuela. Ambos atendieron el SOS e hicieron las gestiones, infructuosas, según se ve”.

Ahora sabemos que después de este episodio, el general Valenzuela fue destituido, al igual que su hermano, quien era encargado de contrainteligencia militar. De Gloria Torres podemos decir que fue defenestrada de la UNE y en su contraataque pretende llevarse a su hermana. Si lo consigue, el próximo 11/9, las otras Torres gemelas habrán caído en Guatemala.

Otra historia igual de turbia la protagoniza el que fuera ministro de la Defensa del gobierno de Portillo, Eduardo Arévalo Lacs, a quien se le sigue juicio por peculado por el robo de Q120 millones a través del Ejército en 2002 y que, insólitamente, ha sido absuelto en primera instancia.

Durante el gobierno de Berger, en septiembre del 2006, se aprobó un acuerdo que mandaba protección por un año al máximo jerarca de la cartera de Defensa, una vez que hubiera cesado en su posición.

Hasta aquí la historia, pareciera que tiene sentido la medida. Sin embargo, esta semana se modifica ese acuerdo del 2006, para que el Estado brinde protección al ex funcionario y su familia por el doble del tiempo que ocupó el cargo. En el caso de Valenzuela, beneficiario inmediato de esta medida, que sirvió en el puesto por más de dos años, significa que tendrá protección estatal por cuatro años o más. Óigase bien, el Estado Guatemalteco destinará recursos públicos para brindar protección por ¡cuatro! largos años a un hombre que fue destituido por sus vínculos con el narco.

Este hecho, de por sí indignante, se vuelve aberrante cuando nos damos cuenta de que con estos mismos recursos se podría dar protección a aquellos buenos jueces que se juegan la vida con casos de alto impacto, sin que el Estado sea capaz de brindarles protección. La ley de protección de jueces aguarda en el Congreso, y el propio ministro de Gobernación ha dicho que no tiene recursos para este propósito.

El presupuesto es como un pastel que se parte y distribuye de acuerdo con prioridades políticas. Entonces, ¿tiene sentido que asignemos recursos para proteger a estos personajes de dudosa reputación, mientras dejamos desprovistos a los profesionales que combaten heroicamente el crimen?

Otra vez, el gato con las orejas de trapo y las patas al revés. ¿Querés que te lo cuente otra vez?