Con la misma chamarra

Si estuviéramos ante grupos militares –o paramilitares– aplaudiríamos la disciplina con la actuaron, y si los seleccionados lo hubiesen sido mediante procedimiento transparente, en el que sí y sólo sí se hubiesen considerado los méritos y la honorabilidad, diríamos que se escogió entre los mejores. Pero no es lo uno ni lo otro. El debate abierto y transparente sobre las calidades de los candidatos no se produjo en el Congreso, y el proceso previo de selección de los candidatos fue un amontonado de maniobras, intervenciones externas, tráfico de influencias, falta de transparencia y de  honestidad.

Los encarnizados rivales, esos que se propinan rodillazos, se destruyen megáfonos, se mientan la parentela, y dicen hasta que los otros les amenazan de muerte, por un milagro de no se sabe qué santo firmaron la paz, suspendieron una ineficaz e insípida interpelación y aprobaron, todos juntitos, la lista única de los máximos jueces de nuestro sistema de justicia. Naranjas y colorados unieron fraternalmente sus manos para, “por su justicia”, nombrar a los escogidos por otros. No importó que el procedimiento legal no se hubiese agotado y, cansados de cuidar las formas, declararon súbitamente  su ya inquebrantable y eficaz alianza.

Es evidente que el hecho no fue producto de la iluminación del Espíritu Santo a los 95 santos varones y damas de ambos partidos, sino producto de una ágil negociación que vino a demostrar que a ambas organizaciones, típicas franquicias electorales, las mueven los mismos intereses y las mismas intenciones.

Queda demostrado, por si alguien aún tenía dudas, que ambos grupos son caras de una misma moneda. Que las disputas son simple y llanamente actuaciones y enfrentamiento entre hermanos de una misma familia, donde lo que se privilegia son los beneficios personales y no los intereses del país. Las interpelaciones se han convertido en simples formas de evitar el ejercicio democrático del parlamentarismo, poniendo en el banquillo a aquellos ministros cuyas carteras a ambos grupos les importan un comino –Cultura y Educación– y que, de común acuerdo, pueden durar todo lo que ellos mismos quieran pues, cuando hay intereses “superiores” de por medio, mansa y aceleradamente suspenden su chamusca.

Si se consideran los señalamientos que a los candidatos seleccionados se han hecho, es fácil notar que por lo menos cinco de los más claramente identificados con el actual régimen militar han sido seleccionados (Aguilar, Stalling, García, Chalchal y Pineda), candidatos que si en verdad la otra franquicia fuera opositora habría tratado de impedir que llegaran a la Corte, pues es evidente que, puestos a juzgar, tendrán intereses a proteger cuando de miembros del actual gobierno se trate.

Supóngase que por x razón el Presidente, la Vice presidenta o alguno de los actuales ministros es llevado a antejuicio. Si la ética fuera la norma, cinco de los miembros de la CSJ tendrían que inhibirse o, lo más que seguro, votarían para que ese extremo no se presentara. E igualmente: en un hipotético gobierno Lider, si éste quisiese juzgar a algunos de los jerarcas de este gobierno, encontraría clara y rotunda oposición en al menos cinco de los miembros de esta nueva Corte.

El pacto entre franquicias, pues, es evidente. Es un pacto de impunidad que corona el turbio y opaco proceso que las comisiones de postulación realizaron. Pero es también un pacto anti y contra la democracia. Las etapas públicas del proceso de postulación fueron obviadas, y si la figura de la interpelación ha sido el instrumento de la solapada cooperación en detrimento del ejercicio parlamentario, esta votación ha sido un clavo más en la tapadera del ataúd de lo que alguna vez quiso ser una democracia.

Los riesgos mortales de nuestra ya raquítica y moribunda institucionalidad están a la vista, es de esperar que derechas e izquierdas democráticas levanten su voz, pero más que eso, unan sus fuerzas para rescatar no sólo la economía sino, sobre todo, el futuro de toda una nación.  El esfuerzo vale la pena, pues en ese esfuerzo nos jugamos el futuro.

Un sistema de justicia independiente es indispensable para todos, y no hay que temer a juicios de generales genocidas o capitanes extorsionistas, que aquel empresario que haya financiado o participado en esos actos también tendrá que ser juzgado. Pero eso es necesario para construir el futuro. Por el contrario, si en la búsqueda de la particular o corporativa impunidad se apoyan estas triquiñuelas, los que ya han asaltado el poder lo destruirán todo y no quedará piedra sobre piedra de nuestra endeble institucionalidad.