En lugar de intentar ampliar sus alianzas y apoyos con vistas a llegar lo menos maltrecho posible al final de su mandato, pues aún puede superar la solicitud de antejuicio, ha optado por satisfacer sus intereses personales cobijándose en los brazos de lo más espurio y ruin de la política y la economía nacionales, que va de la ultraderecha trasnochada a narcotraficantes como Marvin Montiel, alias el Taquero.
Jimmy Morales, ensoberbecido por su pírrico triunfo electoral, producto de una coyuntura que no llegará a repetirse y en el que sus cualidades políticas y humanas no tuvieron casi nada que ver, ha decidido jugar al gran cacique y caporal al exigirle a Naciones Unidas que destituya a Iván Velásquez porque este lo investiga por financiamiento ilícito de su campaña.
Evidentemente, su credibilidad internacional, más que mejorar, caerá más por los suelos, pero en su parroquial manera de entender la política se considera con el poder suficiente para hacer y deshacer en su pequeña finca, donde quiere que prevalezcan sus intereses personales y los de sus cómplices. Que se lo vea unido a lo más nefasto de la política y del crimen organizado poco le importa: él quiere tener lejos a Iván Velásquez Gómez, aunque con ello se despierten con mayor furor y sangre los dragones que han carcomido por décadas la cultura y la moral política y económica de Guatemala. Se cree omnipotente, cuando en realidad está más que acorralado.
La más simple lógica política aconsejaría que, en momentos como los que atraviesa el Gobierno, lo menos que se debe hacer es enfrentarse a actores que gozan de amplia credibilidad y de apoyo ciudadano. Con solo mirar alrededor es posible notar que ya no se está en los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando la ideología hegemónica impuso la creencia de que el más confiable y seguro era el Ejército nacional, entendido como el grupo de oficiales de alta graduación. Esa idea ya es cosa del pasado. Los múltiples actos de corrupción de algunos y las prácticas sanguinarias y terroristas de otros han tirado por la borda el escaso respeto que la población podría tenerle a la alta oficialidad. Son esos oficiales corruptos y sanguinarios los que, entre otros, impulsan y apoyan a Morales para que expulse al responsable de la comisión contra la impunidad y trate de salvar su más que desastroso mandato.
Están con él los sectores más radicalizados de la derecha, los que aún creen que pueden sobrevivir considerando enemigo a todo contrincante y acusándolo de comunista: los que, predicando neoliberalismo económico a ultranza, se niegan a construir democracia y, a cada vuelta que dan, resultan asociados a empresarios corruptos metidos en política, como Alejandro Sinibaldi. Y, lo más alucinante del caso, se lo ve apoyándolos en su absurda cruzada proimpunidad por criminales como el Taquero, reo convicto por múltiples crímenes. Morales quiere evitar lo sucedido a Pérez Molina, pero el camino que tomó al recibir y repartir dinero sin control en su triunfal campaña lo tiene ahora contra la pared y parece estar solidariamente acompañado por ministros y funcionarios otrora activos críticos de su candidatura o valerosos persecutores de criminales.
Comenzó su período como un gobernante anodino y cada día que pasa resulta más errático y vinculado a los sectores menos honestos y dignos de la sociedad guatemalteca, al grado de estar ahora contra las cuerdas porque, educado y formado en la vieja política, no llegó a entender que la honestidad comenzaba en el manejo lícito, limpio y transparente de las finanzas electorales.
La inquina personal del presidente contra el comisionado, si bien tiene su origen en la investigación y acusación de su primogénito por crímenes fiscales, parece haberse incrementado con la persecución a su fraternal amigo Édgar Ovalle, ahora exdiputado y prófugo de la justicia por crímenes contra la humanidad. Pero ha cobrado mayor radicalidad cuando se ha sabido que puede ser reo de crimen financiero al no haber reportado un solo centavo de los más de 55 millones de quetzales que costó su campaña de segundo turno.
Morales, que se presentó ante la población como un candidato «ni corrupto ni ladrón», ha resultado más falsario que el peor de los merolicos de feria. Todo hace suponer que el dinero aportado a esa campaña fue mucho mayor y que las sobras han ido a parar a distintos bolsillos, siendo el actual presidente responsable de todo lo actuado. No solo no declaró nada, sino que mucho de lo recibido parece haber sido entregado como soborno anticipado para la consecución de obras y beneficios públicos.
Es allí donde radican sus temores, pues la Cicig, luego de las investigaciones que condujeron a conformar el caso Cooptación del Estado, que llevó a la persecución y al encarcelamiento de financistas y políticos patriotas, acumuló la experiencia que le ha facilitado, con ayuda del TSE, encontrar los orígenes y destinos de esas millonarias erogaciones.
Morales quiere defender con uñas y dientes su mandato y, en lugar de entregar todas las informaciones sobre esos recursos y construir una defensa creíble del manejo de esos fondos, ha optado por tratar de expulsar a Velázquez y de dárselas de dictador, a pesar de que en esto, como en su profesión de actor, resulte un fiasco.
Aunque hasta ahora todo resulta una acusación previa, el presidente bien puede salvarse si, en lugar de jugar al conspirador, demuestra ante la ciudadanía que es inocente con documentos o pruebas, y no simplemente con palabras y desplantes al estilo Pérez Molina.
El actual presidente, sus asesores y sus aliados se equivocan si creen que expulsando al comisionado Velásquez Gómez podrán salvar el pellejo. Conseguirán, tal vez, retrasar la persecución y los juicios, pero hay dentro del MP y del Organismo Judicial profesionales responsables que, iniciado el proceso, difícilmente aceptarán detenerlo. Además, la población ya vio tras las rejas a uno de sus favoritos, por lo que ahora no será misericordiosa con las maniobras de Morales.
Decir y repetir que la Cicig es un instrumento del imperialismo o que es la avanzada del comunismo no solo es caer en el ridículo, sino, lo peor de todo, también aliarse a las fuerzas más oscuras y criminales que impiden el desarrollo del país. La Cicig y el MP persiguen a criminales. Atacar a dichas instituciones es ponerse a favor de los perseguidos.
La estructura institucional del país está consolidada, por lo que, de ser enjuiciado el presidente, su sucesor inmediato será Jafeth Cabrera. No hay, pues, suposiciones de golpe de Estado.
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