Comunidades diaspóricas - agentes en una economía política

Hace algunas semanas señalaba algunas deficiencias en el abordaje liderado por Kamala Harris para «combatir» las «raíces» de la «migración irregular».

Poner las comillas hace visible el primer problema: cada término es cuestionable. La metáfora bélica no deja espacio para construir. Tampoco ayuda buscar raíces solo de un lado de la frontera. Y para rematar, la migración solo es irregular porque quien la persigue ha decidido definirla como tal.

Pero hay más de fondo, como he discutido en notas sucesivas. Aparte de las definiciones insuficientes, yerra la política de la Casa Blanca en el abordaje. Busca controlar el flujo en el origen, como si las personas fueran un líquido y bastara con cerrar el grifo. Peor aún, yerra al elegir socios para hacerlo: quiere resolver el problema aliándose —como siempre— con las élites económicas centroamericanas, que no solo causan la pobreza, desigualdad y desesperanza que desencadenan mucha de la migración, sino que son beneficiarios de esos problemas, al depredar la riqueza de la propia población y capturar las remesas con que los migrantes subsidian las incompetentes economías centroamericanas. Concentrados en su propio interés, Harris y sus asesores apenas bailan sobre la superficie de un complejo en el que no pueden o no quieren entrar.

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Cualquier aproximación legítima y efectiva a la situación de las poblaciones migrantes necesitará primero incorporarlas como agentes de su propia existencia y segundo, admitir la migración como cuestión de economía política, donde los recursos expresan relaciones de poder nacional y transnacional, no simplemente considerarla un «problema» a atajar. No basta con satisfacer los dictámenes apriorísticos de nuestra ideología política favorita: el objetivo debe ser mejorar la vida de las poblaciones móviles y de aquellas con las cuales interactúan.

Pero esto no aclara qué hacer en concreto. Debemos definir las acciones a emprender y también identificar a los actores que las realizarán.

De las acciones a emprender la primera es reconocer la movilidad misma, no como problema para los Estados sino como fenómeno humano. Desde la década de 1980 la globalización impulsó la acelerada movilización del capital como factor económico. Justificaron los adalides neoliberales que al moverse con libertad el dinero encontraría sus usos más eficientes en un mercado global. Pero al factor trabajo —la gente que con su esfuerzo produce la riqueza— se impusieron crecientes restricciones, especialmente tras el 2001 en nombre de la seguridad antiterrorista. Nuestra respuesta es obvia: o todos en la cama, o todos en el suelo. Con idéntica libertad deben moverse (o no) la gente y el dinero, y por las mismas razones.

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La segunda acción es democratizar el mercado laboral migrante. Todo mercado —incluyendo el del trabajo migrante— es político. Nunca operó ni opera la socorrida «mano invisible», que tan antojadizamente interpretan los economistas neoclásicos y neoliberales^[1]. El movimiento desregulado pero protegido de capitales y el movimiento restringido, perseguido e inseguro de los migrantes ambos derivan de las decisiones deliberadas de quienes controlan a los Estados y a través de ellos definen las reglas del juego de los mercados laborales. Qué incluir en un mercado nominalmente libre, a qué llamar «falla de mercado» y qué hacer al respecto escasamente son problemas técnicos, sino siempre elecciones convenientes al poder.^[2] Para que el mercado sirva al bienestar no basta imaginar a los migrantes como factor de producción. Deben tener poder y participar en las estructuras políticas que definen ese mercado.^[3]

Esto lleva la agenda migrante más allá de reclamar protección, documentación y otros satisfactores puntuales. Exige: (a) emparejar la movilidad humana con la movilidad del dinero, que es procurar igualdad entre poder del trabajo y poder de los dueños del capital^[4] en el contexto transnacional, y (b) dar voz y voto a las poblaciones móviles en los sistemas político-económicos de los que hoy son parte vital pero marginada, que es insertarlos con poder en los flujos transnacionales de trabajo y dinero.

La definición de responsables también es clara: son las propias poblaciones móviles quienes deben reivindicar esta agenda. Cosa que incluye a quienes están en tránsito, pero también a quienes ya transitaron y a quienes pretenden hacerlo. Su comunidad trasciende las fronteras. Parece más fácil dicho que hecho, considerando la complejidad de la tarea y la dispersión y debilidad de las diásporas. Pero la historia de los movimientos políticos y sociales alienta: siempre han existido antes en la imaginación que en la realidad; y se han constituido de la agregación de agentes inicialmente dispersos, más que de la repentina constitución de una masa obvia.