En varias ocasiones he preguntado a políticos que han estado cerca de ganar comicios electorales la razón por la cual han perdido. Después de un análisis sobre su campaña, de manera franca y sorprendente, llegan a la conclusión que se debió a una mala programación financiera que generó iliquidez o falta de recursos para la movilización de electores en el día de las elecciones.
Desafortunadamente, la mayoría de misiones y observadores electorales y hasta el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) centran su atención en el manejo de la propaganda mediática, la conflictividad durante la jornada y el conteo de los votos en la urna. Son muy pocos los que realmente profundizan en las estrategias que existen para movilizar, trasladar y compensar el comportamiento de los electores.
Tal vez la atención es baja porque la compra y el acarreo de votos pondrían en duda el sistema y la capacidad de la autoridad electoral. Pero obviar la magnitud y las consecuencias del problema no permite entender algunos de los males de la política en Guatemala. Si los políticos son electos con base en los aportes económicos que se hacen a una campaña y las maquinarias que con estos recursos se cimientan, existirán por parte de éstos pocos motivos para preocuparse por el establecimiento de políticas públicas, la construcción de partidos programáticos y la rendición de cuentas.
Por su parte, entrar a recriminar la conducta del elector que vende su voto genera una discusión profunda. Como la compra de votos requiere de la complicidad voluntaria del votante, aquellos que son en extremo liberales podrían decir que el elector está en todo su derecho de intercambiar su voto por dinero o especie. Pero la pregunta que me surge es si ese elector después de haber traicionado el sistema y menospreciado el ejercicio de la ciudadanía, éticamente tendría derecho a exigir o reclamar comportamientos o acciones por parte de los otros ciudadanos o del mismo Estado.
En Guatemala, el controvertido y poco divulgado Decreto 4 del 2010 del Congreso de la República penaliza a quienes paguen o entreguen dinero o bienes para que el elector se abstenga o emita voto a favor de determinado candidato u organización política 36 horas antes y durante la elección; el elector que acepte dinero o bienes muebles es sancionado con la mitad de la pena del comprador. La limitación temporal pareciese una artimaña para que algunos salgan bien librados frente a la justicia. Este tipo penal llamado coacción al elector, junto con otros como el de violación del secreto del voto y abuso de autoridad con propósito electoral, desde ya constituyen una interesante prueba para la credibilidad para el Ministerio Público (MP)y un desafío para la sociedad civil. Sin embargo, no hay que pensar que las sanciones van a cambiar patrones de comportamiento político, pues los delitos electorales penan por lo general a los operadores y no a las cabezas de las organizaciones políticas.
Más allá de las normas penales, es importante analizar dos circunstancias relacionadas que son propias de las democracias frágiles, una, la alta abstención en los comicios electorales, y la otra, el hecho de que muchos electores votan por el individuo o partido que en caso de llegar a poder le será más útil. Algunos de los que no participan reflejan que el costo de acudir a las urnas puede ser más alto que el de no votar. En otras palabras, para este ciudadano existe poca diferencia o le da igual que resulte electo fulano o mengano. Pero quienes participan, buscan en ocasiones el provecho inmediato y directo que puede ser una oportunidad de trabajo, una teja de zinc o simplemente una compensación monetaria. He aquí una paradoja para la democracia, pues quienes más razonan su voto no encuentran por quién votar y finalmente no ejercen su derecho, en tanto, el resultado termina dominado por aquellos que tienen una visión de corto plazo o de beneficio personal.
Entonces, aparece una serie de interrogantes: ¿cómo hacer para que las preferencias de los electores vayan más allá del provecho inmediato?, ¿cómo lograr que el aprecio por la posibilidad de elegir sea superior a la compensación material o económica que pueda proponer un político? y ¿cómo lograr que los que mejor razonan el voto finalmente lo ejerzan? La respuesta parece ya otro slogan de campaña: es necesario educar políticamente a la población para desarrollar una cultura que genere sentido de pertinencia, aprecio por la democracia. Pero avanzar en educación política es algo que solo puede hacerse en el mediano plazo, la historia no favorece para que se desarrolle un factor de identidad como ocurre en los casos de Estados Unidos y Francia, y es difícil de lograr que el ciudadano reflexione mientras exista hambre y no aparezcan políticos y gobiernos que marquen la diferencia.
Y en el corto plazo, ¿qué puede hacerse? ¿Cómo se puede enfrentar la competencia mercantilista de los partidos por los votos de los ciudadanos? Por un lado está la denuncia ciudadana, la cual debe observarse con detenimiento para no caer en las prácticas de la propaganda oscura. En esta línea, vale la pena destacar el trabajo de las organizaciones del Mirador Electoral (http://miradorelectoralguatemala.org) que han decidido constituir, junto con la construcción de mapas de riesgo electoral, una red de observadores para la denuncia y la verificación de prácticas como el acareo y la compra de votos
Adicional a las competencias ya anotadas del MP, considero que el TSE posee un amplio campo para realizar acciones que si bien no solucionan el problema en sus raíces, restringen el comportamiento oportunista de los candidatos.
En primer lugar, el TSE debe hacer valer su autoridad y exigir que se cumplan aquellas medidas que imponen mecanismos democráticos en los partidos y controles y límites a los gastos de las campañas. No tiene sentido que los partidos tengan dueño, que la ubicación en un listado sea determinado por el linaje o la cantidad de dinero que se aporta o que en una campaña sea el día de elecciones donde más se gasta. Los controles a los partidos y a las campañas no atacan directamente la compra y el acarreo, pero probablemente hacen más difícil la entrada de dinero caliente que tanto abunda por estos tiempos.
En segundo lugar, el TSE debiese condenar y denunciar públicamente todo tipo de patrocinio, en especial, el que se da en época no electoral. Es común ver a los candidatos o los secretarios de los partidos constituir y participar en fundaciones (libres de impuestos y que aceptan donaciones de todo tipo origen) que desarrollan actividades de beneficencia para crear deudas morales en la población y obtener posteriormente sus votos. Me parece indignante ver como después de un desastre natural (por ejemplo: el Mitch, el Stan, el Agatha) los políticos aparecen para hacer proselitismo mediante la repartición de ayudas.
En este sentido, el TSE si quisiese pudiese también condenar públicamente toda tentativa de generar sanciones informales a los electores. No puede permitirse, por ejemplo, que se amenace a los electores con sanciones como perder su trabajo (y me refiero al sector público y privado) o el acceso a programas sociales si el candidato no llegase a ganar. El TSE, en lugar de centrarse tanto en la propaganda mediática, debería reprobar estas conductas y dirigir campañas masivas a través de los medios para que los electores no sean sujetos de manipulación.
En tercer lugar, el TSE está obligado a ser ejemplo de transparencia y eficiencia. Esto implica cuestiones tan básicas, como que las bases de datos que debe coordinar con el controvertido Registro Nacional de las Personas (Renap) estén perfectamente depuradas, para evitar el día elecciones ineficiencias debido a la dualidad entre el Documento Personal de Identidad (DPI) y la Cédula de Vecindad. Si las bases no se depuran adecuadamente, los muertos votarán y también serán jurados de votación.
Finalmente, el TSE puede explotar el hecho de que el presunto comprador de votos no cuenta con garantías para que los electores cumplan sus promesas al momento de depositarlo en la urna. En ese sentido, el TSE debe verificar los procesos para aumentar la incertidumbre y la imposibilidad de monitorear al elector. Siempre han existido prácticas para constreñir y monitorear el voto, la más popular fue por mucho tiempo aquella que distribuía la mitad de un billete y entregaba la otra mitad sólo si ganaba su candidato, esta también se realizó con pares de zapatos. En las últimas elecciones las que estuvieron de moda fueron las rifas de caballos pura sangre, vehículos y terrenos, y los cheques posfechados.
Hasta hace poco el uso de la tecnología permitía que se constatara la boleta debidamente llenada mediante el uso de teléfonos celulares con cámara de video. Afortunadamente, el TSE ya prohibió el uso de estos aparatos a las aéreas de votación. Pero esa medida debe hacer que se centre especial atención a la manera como se designan jurados y se autorizan fiscales, pues una de las formas como se asegura que elector comprado realice su voto es mediante la infiltración de jurados y fiscales que posteriormente afirman la operación.
Sin embargo, llama la atención que aun no hay medidas para atacar la práctica más conocida y usada: el carrusel, llamada en México la operación tamal o en Rusia la oruga. Esta comienza con la sustracción de una boleta electoral sin marcar de la mesa de votación y depositando una falsa que va a quedar nula. La boleta sustraída se entrega en blanco a quien está comprando los votos. Este señala el candidato y se lo entrega a un nuevo elector quien debe ingresar al área de votaciones, recibir y sustraer la nueva boleta e introducir la boleta marcada en la urna. El pago se realiza cuando el elector entrega la nueva boleta en blanco.
En Guatemala los políticos no pierden las elecciones, no se queman, se les acaban los recursos. El acarreo y compra de votos hace que la palabra democracia pierda contenido, que los funcionarios públicos pongan acento en las clientelas, la negociación y la transacción, en lugar del compromiso, el servicio y la responsabilidad. No puede permitirse que el éxito en política se reduzca a tener dinero y a comprar organización. Si usted es de quienes racionalizan su voto, por favor no deje de votar.
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