Quizá por ello el término idiota, que en su acepción griega original se refería al que se preocupaba exclusivamente por lo propio, adquirió una connotación negativa. Y es que como pensaba Aristóteles, sólo las bestias o los dioses no necesitan una comunidad para vivir.
Desde luego, cabe pensar que un hombre que se desvincula del diálogo con sus semejantes siempre tendrá un entendimiento precario y limitado. Así, en algún sentido relevante, el idiota en el sentido griego está siempre al borde de convertirse en un simple idiota, como lo entendemos hoy en día.
Ahora bien, la globalización contemporánea ha militado contra la esencia humana, haciendo del individualismo consumista el ideal de la vida exitosa; ya no se puede negar, por ejemplo, que la crisis global iniciada en 2008 es un consustancial a un sistema socio-económico que destruyó los últimos diques que contenían el despliegue del egoísmo. Este egoísmo extremo es irracional precisamente porque niega las dimensiones comunitarias de la vida humana.
En ese sentido, la globalización neoliberal asume como proyecto implícito la idiotización política de la sociedad. En efecto, al no poder desarrollar sus capacidades reflexivas, una sociedad consumista se convierte en presa fácil de un gobierno idiota, esto es, un gobierno cuyos miembros, carentes de soluciones racionales para los problemas que demandan la reflexión más profunda, se concentra en distraer y controlar a la ciudadanía mientras se dedica a la inmunda tarea de apropiarse de lo público. No en balde el jurista español Alejandro Nieto nota que en la actualidad la dominación no se expresa a través de la imposición, sino de la manipulación.
Pues bien, es conocimiento común que el manejo del miedo —una de las maneras más efectivas de manipular— ayuda a cohesionar una sociedad fragmentada y sin sentido de futuro; la percepción de un enemigo externo, en particular, motiva a que los miembros de la sociedad se sometan a sus intereses. Frente al desarrollo de nuevas modalidades de criminalidad que no se pueden desvincular de las características de la globalización, la ciudadanía empieza a exigir la elaboración e implementación de “instrumentos” legales y policiales sólidos y eficaces para combatir el crimen. La sociedad, sin embargo, no suele percatarse, al menos de manera inmediata, de que el énfasis exclusivo en la seguridad criminal disfraza el problema más amplio de una inseguridad social cuyas raíces se encuentran en un sistema global que glorifica el lucro y la falta de escrúpulos.
Esta forma de abordar la inseguridad se nutre de acciones que fomentan la separación social; esto es evidente, por ejemplo, en la diseminación de garitas en donde agentes de seguridad privada, de manera ilegítima, exigen documentos mientras revisan vehículos y hacen las preguntas más impertinentes. Subyace a tal proceso la creencia de que la conducta delictiva se deriva exclusivamente de la responsabilidad personal, una posición que ignora las dimensiones sociales de la criminalidad. Esto no lo desmiente, como suelen aducir algunos parvularios neoliberales guatemaltecos, el hecho de que no todo pobre es un delincuente. Quizás para ver las cosas con mayor claridad, estos apologistas de lo injustificable podrían reparar en el hecho de que antiguos malhechores aparecen con demasiada frecuencia en el linaje histórico de los grupos económicos que ahora exigen medidas más y más drásticas contra los que, por las variadas circunstancias, terminan al margen de la ley.
Cada vez resulta más claro que la función reaccionaria de esta ideología de la seguridad ayuda a los sectores dominantes a configurar estructuras que convierten a los miembros de la sociedad en colaboradores del sistema que los oprime. No en balde las nuevas técnicas de control “comunitario” de la delincuencia hacen que los ya débiles lazos comunitarios, vale decir políticos, terminen por romperse. De este modo, el crimen organizado se combate con el “barbarismo organizado”—para usar una expresión de Doris Lessing. Las plataformas de “observación ciudadana”, arropadas en el anonimato, pueden reportar algunas ventajas inmediatas, pero terminan promoviendo un sistema anegado de desconfianza, poco apto para la política en su sentido genuino.
En esta pendiente de fragmentación política, los ciudadanos demandan medidas cada vez más extremas, incluso aquéllas que contribuyen a socavar el respeto a sus propias garantías y derechos. ¡Hasta la persona más vulnerable suele decir que los derechos humanos son para los delincuentes! Se pide cárcel por todo y para todos, sin reparar no sólo en que la privación de la libertad debería ser el último recurso, sino también en el hecho de que el incremento de la encarcelación agravará nuestros problemas en el futuro.
Como sociedad debemos estar conscientes que las medidas de control introducidas con el pretexto de la seguridad —y digo pretexto porque tales medidas no han arrojado resultados visibles— sólo garantizan una sociedad dominada por una “mayoría silenciosa” como las que entusiasman a Mariano Rajoy. No se puede aceptar un régimen de control en una época en que la ciudadanía está despertando y reconoce la necesidad de unirse para volver a la verdadera política. Debemos aprender a ver en los discursos manipuladores sobre la seguridad el esbozo de las tecnologías de control social; el endurecimiento de las políticas que se enfocan en la superficie del crimen dará pautas para pensar nuevas maneras de fomentar la criminalización de la protesta social. Por lo tanto, si no queremos convertirnos en nuestros propios vigilantes, debemos dejar de actuar como idiotas y exigir medidas de fondo para desestructurar la inseguridad social que subyace a un problema criminal que al final nos involucra a todos.
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