Colonizacion y hambre (2)

El modelo económico, se basa en una cosmovisión donde la naturaleza está disociada del ser humano, cuya jerarquización pone al «hombre» en la cúspide, a los animales en un nivel inferior, a los vegetales más abajo y en el último escalón lo inorgánico. Esta concepción eurocéntrica ha chocado con la cosmovisión de los pueblos originarios, desde 1524, que considera al ser humano en un nivel similar al resto de seres vivos y no vivos, bajo la égida de la naturaleza que es la que, en última instancia, determina su destino.

En ambos casos, el uso y provecho de lo que nos rodea es diferente. En el primero es mercancía lo existente, lo por existir y en el segundo, se pretende un uso racional, equilibrado y respetuoso. Indudablemente, por el monopolio del ejercicio del poder, la visión capitalista predomina, tanto así que en la Constitución de la República se considera prioritaria la explotación de recursos minerales. En vez de que sea la sostenibilidad de la vida y la naturaleza.

«Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables.»

La lógica colonial-capitalista, ha sido utilizar el andamiaje jurídico y político para impulsar el modelo económico extractivista y para ello, las leyes e instituciones y niveles de poder, han afectado las tierras y territorios de los pueblos originarios en un proceso de creciente privatización y despojo. Sumado a ello, el abandono de la producción para la subsistencia ha sido intencional para liberar mano de obra campesina e indígena y estar disponible para emplearse a costos bajos y precarios y, últimamente, convertirse en mercancía altamente productiva a través de la migración.

Los casi 3 millones de migrantes en Estados Unidos producen más divisas que cualquier rama productiva y todo ello va a parar a manos que controlan la producción de alimentos, el sistema bancario, el comercio de productos importados y el consumo masivo orientado por las transnacionales.

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Lejos quedaron los tiempos en que, viajando por las planicies de Urbina en Quetzaltenango, Patzicía, Chimaltenango, San Marcos y otros departamentos de alta concentración indígena, se gozaba el paisaje pleno de cultivos de trigo y maíz. Hasta que los gobiernos de turno, bajo dictados neoliberales, acabaron con el cultivo de trigo, dejando indefensos a más de 30 mil pequeños productores, favoreciendo a los grandes molinos y liberándolos de la obligación de consumir el cultivo nacional.

La Gremial Nacional de Trigueros fue anulada de un plumazo, y los bienes adquiridos por tan importante organización fueron apropiados por el Estado. Aun, en Quetzaltenango, los antiguos directivos mantienen una lucha legal para recuperar un terreno de mucha plusvalía que el Estado quiere aprovechar.

En tiempos de Alvaro Colom, por presiones de las elites económicas, se dejó sin efecto la disposición legal que obligaba a las grandes fincas a destinar parte de sus tierras para el cultivo de granos básicos. Al contrario, se ha impulsado legal y violentamente la palma africana que no sirve para la subsistencia de los pueblos.

Mientras la conducción del modelo económico esté en manos de elites colonialistas, seguiremos en la inseguridad alimentaria. Hay que cambiar la economía por medios políticos, solo que sin este sistema electoral, sin estos partidos y sin estos políticos.

Según Fuentes Knight,[1] existe «(…) la necesidad de contar con una política de competencia para defender a la infantería (productores agrícolas de maíz y frijol, negocios familiares y trabajadores por cuenta propia) frente a los consorcios familiares,[2] así como la importancia de implementar una ambiciosa estrategia de agricultura para el desarrollo, con atención a medianos productores y al mercado interno.»