Colombia: ¿podrán los mineros informales ser parte del boom minero?

Chocó ha sido tradicionalmente uno de los departamentos más pobres del país y paradójicamente también uno en el que se mueven enormes cantidades de plata. O mejor, enormes cantidades de pepitas de oro.

En el centro de Quibdó, a dos cuadras de la Catedral,  las comercializadoras que compran el oro del departamento abren sus negocios desde la mañana y esperan a que sean las cuatro de la tarde. Saben que a esa hora los barequeros llegan a vender las pepitas de oro que han sacado desde las seis de la mañana. Es hora pico para hacer negocios.

Los comerciantes, la mayoría venidos de Caucasia, Antioquia, que atienden a sus clientes —mineros o empresario—  detrás de rejas de acero blancas, se niegan a dar entrevistas. Dicen que no quieren “figurar”. Solo uno de ellos acepta hablar, sin dar su nombre y detrás de su reja, mientras guarda un fajo de billetes de 50 mil pesos en su bolsillo.

Tiene alrededor de 35 años, viste jeans y una camiseta azul oscura y luce un anillo y cadena de oro. Dice que fue minero en Caucasia hasta que —como muchos mineros paisas empezaron a hacerlo hace 35 años— él también decidió ir a probar suerte al Chocó.

“El oro del Chocó es uno de los más puros”, explica. La pureza del oro se mide por el número de unidades de oro por grano. El oro de Caucasia tiene 70 gramos de unidades de oro por gramo, el de Chocó tiene 89 gramos. Y cada gramo se vende a 137 mil pesos.

“Pero en Chocó, no se mide por gramos, sino por castellanos, la medida de la Colonia”, explica. “Yo le compro a pequeños mineros y barequeros, compro hasta 20 millones de pesos diarios en un día bueno”.

Este comerciante, como la mayoría de los que comercializan en su cuadra, recibe el oro en pepitas, lo funde y hace lingotes que luego vende a exportadores de oro en Medellín. “Por eso las regalías del oro se las queda Antioquia, no Chocó”, explica.

El comerciante es el motor de la pequeña minería en Chocó. “Usted tiene sus clientes de confianza. Uno les presta 200 o 300 millones de pesos para que compren una retroexcavadora. Y así garantiza que todo el oro que exploten se lo vendan a usted”, dice.

Mientras que habla, entran dos hombres a su tienda con una bolsa de plástico llena de pepitas de oro. Son barequeros: los que entran con bateas —platos hondos de madera— a los huecos que hacen las “retros”, y con la mano y agua van filtrando el oro. Ellos también le venden a la comercializadora, pero ganan entre 100 o 150 mil pesos al mes.

Los mineros de “retros”, en cambio, pueden ganar entre 700 o 800 millones de pesos al mes, o pueden quedar endeudados de la misma cifra si hacen un hueco en un terreno donde no hay oro.

El mundo de la informalidad

“Por eso no todo el mundo busca un préstamo, por el miedo de quedar endeudado de sumas tan altas. Es que el negocio del oro tiene un riesgo muy alto”, explica un pequeño minero.

Y tiene razón. Hacer minería en el Chocó es vivir bajo el riesgo, no sólo de perder la plata, sino de volverse víctima del conflicto armado, la corrupción y la informalidad.

Fedemichocó, que agrupa a pequeños mineros en el departamento, queda en una casa pequeña, al borde de una calle destapada. Ese día estaban allí una docena de empresarios mineros en un salón con paredes blancas carcomidas por la humedad. A pesar de que la minería con retroexcavadoras y dragas arrancó hace 30 años impulsada por los antioqueños, hoy la mitad de los pequeños empresarios mineros son chocoanos y algunos de ellos son líderes de consejos comunitarios. Y todos son informales: ninguno de los cientos de entables —lugares donde se explota el oro— en el Chocó tiene título minero.

“Yo vengo pidiendo mi título desde el 2000, lo he pedido 12 veces y nunca sale”, dice Carlos Latorre, miembro del Consejo Comunitario Unión Panamericana. “Somos mineros desde hace 500 años, fuimos educados con la minería, empezamos a explotar oro hace muchos años con bateas. Si no nos dan el título, a pesar de entregar todos los papeles, ¿Cuál es la política del Estado frente a la pequeña minería?”

“Nosotros queremos que nos legalicen. El problema es que todo nuestro territorio ya está entregado”, agrega Ariel Quinto, presidente de la Federación.

De acuerdo a los datos del catastro minero, la multinacional AngloGold Ashanti, que todavía no ha explotado oro en la zona, tiene títuladas 125 mil hectáreas de tierra en Chocó. Y Exploraciones Chocó Colombia —asociada a AngloGold, como contó La Silla Vacía—, tiene 56 mil hectáreas. “A nosotros no nos dan el título a pesar de que llevamos 10 años haciendo minería de hecho. Y a las multinacionales les dan el título al año, o a los dos años. Nosotros queremos formalizarnos, asociarnos con el Estado para hacer una minería moderna. No vamos a decir que somos unos santos, sabemos que la minería tiene un alto impacto. Por eso necesitamos que el Estado nos ayude”, dice Ariel.

Como no tienen títulos, la Corporación Ambiental del Chocó, Codechocó, suele llegar a sus enclaves y amenazar con decomisar toda la maquinaria. Pero con frecuencia se queda en una amenaza, pues ahí arranca la corrupción. “Se dice en Chocó que quien entra a Codechocó pobre, luego sale rico”, dice uno de los empresarios presentes en la reunión. “Piden dos o tres millones para que uno pueda seguir trabajando”.

Y al pagar, se frena el operativo. También dicen los mineros que los funcionarios de Codechocó son más cercanos a las empresas extranjeras que a los pequeños mineros. Actualmente, Darío Cujar, quien era funcionario en Codechocó, tiene una investigación preliminar en la Procuraduría por conflicto de intereses: era funcionario y al mismo tiempo parte de la junta directiva de la minera Icter S. A.

Además de las mordidas a funcionarios de Codechocó, las vacunas son el pan de cada día para los mineros informales. Sobre todo, porque toda la zona de los ríos San Juan y Baudó —los dos ríos principales donde se hace minería— son también las zonas donde tienen presencia las Farc y las bandas paramilitares. El medio Baudó es dominio de las Águilas Negras; el Bajo Baudó, de Los Rastrojos y el Alto Baudó es tierra guerrillera.

Al poner el tema del narcotráfico y de los grupos armados, un silencio se toma el cuarto blanco en el que están sentados los líderes mineros.

“Sí, hay criminales en el negocio de la minería, no lo negamos”, rompe el silencio Pedro Ardila, minero y secretario de Fedemichocó. Explica que es una forma de lavar dinero: consiguen una mina, importan oro probablemente de Panamá con plata del narcotráfico y luego lo venden diciendo que fue el oro que produjo la mina en Chocó. “Y nosotros, nosotros somos víctimas de la extorsión, el noventa por ciento de las empresas mineras pagan una extorsión en efectivo, que puede ser de 500 mil pesos, un millón o dos millones al mes”.

Los grupos armados se están financiando con estas cuotas a los mineros. Pero esta no es la cuota que más duro se cobra: lo más difícil para los pequeños mineros es demostrar que ellos hacen minería informal y que la mayoría no están vinculados a los grupos armados. “Tenemos que demostrar que somos informales y no ilegales, que es el término que siempre usa el gobierno para hablar de nosotros”, dice Ariel.

Junto al río San Juan: el desastre minero

Para visitar una mina, o un pueblo minero, los habitantes de Quibdó recomiendan ir en bote por los ríos San Juan o Baudó. Allí se puede ver la selva —se dice que un metro cuadrado de selva chocoana tiene más biodiversidad que toda Inglaterra—, pero también las retroexcavadoras, los cráteres que deja la minería y los barequeros que persiguen pepitas de oro en los huecos.

Sobre el río San Juan está la mina de Domingo Fuentes, que tiene una mina desde hace dos años con 36 trabajadores, y donde 100 o 150 barequeros pueden ir a recoger oro en los huecos.

Domingo explica que como está intentando legalizar su mina decidió que todos los huecos que hiciera con las retroexcavadoras los tapaba después, no utilizaría mercurio para extraer el oro —como sí lo hace su vecino— y reforestaría el terreno después de extraer todo el oro que pueda. Además, para formalizarse, ha afiliado a sus trabajadores a pensión y salud.

El problema es que está reforestando con especies que no son nativas sino maderables para luego comercializar —como Teca, Vitabosa o Acacio—. Y todos los cráteres que van dejando las retroexcavadoras de los pequeños mineros terminaron por extinguir varias especies de animales como  las cotravitas o el guacuco.

“Claro, el terreno nunca queda igual”, dice Víctor Fuentes, hermano de Domingo frente a las tres retroexcavadoras que están funcionado en la mina. “Pero ya tenemos claro que para formalizarnos la función del minero es reforestar. Para que al dueño de la finca le quede la tierra y la familia decida luego qué quiere hacer con ella”

La mayoría de los títulos —cuenta Víctor— son de consejos comunitarios o de familias afrocolombianas. Y estas arriendan sus tierras a los mineros por un 10 o 17 por ciento de la producción total de oro al mes.

La minería pequeña no es la panacea. No lo es para el medio ambiente, pero tampoco para los trabajadores (que ganan 700 mil pesos al mes), ni para los barequeros (que arriesgan sus vidas en los huecos por 150 mil pesos), ni para las familias afrocolombianas o consejos comunitarios. Lo sorprendente es que nadie se opone a ella.

Es más, son los barequeros —que en su mayoría son mujeres afrocolombianas muy pobres— las familias, o los líderes comunitarios, los que más defienden esta actividad. Y los que sobre todo, no quieren que lleguen las grandes multinacionales.

Una vida de oro

Después de pasar unas diez minas sobre el río San Juan iguales a la de Domingo Fuentes, se llega a Istmina, el pueblo más grande de Chocó y que es minero por tradición. No tiene acueducto, la mayoría de la gente vive en casas construídas por ellos mismos y sólo tiene dos calles pavimentadas. En el puente del río está María (no quiso dar su apellido), con una batea en la cabeza.

María, una baraquera negra y esbelta, estuvo toda la mañana en una mina pero no encontró ni una pepita de oro. Le pregunto por qué no va a los ríos a barequear, donde no corre el riesgo de que una piedra le caiga encima y donde no tiene que trabajar al lado de las retroexcavadoras como en las minas. “Porque en los ríos ya no se consigue oro, las orillas están acabadas. El oro que queda es el que está en los huecos”, dice. “Y uno va por necesidad, porque es lo único que hay para sobrevivir”.

Otro de los barequeros llamado Henry dice que la minería es la mejor alternativa de trabajo que hay. “En Istmina se dice que hay dos tipos de oro: el oro blanco, y el oro amarillo. Yo quiero trabajar el amarillo, porque el blanco es la coca y yo no quiero meterme con los grupos armados”, dice.

En Istmina, todo el mundo sabe quiénes son los jefes de las bandas paramilitares que dominan la zona. Y mientras que unos toman sus botes para ir a las minas, otros toman los suyos para mover la coca hacia el norte.

Aunque Henry, al igual que María, eran campesinos que combinaban el barequeo con la agricultura, desde que la mayoría de las tierras fueron arrendadas a bajos precios a los mineros, la agricultura del Chocó se acabó.

En el mercado de Istmina, junto al río San Juan, se ven bananos, mangos, pescados y naranjas agrupadas. “Pero nada de eso se produce en Chocó, todo es importado de Antioquia o Risaralda”, cuenta Henry. Para los barequeros, la comida, las motos, los pocos edificios de siete pisos, los carros lujosos o las discotecas se construyeron y se mantienen por la minería. Y sin ella, se generaría un tremendo cambio social. O al menos, una crisis alimentaria.

¿La salida?

“La minería no es mala, pero hay que hacerla bien”, dice María Mosquera, quién es una jóven ingeniera ambiental en Itsmina y quién conoció el tema de la minería cuando hizo una asesoría para CodeChocó.

Mosquera cree que hay que empezar por conseguir taladros, que permitan investigar dónde hay oro. Así los mineros dejarían de hacer miles de cráteres para dar en el hueco donde encuentren oro. “También es clave que todos dejen de trabajar con mercurio, que tapen en hueco donde hicieron minería porque si no se llena de larvas de zancudos que luego difunden el paludismo”, dice.

Además, que en vez de reforestar con especies foráneas, que lo hagan con especies nativas o con cultivos de pancoger. “Eso sí, tendrían que parar las fumigaciones con glifosato, porque de nada sirve reforestar si siguen fumigando San Juan, Istmina, Sipí y Nóvita”, cuenta Mosquera.

También existen otras alternativas, como las de los mineros en Condoto que se asociaron para volver a prácticas mineras ancestrales que impactan menos el medio ambiente. Y aunque el proceso sea más lento que utilizar retroexcavadoras, el oro puede venderse a mayor precio en el mercado internacional (15 por ciento más) porque tiene un certificado de que su explotación no fue hecha con mercurio o retroexcavadoras. Además, existe la posibilidad de modernizarse con otro tipo de máquinas, como motobombas o construyendo estanques (para que el agua mezclada con la tierra no vaya a los ríos).

El problema es que esos cambios drásticos para una economía que ya depende estructuralmente de la minería, necesitaría obligatoriamente de la ayuda del gobierno de Santos. 

La respuesta de Santos

Desde enero del 2011 el Gobierno ordenó que se congelaran todos los procesos de formalización mientras se organizaba la información del Catastro Minero y esta restricción se mantuvo hasta finales de año. Ahora, que piensa volver a arrancar con el proceso de formalización, no tiene muy claro cómo va a hacerlo.

“Creo que va a tocar hacer un análisis zona por zona, para separar a los mineros informales de los ilegales”, dijo a La Silla el Ministro de Minas Mauricio Cárdenas. “Es posible que la formalización tenga que pasar por un cambio de tecnologías. Pero los pequeños mineros tienen que ayudarnos en este proceso".

El Gobierno ha insistido a Conalminercol, la Confederación Nacional de Mineros más grande del país, que entregue sus listas de afiliados para estudiar cada caso. Pero los pequeños mineros tienen miedo de entregarle al gobierno las listas de sus mineros, porque creen que sería ponerse una soga en el cuello. “Al día siguiente estaríamos muertos, porque decir quiénes son los mineros informales implica decir de frente cuáles son los criminales”, dijo a La Silla uno de los miembros de la Confederación Nacional que reúne pequeños mineros.

“Sabemos que es delicado, pero es el acuerdo al que llegamos con ellos”, dice el Ministro.

En la carta que los pequeños mineros entregarán al presidente Santos, piden asistencia del Gobierno para realizar los estudios ambientales necesarios para explotar; le piden apoyo para modernizar la forma en la que hacen minería; y le solicitan, sobre todo, formalización.

Le exigen que se revise qué títulos —dónde ellos vienen haciendo minería informal desde hace años— ya fueron entregados a multinacionales mineras. Y que el Gobierno decida: si son ellos los que pueden explotar o si las multinacionales tienen la exclusividad, o ninguno de los dos y si Santos les dará una alternativa económica distinta a los miles de colombianos que hoy viven de la minería.

La gran pregunta de ellos es: ¿Los pequeños mineros estarán invitados a participar en la locomora minera?

*Este artículo es parte de La Silla Vacía y es reproducido con su autorización por Plaza Pública.