El primero es atinente a la participación de médicos guatemaltecos en el programa patrocinado por el gobierno de Estados Unidos para experimentar con sífilis, gonorrea y chancro, utilizando a connacionales como conejillos de Indias; el segundo, la petición de tres abogados a la Corte de Constitucionalidad para declarar inconstitucionales tres artículos medulares de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
En el caso de los malévolos experimentos, el Colegio de Médicos y Cirujanos tiene la obligación de condenar esos crímenes de lesa humanidad. Además, debe emitir una sanción aunque sea a posteriori contra los médicos guatemaltecos que autorizaron o participaron en tales ensayos cuyos resultados solo sirven para enseñar cómo no se debe experimentar. También en este caso, el Colegio de Abogados y Notarios debe estar atento a las secuelas y hacerse visible porque, a tenor del reportaje de Marta Sandoval publicado el día 9 de los corrientes en El Periódico, algunos felones, de esos que denigran las profesiones y nos dejan a todos los profesionales mal parados, comenzaron prestos a medrar con el asunto. Al parecer, un abogado ya “le sacó la firma” al hijo de uno de los afectados para quedarse con el 40% de lo que gane en un futuro juicio contra el Estado norteamericano, y, para poner la guinda, está cobrando $1,000 por entrevista a medios de prensa extranjeros. Según la información de Marta Sandoval, el anciano afectado no ha recibido un solo centavo de tales entrevistas. ¿Qué tal?
En el caso de la petición para declarar inconstitucionales tres artículos de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el Colegio de Abogados y Notarios debe actuar y, aparte de hacerles ver a los interponentes su misoginia y machismo, debe ilustrarlos en cuanto que, ningún artículo de la ley constitucional establece que Guatemala sea un Estado teocrático. Por el contrario, en virtud de la misma Constitución, somos un Estado laico, por lo tanto, ningún versículo bíblico ni de ningún otro libro religioso debe estar por encima de nuestra ley. Así, invocar el origen del pecado como causa y justificación de la violencia contra la mujer es totalmente ridículo.
¿Cómo diablos se les ocurrió tal aberración? Sepa la carabina de Ambrosio.
Otro aspecto a resaltar es que dichos abogados arremeten contra la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, interpretando equivocadamente que es una ley hecha para mujeres, niños, niñas y ancianos, cuando su función aplica a todos los miembros de la familia que sufran violencia intrafamiliar; en el mismo sentido hacen referencia a la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, aduciendo que los decretos que contienen estas leyes y la Ley contra el femicidio tipifican los mismos delitos. Ante tal absurdo, insisto, es su Colegio Profesional el llamado a instruirlos.
Los dos casos atentan contra la humanidad, la academia y el Estado de derecho. Cierto, no pueden compararse en envergadura, pero la afrenta es similar.
Tornando a los pseudoexperimentos con enfermedades de transmisión sexual, me duele reconocerlo: La gusanera destapada indica que los altos funcionarios del gobierno de Arévalo estaba cuando menos, enterados. Es un tema para seguir investigando.
A los médicos guatemaltecos que participaron en esa comparsa del demonio debe despojárseles, aunque sea a posteriori, de los títulos y grados académicos que un día el Alma Mater les otorgó. No podemos seguir llamándolos médicos y menos doctores en medicina.
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