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“No hubo más presiones, dado que la élite y los medios han dado su visto bueno a la propuesta”

Este “Pacto del Cambio” no fue acordado y consensuado con representantes de toda la sociedad civil y movimientos sociales, fue más un pacto entre élites.
La estrategia de las élites es siempre la misma: con lo poco que recaudará el Estado con la reforma aprobada, el objetivo es dotar solo de algunos recursos al Estado –en este caso recuperar la carga tributaria perdida con la crisis de 2009–, porque si se le dotara de muchos se corre el riesgo de un Estado y gobernantes más autónomos respecto a los intereses de la élite económica.
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“No hubo más presiones, dado que la élite y los medios han dado su visto bueno a la propuesta”

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Recorrer la totalidad de la nueva ley tributaria es una situación que puede volverse compleja. Aterrizarla puede llegar, sin embargo, a aclarar algunas de las intenciones político-económicas que se esconden en ella. Marcelo Coj es un joven economista que ha dedicado gran parte de su trabajo a comprender la forma en que los guatemaltecos tributamos.

Sus análisis van más allá del campo técnico. Desmenuza el tema fiscal en relación a la construcción ideológica, histórica y cultural del Estado de Guatemala. Ha sido investigador para el Instituto de Investigación y Gerencia Política (Ingep) de la Universidad Rafael Landívar, y también ha colaborado con el Instituto de Ciencia Fiscales (ICEFI) y La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) en publicaciones relacionadas al tema económico. 

En esta entrevista, Coj comenta, contrasta y contextualiza diversas maneras de comprender la evolución que sufrió el llamado “Pacto Fiscal del Cambio” y también los intereses que han promovido estas modificaciones, las presiones de sectores económicos tradicionales y los efectos que conlleva la reestructuración de toda la recaudación del Estado.

¿De fondo y forma, cuáles, a grandes rasgos, han sido las diferencias que más resaltan en una comparación entre el Pacto Fiscal Original y el recientemente aprobado “Pacto Fiscal del Cambio”?

La principal diferencia es la mayor integralidad que existía en la propuesta original del Pacto. En lo aprobado hay poco de eso. El Pacto original tomaba en cuenta temas esenciales que nunca aparecieron en la propuesta del Partido Patriota y mucho menos en el dictamen ni las enmiendas ni en la ley actualizada. Un ejemplo de ello es el inexistente tratamiento del déficit fiscal, la diferencia negativa que se da entre los ingresos y los egresos del Estado. En la nueva ley el Gobierno no habla de límites al déficit ni de la sostenibilidad del endeudamiento. En gran medida eso es porque la actualización tributaria del PP cuando mucho recaudará 1 por ciento del PIB más de lo que se obtiene hasta ahora. Algo insuficiente para cerrar la brecha del déficit fiscal que afronta el Estado.

Para hacerlo la reforma debería lograr al menos el doble, el 2 por ciento del PIB, que desde luego no conseguirá.

En otras palabras, el PP no abordó el tema del déficit porque sabía de antemano que la reforma era insuficiente para cerrar este agujero presupuestario. Hacerlo hubiera sido llamar la atención de la necesidad de “mayor endeudamiento”, una mala palabra a nivel mediático.

No hay además, como si lo había en la propuesta del Pacto original, una contemplación sobre la supresión de exenciones y exoneraciones en los regímenes de maquilas y zonas francas. El Estado sabe, por el control que tiene o lleva, que hay empresas que no deberían pertenecer a estos regímenes –porque no son exportadores– y gozan, no obstante, de tales exenciones de manera injustificada, incluso con la inminente aproximación de la fecha de vencimiento de este tipo de incentivos fiscales (2015) que hace necesaria la supresión y remplazo de esta dinámica fiscal por otro tipo de incentivos que no vayan en menoscabo del erario y patrimonio público.

La institucionalización y profesionalización de la SAT es otro tópico poco abordado; como a la vez, poco se habló de un fuerte endurecimiento de persecución sobre los delitos fiscales, se han estipulado únicamente multas pero nada que asuste en verdad.

Y menos mención ha habido sobre las disposiciones tributarias en el tema del patrimonio público. Entiéndase esto como las alianzas público-privadas y las concesiones, como las mineras, más bien se ha obviado la protección de estas áreas y su uso con visión social y nacional. Y la opinión de las comunidades ha quedado ausente. Así como ausentes están, también, las creaciones de mecanismos de información y seguimiento de estos patrimonios.

Poco discutido, de menor relevancia en la ley, fue la descentralización fiscal del régimen tributario, en aras de lograr que las municipalidades dependan menos de las transferencias.

En lo aprobado, no obstante, sí se ha contemplado una mayor progresividad del régimen tributario, aquella donde a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza y su capacidad de aportar fondos al Estado. El problema es que la progresividad es engañosa. A ver, no se tocará a los pobres, y se gravará más a la clase media asalariada, en especial la media-alta. Hecho que en buena medida es algo positivo, porque son realmente pocos y privilegiados quienes caen en esta clasificación (menos del 10 por ciento de los asalariados). Por eso sería progresiva, pero como casi no toca a las grandes empresas y fortunas, que son las que detentan el grueso de la riqueza nacional, pues no puede hablarse de una progresividad “real”.

Más en concreto la progresividad en esta reforma se logrará del lado de la ampliación de la base tributaria, eliminando la deducción del IVA en el ISR para el régimen de asalariados. Salvo, desde luego, en la acreditación de Q12 mil en el margen del mínimo vital que se da entre Q48mil y Q60mil. Es decir, planillas.

Cabe mencionar que en ningún otro país de Latinoamérica, excepto Bolivia, existe una disposición de este tipo. Dicha medida permitirá recaudar más por este régimen, que es el que menos recauda en América Central.

Por otra parte quedaron pendientes de aplicar las normas de transparencia y calidad del gasto, aunque se dice que serán retomados hacia marzo, con una agenda legislativa que pretende modificar varias leyes y crear otras.

¿Se puede considerar al “Pacto Fiscal del Cambio” como un tema profundamente consensuado?

El nombre “Pacto Fiscal del Cambio” fue más bien una especie de eufemismo. Encubre varias situaciones. Primero su nombre escondió desde un inicio la poca integralidad de la propuesta, sobre todo porque dejó afuera temas neurálgicos para el país, como el cobro de “regalías” adecuadas a telefónicas, petroleras y mineras. Se debe tener en cuenta que a estos sectores se les dejó el mismo estilo de recaudación de la United Fruit Company y otras empresas gringas –como la Tropical Radio- en tiempos de Castillo Armas. Tienen hoy un tipo de gravamen voluntario, confiando en su buena conciencia empresarial y su preocupación por el Estado.

Este “Pacto del Cambio” no fue acordado y consensuado con representantes de toda la sociedad civil y movimientos sociales, fue más un pacto entre élites. La élite gobernante y la élite económica, ambas dieron su visto bueno a la aprobación de la propuesta del PP, a pesar de ciertas reticencias, como se puede ver en la entrevista que le hacen al vicepresidente del Cacif en elPeríodico el día 16 de febrero.

Siendo algo necesario para el Estado, y siendo pensada dentro del marco de Los Acuerdos de Paz, la reforma tributaria preveía una meta en el incremento gradual del PIB a poco más del 13 por ciento, pero, en la nueva propuesta del Ejecutivo, ¿se pueden leer, además del incremento del PIB, otro tipo de objetivos?

Digamos que el incremento de la carga tributaria solo es un medio para un fin. En el buen sentido, el fin sería lograr el fortalecimiento estatal y de esa forma contar con un Estado relativamente autónomo de ciertos grupos fácticos, para que así responda a las necesidades ciudadanas. Eso sería el buen fin de la carga tributaria. Sin embargo, por la cercanía del PP a la élite económica, dotar de más recursos al Estado famélico con que contamos serviría para que, interpretativamente, ciertos grupos de empresarios pudieran hacer nuevos y mejores negocios con el Estado.

Por ejemplo, las alianzas público-privadas exigen un Estado que pueda ser garante de grandes inversiones. Un Estado desnutrido no puede serlo. Es como el caso de los préstamos, los bancos otorgan estos servicios dependiendo de la capacidad de pago de los solicitantes, es decir que evalúan a quienes tienen posibilidades de pago y la inversión se vuelve viable.

En este sentido existe la posibilidad de que los ingresos del Estado sirvan para financiar obras y proyectos, no solo de infraestructura, donde las deudas con los financistas de campaña sean saldadas. De esa forma lo que de un lado empresarios darían como tributos, les regresaría por el otro lado, como negocios.

Entonces, entre líneas, la estrategia de las élites es siempre la misma: con lo poco que recaudará el Estado con la reforma aprobada, el objetivo es dotar solo de algunos recursos al Estado –en este caso recuperar la carga tributaria perdida con la crisis de 2009–, porque si se le dotara de muchos se corre el riesgo de un Estado y gobernantes más autónomos respecto a los intereses de la élite económica.

La idea del poder económico tradicional es tirar de la cadena para someter al Estado cada vez que así lo requiera. Un Estado debilitado en sus recursos económicos, como han querido que quede con la actualización tributaria, reaccionará inevitablemente bajo presiones y posibles intervenciones de los empresarios. Es algo previsto y que avala la historia de este país.

Estos sectores temen ver menguado su poder ante los intereses de grupos económicos emergentes, rivales de la élite que paradójicamente hacen negocios con ellos, tratándose de una intrincada relación de amor-odio.

Por otra parte, la intención de la ley de actualización tributaria no busca llegar a más de 14 puntos del PIB. Se espera que la reforma con las modificaciones hechas por el Congreso si mucho rinda un punto del PIB a partir de 2013,  lo cual si asumimos como ciertas las proyecciones oficiales de que para 2013 la carga sin reformas sea de 10.9%, se esperaría que esta alcance para ese año en el mejor de los casos solo 11.9% del PIB. Una cifra distante de 14%.

¿Qué tipo de distorsiones en el sistema impositivo intenta corregir la actualización tributaria?

La principal es la de suficiencia, es decir dotar de más recursos a un Estado raquítico o si se prefiere la expresión, en trapos de cucaracha. En segunda, la otra distorsión es la nula progresividad de la estructura tributaria guatemalteca, cosa que esta propuesta busca cambiar levemente, mediante un aumento en la tributación de los asalariados. Algo bueno de esta ley es que cambia el ISR y no recurre al IVA, en tanto tasas. No obstante, poco se avanza en el tema de la progresividad, porque poco se grava a las grandes empresas nacionales y extranjeras. En ese sentido, es necesario que las reformas subsiguientes recaigan en ello.

¿Pagan más en verdad quienes ganan más?, ¿qué clase de repercusión puede tener la ampliación del mínimo vital?

Lo dijo Juan Luis Font, director de elPeriódico: “Se ufana [el PP] además de proponer una reforma progresiva, porque grava a quienes más tienen. Y eso también es cierto, pero de esa porción de ciudadanos que más tienen, grava más a los menos privilegiados [clase media alta] y deja una gran puerta abierta a quienes en verdad ingresan más y mejor [grandes empresas]”.

En cuanto a la ampliación del mínimo vital, de alguna manera favorece a personas de clase media baja. Aunque bien es cierto que la modificación del mínimo vital no llega a cubrir el alza del costo de la canasta básica de las últimas décadas. No obstante, si se aumentara más el mínimo vital se reduciría la recaudación. Así como por otro lado hay que considerar que en este país, ser clase media baja ya constituye privilegio. Por tanto me parece bien que la ley contemple la deducción a Q48 mil del mínimo vital y las deducciones del IVA en los sueldos de Q60 mil anual, y el impuesto del 5 por ciento entre Q60 mil hasta Q300 mil en relación de dependencia, dado que estas progresividades tributarias compensan un poco a los más pobres de la clase media baja, pero a su vez no disminuye tanto el potencial recaudatorio.

¿Qué sectores no han sido contemplados dentro de la propuesta y quedan exentos de impuesto?

Mineras, petroleras, telefónicas y empresas que dedicadas a la importación y abastecimiento del mercado interno gozan de exenciones amparadas por los regímenes de maquilas y zonas francas.

En las últimas semanas se ha visto una fuerte presión por parte del sector de importación para modificar el Impuesto de Primera Matricula (IPRIMA). ¿Qué lectura podemos dar a este cambio en la ley a nivel político-económico?

Pues que el sector de importadores de vehículos se encuentra divido en dos segmentos, las concesionarias y las importadoras de vehículos “rodados”. A las primeras les favorece el gravamen, porque vuelve más caro los autos usados, en tanto que a las segundas, por razones obvias les dificulta el negocio.

Asimismo, los importadores de vehículos rodados no pertenecen al sector económico dominante, por lo cual resultaba tentador para la élite y gente del partido patriota vinculada a éste segmento no tomarlos en cuenta. No obstante, muchos de los importadores de autos usados cuentan con representantes en el Congreso –incluso hay diputados con este tipo de negocios-, volviéndolos en última instancia en un actor con poder de veto suficiente en esta parcela de la arena tributaria.

¿Qué decir de otras presiones para la aprobación de la ley?

No hubo más presiones, dado que la élite y los medios han dado su visto bueno a la propuesta. Hay que recordar que los medios por tradición han respondido a los intereses de la élite y que son los que ponen la agenda de lo que piensa la clase media urbana, instrumentalizando su opinión.

Asimismo, las limitaciones de movimientos sociales y sociedad civil impiden contar con un frente común que sirva de contrapeso a las intenciones de la élite económica. Se salen con la suya por ponerlo en términos más simples.

Entonces solo es de esperar oposición de grupos a quienes la reforma afecte directamente, como fue el caso de los importadores de autos usados.

De hecho la aprobación de esta propuesta, es evidencia del gran poder de decisión de la política fiscal de la élite y de la gran debilidad de los sectores sociales.

Cómo se pueden comprender las actualizaciones de los impuestos indirectos como el IVA y otros dentro de la actualización tributaria. ¿Pierde o gana el Estado? ¿Hay beneficios?

La gran virtud es que no se aumenta la tasa del IVA, lo cual sería una medida totalmente antiprogresiva –o sea regresiva–. Es positiva el alza de tasas en el impuesto de circulación de vehículos, así como el establecimiento del Iprima. Se supone gana el Estado.

¿Está contemplada la deuda en la actualización?

La deuda y el déficit no se contemplan, como si lo hacía el pacto fiscal original.

¿Se puede hablar, entonces, de una reforma integral, como afirma el Ejecutivo?

No.

Apenas hay esbozos y generalidades sobre la manera en que se invertirá lo recaudado por el Estado. Se habla de seguridad, hambre cero, contingencias y desarrollo rural, pero ¿por qué no se detalla el camino de estos recursos?, ¿se mejora el gasto de calidad en este sentido?

No se detalla porque no hay asignación segura todavía para estos fondos, lo único positivo de esto es que evita el establecimiento de pre-asignaciones de gasto, que en lenguaje técnico se les conoce como rigideces. El problema con estas es que el gobierno no puede readecuar con facilidad el gasto, impidiéndole en la mayoría de ocasiones cumplir con su plan de gobierno, así como responder de buena manera a situaciones adversas, como por ejemplo una crisis, ya sea económica o climática. Un ejemplo de esto se encuentra en el gobierno pasado, las rigideces impedían que pudiera asignar el gasto a reconstrucción de carreteras.

Mejorar el gasto no depende de definir el destino de los gastos, sino por medidas que permitan controlar el proceso de ejecución presupuestaria.

¿Qué tipo de transformación podría sufrir el Estado con esta reforma tributaria?

Transformación estructural: alguna, pues le otorgará oxígeno a este modelo de Estado que contamos, dándole un poco de fortaleza para impulsar el desarrollo, un poco como volver al estado gestor, “empresario-desarrollista” de los gobiernos militares. Entre comillas porque al final el énfasis en esos gobiernos, sobre todo en los ochentas, fue la represión y no el desarrollo. De esa cuenta lo que se busca es refuncionalizar los privilegios de la elite económica en detrimento de clases medias y pobres. Esto no quiere decir que vaya a haber un perjuicio directo; es más, hasta pueden verse beneficiadas, como pasó en el país en la década de los sesentas…

El problema es entonces que se consolida el poder de la élite, impidiendo la democratización del Estado, y dentro de esto no es tanto un problema de la élite per se, sino de que la elite encuentra su basamento en el sector agroexportador, conviniéndole, más en el imaginario y el status que en los negocios, la mantención del país como una finca.

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