Es evidente que en Guatemala hay hambre, y mucha. Y una gran parte de la respuesta estatal, aunque no toda, se basa en un enfoque caritativo-asistencial. La caridad se manifiesta en acciones bien intencionadas pero voluntarias y no se basan en la garantía de un derecho constitucional. Derecho que está recogido en la Constitución de la República desde 1985, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, vinculante para Guatemala desde que lo ratificó en 1988. Un ejemplo de esta ausencia de garantías constitucionales es la débil respuesta del Gobierno a la sentencia judicial del Juzgado de Juventud y Adolescencia de Zacapa sobre los cinco niños fallecidos en Jocotán (Mayo 2013).
Las acciones humanitarias son parches que intentan mitigar un problema alimentario causado por la falta de ingresos para acceder a suficientes alimentos que, aunque son esenciales para la subsistencia de cada ser humano, no se consideran un bien común sino un commodity. Solo pagando puedes comer pues todos los alimentos tienen un precio. Eso lo tenemos todos claro, pero ¿como hemos llegado a esta situación? ¿Como puede ser que un bien tan esencial para el ser humano como los alimentos sea totalmente privado?
La consideración de los alimentos como un bien privado no es una característica consustancial de los mismos. Es una construcción que hemos acordado en la sociedad capitalista post-industrial: nuestra sociedad acuerda esa cualidad a pesar de ser bienes esenciales para nuestra propia supervivencia. No obstante, al ser un acuerdo social y no una propiedad física de la materia es modificable. Podemos cambiar la consideración de los alimentos como un bien privado, sujeto a las reglas del mercado, como se cambió entre el siglo XVIII y XIX la consideración de los seres humanos de simple mercancía (commodity) a sujetos de derecho, poniendo fin a 10 mil años de esclavitud. Se hizo porque cambió la moral imperante y ya no se aceptaba la esclavitud de otros seres humanos.
Igualmente, usando argumentos éticos y una narrativa basada en las necesidades vitales, los derechos humanos y el bien común, debemos considerar a los alimentos como un bien común de la humanidad, que deben ser garantizados para todos, todos los días (al menos un mínimo) y que deben ser gobernados mediante acuerdos entre el sector publico, el Mercado y las acciones colectivas de los ciudadanos. Tal y como se hace con la educación o la salud actualmente. Que sean un bien común no quiere decir que volvamos a un estatización de todos los recursos productivos, pero sí que su acceso debe estar garantizado por ley a todos los ciudadanos. Comer es un derecho y asegurar ese derecho, un deber del Estado.
En ese sentido, si en Guatemala disfrutamos (todavía) de una cobertura sanitaria universal (art 94 de la Constitución) y de un sistema garantizado de educación obligatoria hasta los 14 años (art. 74 de la Constitución), ¿por qué no tenemos una Cobertura Alimentaria Universal que garantice mediante gestión pública, privada y colectiva un mínimo de alimentos para todos y todas cada día? ¿Es que es más importante que me aseguren una plaza en la escuela a que me aseguren comer cada día? ¿Como es posible que un alumno no pueda faltar a la escuela sin motivo y esa misma escuela no esté obligada a darle de comer gratis todos los días? Si el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación (art. 99) están todos recogidos en la Constitución ¿por qué hay una garantía de cobertura mínima de los dos primeros y no hay esa misma garantía para la alimentación? ¿Será porque la educación es un bien público y los alimentos un bien privado? Si la salud (art. 127) y el agua (art. 95) son considerados también bienes públicos ¿por qué no la alimentación? Esta discriminación de los alimentos como bien exclusivamente privado es, cuando menos, debatible y en todo caso injusta.
Por ello, en la semana en la que se celebra el Día Mundial de la Alimentación y las cifras del hambre toman los medios (evidentemente no hay nada que celebrar para 800 millones de personas hambrientas), me gustaría proponer una Cobertura Alimentaria Universal en Guatemala. Y como primer paso, se podrían garantizar diez tortillas para cada persona cada día, proporcionar almuerzos escolares subvencionados en todas las escuelas públicas y garantizar un bono alimentario mensual a todas las familias que actualmente carecen de ingresos o que ingresan menos del costo de la canasta alimentaria. Soy consciente que Guatemala es el país del mundo que menos recauda en impuestos y uno de los que menos gasto público tiene en relación a su Producto Interno Bruto (según datos recientes del Banco Mundial), pero creo que se podría financiar una Cobertura Alimentaria Universal que garantice tortillas para todos. ¿Y si acordamos subir un poco los impuestos y reducir los privilegios fiscales de las empresas para garantizar 10 tortillas para todos? Tendría sentido en un pueblo formado por “gentes de maíz”.
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