En 1344, el papa Clemente VI otorgó las islas Canarias a Luis de España, que había prometido conducir a los isleños al culto de Cristo. En el siglo XV, el papa Alejandro VI expidió bulas concediéndole a Castilla, luego España, todo lo descubierto o por descubrirse con la salvedad de respetar derechos adquiridos de otros Estados (de «príncipes cristianos») en otros lugares. Con ello se impuso la autoridad dominante «soberana» de manera violenta con base en un derecho último o superior que utilizan los incipientes Estados coloniales y republicanos para negarles el derecho de propiedad a sus verdaderos dueños, los pueblos originarios.
Desde entonces, políticas y leyes determinaron que los sistemas jurídicos de los pueblos originarios debían estar subordinados al de los primeros descubridores cristianos, por lo que se extinguieron reivindicaciones legítimas de manera paulatina. La tendencia histórica de los Estados ha sido imponerles una autoridad dominante soberana a los pueblos originarios sobre la base de implantar un derecho superior a las tierras, a los territorios, a las vidas y a los recursos.
Dice el informe de la relatora especial de Naciones Unidas Tonya Gonnella Frichner: «Las reivindicaciones y aseveraciones de los Estados con respecto al dominio y a la soberanía sobre los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos provienen de estos significados funestos, transmitidos desde la época del Imperio romano, y de una historia de deshumanización de los pueblos indígenas. Aquí radica la causa de los problemas actuales de los pueblos indígenas en la esfera de los derechos humanos».
Desde la crítica jurídica latinoamericana, expertos como el puertorriqueño Carlos Rivera plantean que la idea del derecho, de lo jurídico, llega con la invasión y que es una ilusión ideológica en la cual el derecho se crea, interpreta y aplica solo a través del Estado colonial. En el caso de Guatemala, las élites criollas ejercen su derecho consuetudinario para preservarse como tales y es el que convierten en derecho de Estado. Por lo tanto, su aplicación responde a sus intereses, y no a los de la población en general.
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Aplican el derecho impuesto para defender su propiedad privada de las tierras que despojaron de manera violenta. Y cuando este derecho les afecta, simplemente lo cambian o no lo acatan ni respetan. Es el caso de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que son objetadas o no son aplicadas en clara violación de la Constitución de la República (del Estado colonial).
La raíz de ello es la doble moral que representaba la doctrina del descubrimiento. Con tal de propagar el cristianismo, aplicaban e interpretaban sus leyes violentando territorios y seres humanos en clara contradicción con los principios cristianos. Se impuso la institucionalidad manejada por seres humanos a los valores y a la ética judeocristianos. Los invasores descubrieron América y a los salvajes, según su cristianismo, y los pueblos originarios descubrieron la barbarie occidental maquillada de civilización.
Por ello emplazar, cuestionar o refundar el Estado es difícil. Sin embargo, como toda construcción social, el sistema jurídico y el político, las bases del Estado, no son un bloque compacto impenetrable. Existen intersticios o fisuras que no se han aprovechado, y lo vemos en algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que está reconociendo legalmente la justa propiedad de algunas comunidades indígenas, ya que estos reclamos están fundamentados en lo que el Estado acepta legalmente: lo que entendemos como certeza jurídica sobre la propiedad.
Hay que resaltar el avance de algunos pueblos que, ante el despojo violento de sus territorios, compraron una y otra vez sus propias tierras. Y algunas lograron legalizarlas ante la institucionalidad del Estado, y esas tierras son las que son restituidas. Lo fundamental es que la Iglesia católica asuma su responsabilidad histórica y derogue la ilegal e injusta doctrina del descubrimiento para quitar las bases justificativas de los Estados que se niegan a reconocer los derechos históricos de los pueblos sobre sus territorios.
Como veremos en la carta pastoral de 1988 El clamor por la tierra, la Iglesia oculta esa responsabilidad histórica.
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