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Ciudades modelo de Honduras: ¿milagro económico o beneficio para algunos? (II)

“Ellos (los diputados que aprobaron la reforma constitucional que permite la creación de las RED) se aprovecharon de la crisis que hubo, una crisis que sacudió sus instituciones hasta la médula y que los hizo darse cuenta de que ellos por sí solos no podían salir de ella, de manera que hicieron lo que tenían que hacer para salir del hoyo en el que estaban metidos”, Gabriel Delgado Ayau.
Las RED son autónomas, tienen un fuero jurisdiccional independiente de los órganos jurídicos del resto del país, cuentan con su propio sistema administrativo, su propio presupuesto y recaudación de tributos, su propia policía, y su propia normativa de migración extranjera. Tienen, además, el control total de los puertos y aeropuertos en su territorio; y el derecho a expropiar terrenos “por causa de utilidad o necesidad pública”.
Protesta el 17 de octubre, previo a que la CSJ fallara contra ciudades modelo. Agencia EFE
En tensión. Mientras unos apuestan por el modelo de las RED, otros se oponen al sistema. Fotografía de Agencia EFE.
Áreas planeadas para las RED. Infografía de Dennys Mejía.
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Ciudades modelo de Honduras: ¿milagro económico o beneficio para algunos? (II)

Tiempo aproximado de lectura: 29 mins
Historia completa Temas clave

La Constitución hondureña se reformó para dar vida a las “ciudades modelo”, provocando serias discusiones sobre soberanía, proteccionismos fiscales que dejarían desfinanciado al Estado y dudas sobre un modelo que permitiría a esas áreas total autonomía en cuestiones administrativas y jurídicas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia falló contra las ciudades modelo, al reconocer como inconstitucionales las reformas impulsadas desde el Ejecutivo. Pero, en el Congreso planean apelar e iniciativas similares a la de Honduras podrían gestarse en el resto de Centroamérica. (Parte II)

Redes-lateral

Octavio Sánchez, jefe del staff presidencial, afirma que su gobierno hondureño buscó a Paul Romer en 2010 para que asesorara al gobierno sobre la elaboración de la propuesta de las RED y la reforma constitucional que sería necesaria para implementarla.

Pero Sánchez recalca que la idea no surge bajo la actual administración. “En 1992 se trató de hacer algo similar cuando una empresa llamada Bethlehem Steel Inc. (un fabricante de barcos estadounidense que ya no existe) llegó a Honduras para hacerle una propuesta similar al gobierno. Lo que querían era crear una ciudad en Honduras para acoger la migración de personas de Hong Kong que estaban preocupadas por el cambio de régimen (la devolución de Hong Kong a la República Popular de China tras haber sido colonia británica). El problema es que no había en aquél momento la voluntad política para llevar a cabo una reforma política como esa”.

Posteriormente, durante la administración de Ricardo Maduro (2002-2006), Sánchez lideró un grupo de jóvenes juristas que promovieron una reforma al régimen de tenencia de la propiedad en el país y, con el apoyo del empresario estadounidense Mark Klugmann, una reforma que permitió la privatización del mercado de las telecomunicaciones. Las reformas contaron con el apoyo de Porfirio Pepe Lobo, el actual presidente de Honduras, quien fungía en ese entonces como presidente del Congreso.

Para Klugmann, la apertura del sector de telecomunicaciones constituía el primer paso hacia la creación de un Legal, Administrative and Political Zone (LEAP Zone, por sus siglas en inglés), una zona que se regiría por sus propias normas legales, políticas y administrativas. Sánchez acogió la propuesta con entusiasmo pero no así el gabinete de Maduro.

Klugmann fue consejero del presidente estadounidense Ronald Reagan durante los años 80 y el papel que ha jugado en varios procesos electorales centroamericanos no está claro. El 6 de diciembre de 2005, Alfred Kaltschmitt, columnista de Prensa Libre ,aseguró que el Partido Nacionalista, el cual impulsó la candidatura de Porfirio Lobo, bajo la asesoría política de Klugmann, basó su estrategia en una serie de “campañas negras” contra el candidato opositor, Manuel Zelaya -quien ganó las elecciones pero fue depuesto mediante un golpe de estado en 2009-, en la intimidación y en promesas de “mano dura” contra la violencia.

Luego, en 2007, el diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), acusó al Partido Patriota (PP), asesorado por Klugmann según Taracena, con el asesinato de choferes del transporte urbano, como parte de una estrategia electoral basada en el miedo. Otto Pérez Molina, entonces presidenciable del PP, negó ningún vínculo con Klugmann y Klugmann amenazó con entablar una demanda contra Taracena por difamación

En abril de este año, volvió a aparecer el nombre de Klugmann, cuando fue invitado por la UFM para impartir una conferencia sobre el concepto de LEAP zones. Sin embargo, Zachary Caceres, investigador del Free Cities Institute de la UFM, asegura que ese think tank no tiene una postura institucional sobre el caso hondureño, aunque sí lo está monitoreando. “No queremos que el concepto de free cities, el cual tiene un gran potencial para promover el desarrollo humano, caiga en descrédito por culpa de un proyecto específico”, asegura Caceres.

Tres meses después, Klugmannfue entrevistado en el programa Hardtalk de la BBC como uno de los principales ideólogos detrás de la propuesta de las ciudades modelo en Honduras. En esa ocasión, vendió el proyecto como una oportunidad de crear un enclave donde la industria pudiera florecer lejos de la influencia del narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

Honduras, argumentan los teóricos que promueven la creación de free cities, es el laboratorio ideal para este experimento, ya que, con altos índices de pobreza, violencia, narcotráfico y crimen organizado, ha alcanzado lo que Zachary Caceres llama “una coyuntura crítica”. Esta coyuntura puede ser una crisis política, un desastre natural, el fin de un conflicto bélico u otro tipo de situación que lleva al país a “tocar fondo” y se producen las condiciones propicias para empezar desde cero, con nuevas reglas e instituciones.

“Nos estamos ahogando”, dijo el presidente Porfirio Lobo, durante un viaje a Washington a inicios de 2011, refiriéndose a la vulnerabilidad del país ante la ola de violencia generada por el crimen organizado. Los promotores de las charter cities recurren a la inestabilidad política, económica y social hondureña para definirla como en “coyuntura crítica”; que es justamente la coyuntura perfecta para instalar el nuevo modelo.

“Incluso sucesos horribles que uno no le desearía a ningún país, como el bombardeo devastador de Japón o Alemania, sirvieron para que esos países evolucionaran de la dictadura fascista a sociedades más abiertas y democráticas”, afirma Caceres.

El empresario guatemalteco Gabriel Delgado Ayau (nieto de Manuel Ayau, fundador de la UFM) y socio de MGK, una de las empresas interesadas en invertir en las nuevas RED que se crearían en Honduras, agrega: “Ellos (los diputados que aprobaron la reforma constitucional que permite la creación de las RED) se aprovecharon de la crisis que hubo, una crisis que sacudió sus instituciones hasta la médula y que los hizo darse cuenta de que ellos por sí solos no podían salir de ella, de manera que hicieron lo que tenían que hacer para salir del hoyo en el que estaban metidos”.

Nuevas reglas para nuevas ciudades

En noviembre de 2010, tras haber escuchado una conferencia impartida por Romer, Octavio Sánchez decidió buscar su apoyo para la formulación de la reforma constitucional que daría vida a las RED, convencido de que su presencia le daría legitimidad internacional al proyecto.

El 15 de febrero de 2011, la gaceta oficial publicó el decreto 283-2010, el cual plantea la reforma de los artículos constitucionales 304 y 329, de manera que donde el artículo 304 reza “en ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, se agrega “se exceptúan de esta disposición los fueros jurisdiccionales en las Regiones Especiales de Desarrollo”. El Congreso aprobó la reforma por mayoría simple (con sólo dos votos en contra) y el 7 de marzo de 2011 se publicó el decreto 4-2011 que ratificaba la reforma constitucional.

Días antes, el presidente Porfirio Lobo había viajado con una comitiva que incluía al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Fernando Chinchilla, al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, y al secretario del Poder Legislativo, Rigoberto Chang Castillo, a Corea y Singapur para conocer más acerca de las charter cities y zonas económicas especiales que existen en esos países. Durante ese periplo, la agencia de cooperación coreana, KOICA, se comprometió a financiar un estudio de factibilidad para la construcción de una RED en la zona sur del país, valorado en cuatro millones de lempiras (US$203 mil).

El 4 de agosto del mismo año, la gaceta oficial publicó el decreto 23-2011, en el cual se detalla el alcance de los poderes que les confieren a las RED. En el primer artículo se establece que las RED son “parte inalienable del Estado de Honduras”, y que sus habitantes seguirían estando amparados por los derechos que otorga la constitución hondureña, seguirían siendo hondureños, votarían en las mismas elecciones que el resto del país, tendrían un pasaporte y una cédula hondureña y serían defendidos por el ejército hondureño en caso de una invasión extranjera.

Pero en los artículos siguientes se decreta que las RED son autónomas, tienen un fuero jurisdiccional independiente de los órganos jurídicos del resto del país, cuentan con su propio sistema administrativo, su propio presupuesto y recaudación de tributos, su propia policía, y su propia normativa de migración extranjera. Tienen, además, el control total de los puertos y aeropuertos en su territorio (y de las tasas que éstos impongan), la potestad de negociar tratados y convenios internacionales, siempre y cuando sean avalados por el Congreso hondureño, y el derecho a expropiar terrenos “por causa de utilidad o necesidad pública”. El artículo 15 reza que “las autoridades del resto del país y  del extranjero no pueden interferir en asuntos que son de competencia exclusiva de las RED”.

Octavio Sánchez, jefe del staff presidencial, aclara que a pesar de la autonomía jurídica que se les otorgaría a las RED, no podría modificarse el Código Penal sin el aval del Congreso de la República, lo cual significa que una RED no podría, por ejemplo, imponer la pena de muerte en su territorio. El estatuto les da a las RED autonomía jurídica pero qué nombre y estructura tendrán esas instituciones lo decidirá el gobernador de cada zona. En cuanto a la seguridad, las RED no tendrían un ejército propio pero sí pueden crear su propia policía.

Además, la autonomía jurisdiccional permite que  las instituciones en una RED pueden ser muy distintas a las de otra RED. Un gobernador podría crear una RED basada en el modelo de justicia británico con un juez británico, por ejemplo. Así lo hizo Dubai, donde hay un enclave financiero en que se aplica la ley mercantil inglesa y hay un juez inglés, mientras que en el resto del país se aplica la Ley Sharia, que es la ley islámica. O podrían inventarse un modelo propio, que sea totalmente distinto a los modelos que existen en el mundo. Esta libertad de acción preocupa a los opositores.

En cuanto a los derechos laborales, el estatuto constitucional que da vida a las RED establece, en el artículo 64, que estos territorios deben de regirse por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pero les confiere la potestad de crear sus propios mecanismos de arbitraje.

Julio Raudales, Ministro de Planificación y Cooperación Externa, afirma que el Código de Trabajo hondureño no se aplicaría en las RED. “Eso es un alivio porque el Código de Trabajo de Honduras es tremendamente arcaico y aunque mucha gente piensa que es para proteger a los trabajadores es en detrimento de ellos porque es demasiado inflexible”, asegura.

Las organizaciones sociales que se oponen a las RED, temen que si las empresas inversionistas serán las encargadas de establecer las nuevas reglas, éstas favorecerán sus intereses, imponiendo bajos salarios y limitando el derecho a la huelga y a la organización sindical.

Estos temores cobran sentido cuando Robert Haywood, integrante de MGK, una empresa interesada en invertir en las RED que podrían crearse en la zona del Valle de Cuyamel (fronteriza con Guatemala) y en la del Golfo de Fonseca, explica lo que a su criterio constituye un ambiente propicio para la inversión: “Un entorno estable donde no haya grandes shocks porque un sindicato decide convocar una huelga nacional sólo porque no están de acuerdo con alguna ley en particular, y todas las empresas suspendan sus labores”.

Sin embargo, Raudales considera que esa es la única opción para el país: “Mucha gente olvida que usted puede poner las leyes que quiera pero el mercado tiene sus propias leyes”, asegura. “Si usted es médico y hay un estatuto que protege a los médicos y dice que un médico recién graduado no puede ganar menos de US$1,500, pero se gradúan al año 100 médicos y sólo cuatro pueden entrar al año al sistema público a ganar el salario mínimo. ¿Qué hacen los demás? Se van a trabajar a una clínica privada periférica y les dicen “te ofrezco trabajo pero por US$200, si no, sigue buscando”. Las reglas no se van a cumplir porque no se pueden cumplir y ese es el gran problema. Vivimos en sociedades distorsionadas por malas reglas que son incumplibles”.

El hecho de que las RED tendrían su propia recaudación tributaria es otro punto crítico. Según el artículo 55 del estatuto, el Impuesto Sobre la Renta no puede superar el 12 por ciento de la renta neta gravable para las personas naturales y el 16 por ciento para las personas jurídicas, mientras que el Impuesto Sobre Valor Agregado no puede superar el 5 por ciento de la transacción de compra.

Una de las principales críticas de los opositores es el de la autonomía tributaria de las RED. Según los estatutos los impuestos que se recauden en una “ciudad modelo” los administrará el gobernador de la ciudad y no irán a las arcas nacionales. Como las RED son polos de desarrollo, los pocos impuestos que hoy pagan las empresas, ya no lo percibirá el fisco hondureño sino el gobernador de ese enclave.

En ese sentido, Hugo Noé Pino, hondureño, ex director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) teme que la autonomía tributaria de pie a que las RED “se conviertan en una gigantesca máquina de exoneración de impuestos”.

Pero Raudales insiste en que no se estaría privando al fisco de recursos, ya que las RED se construirían en áreas con una baja densidad poblacional y un desarrollo urbano casi inexistente, lo cual significa que los montos que contribuyen en materia de impuestos son mínimos. Además argumenta que la autonomía permite a las autoridades de las RED enfocar los recursos en el desarrollo de esas áreas de manera más eficiente.

En resumen, según el estatuto de las RED, estas regiones siguen estando, en teoría, supeditadas a lo que dicta la Constitución. Sin embargo, la RED se regiría por la Constitución para algunas cosas (por ejemplo, los convenios y tratados internacionales ratificados por Honduras, en temas como la prohibición de la tortura y el respeto a los derechos humanos), pero para otras cosas, se le da carta blanca al gobernador para imponer su propio sistema jurídico (su propia fiscalía, juzgados y tribunales, policía, sistema penitenciario, el cual puede basarse en un modelo ya existente (emulando, por ejemplo, el sistema jurídico de otro país o inventándose un modelo nuevo, sin precedentes en el mundo). Por lo tanto, una RED podría tener un sistema totalmente distinto al del país en donde está situado.

Si la ciudad resultara ser un fracaso o la población de una RED estuviera inconforme, tendría el derecho de votar en un referéndum y pedir su disolución  y luego el Congreso tendría que ratificarlo.

La pugna por el control de las RED

En cuanto a las autoridades que regirían los nuevos territorios, cada RED tendría un gobernador, cuyo cargo duraría siete años, y sería nombrado por una Comisión de Transparencia, electa por el Ejecutivo, entidad integrada por nueve miembros que aseguraría la administración correcta del territorio mientras sus habitantes eligen sus autoridades mediante sufragio (una sola Comisión de Transparencia regiría todas las RED). Aunque esto pareciera indicar que la Comisión de Transparencia debiera ser de carácter provisional, el estatuto no establece cuál debiera ser la duración de su mandato.

El estatuto establece que el gobernador debe ser de nacionalidad hondureña, pero este requisito no se exige para los integrantes de la comisión de transparencia. Tras la publicación del estatuto, se creó la página web http://www.red.hn/espanol (que fue retirada de la vista pública en internet), donde figuraban los nombres de cinco extranjeros como integrantes de la Comisión de Transparencia:

1)      Paul Romer: catedrático de la Universidad de Nueva York, previamente catedrático de la Universidad de Stanford, fundador de la empresa de software Aplia, autor intelectual del concepto de charter cities.

2)      George Akerlof: economista estadounidense, catedrático de la Universidad de California. Ganador del Premio Nobel de Economía en 2001 junto con Michael Spence y Joseph Stiglitz. En 1993, Akerlof y Romer escribieron el artículo “Saqueo: el Bajo Mundo Económico de la Quiebra como Fuente de Ganancias”, en el cual describían cómo, bajo ciertas condiciones, los dueños de una empresa pueden decidir que es más rentable “saquear” la empresa y “extraer todos sus activos”, en vez de hacerla crecer y prosperar.

3)      Nancy Birdsall: Ex vice presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fundadora del Centro para el Desarrollo Global (CGD, por sus siglas en inglés).

4)      Boon-Hwee Ong: ex CEO de las empresas Temasek Holdings y Singapore Power.

5)      Harry Strachan: integrante de la junta directiva de la empresa Flamingo Energy Company LLC, con sede en Miami, Florida, junto con los empresarios azucareros guatemaltecos Ramón y Ricardo Campollo. Fue rector del INCAE Business School. Socio fundador del fondo de capital de riesgo Mesoamérica Investments.

Pero Octavio Sánchez, jefe del staff presidencial, asevera que la página web http://www.red.hn/espanol nunca contó con el aval del gobierno hondureño. “Él (Paul Romer) había pedido ser miembro de la comisión de transparencia y Honduras había aceptado; sin embargo, no se puede crear un órgano de gobierno para las RED si las RED no existen en este momento”.

Sánchez explica que el gobierno hondureño firmó una serie de “memoranda de entendimiento” con varias empresas interesadas en invertir en las RED, Romer insistió en conocer los pormenores y cuando el gobierno le negó acceso a esa información por ser considerada de carácter confidencial, se produjo un distanciamiento entre ambas partes.

“A Paul Romer lo invitamos para que nos ayudara en el diseño de un plan de negocios y para ubicar inversionistas. En ninguna de las dos cosas nos ayudó”, asevera Sánchez. Por otra parte, la versión de Romer, expresada en una carta abierta al Presidente Porfirio Lobo, es que los integrantes de la comisión renunciaron porque el gobierno hondureño no actuó de manera transparente: “Las condiciones que permitan que la Comisión de Transparencia cumpla con el papel que se le ha asignado en este importante y ambicioso proyecto no se han dado”.

“Falta de transparencia en planes para crear una ciudad modelo en Honduras frenan el proyecto”, fue el titular de un artículo publicado el 8 de septiembre por el diario británico The Guardian, lo cual apunta a que la salida de Romer repercutió de manera negativa en la imagen internacional de la iniciativa.

“Los intereses que se mueven en favor de las ciudades modelo son intereses privados de transnacionales, pero hay un sector de la burocracia del Estado y algunos sectores empresariales hondureños que se van a beneficiar o se quieren beneficiar de ese proyecto. Eso ha llevado a algunas contradicciones entre el empresariado extranjero y el nacional y eso es lo que llevó a la salida de Paul Romer del proyecto”, asegura el consultor político Tomás Andino.

“Paul Romer planteó que la ciudad modelo debía establecerse en un lugar deshabitado donde Honduras cediera el territorio a otro estado; ese fue el primer plan que apoyó Paul Romer y otros académicos y empresarios internacionales. Pero un sector que está en el gobierno, detrás del cual están algunos empresarios nacionales oportunistas, vio la oportunidad de comprar tierras en las nuevas ciudades y venderlas o alquilarlas a los empresarios que vendrían a invertir”, agrega Andino.

“El proyecto ha desatado ambiciones de todos los grupos y eso está haciendo que el proyecto esté fracasando a nivel internacional porque la carta de presentación del proyecto a nivel internacional era Paul Romer, pero él entró en este juego de intereses con el gobierno de Honduras,  tuvo algunas diferencias y ahora está desacreditando el proyecto a nivel internacional”, explica el analista.

En marzo de 2011, el Presidente Lobo anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), había aprobado fondos para realizar un estudio de factibilidad que permitiría la construcción de un puerto y un aeropuerto dentro del esquema de las RED.

Poco se sabe sobre la serie de memorandos de entendimiento que ha firmado la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) con empresas interesadas en invertir en las RED, que supuestamente constituyen “expresiones de interés” para que se realicen los estudios de factibilidad necesarios para la construcción de una RED, y no implican un compromiso formal entre los firmantes. Octavio Sánchez, jefe del staff presidencial, asegura que unos 20 han sido suscritos, sin revelar los nombres de las empresas ni el contenido de los acuerdos.

Hasta la fecha, ha trascendido que se firmó un memorándum de dos páginas entre Coalianza y Grupo MGK. En septiembre de este año, cuando el diario hondureño El Heraldo solicitó acceso al documento, Coalianza respondió que era confidencial, pero el medio recurrió a la Ley de Transparencia.

En un contexto de hermetismo en torno al contenido del acuerdo, El Heraldo publicó que MGK no existía ni tenía antecedentes en Internet. Un día después apareció una página en Internet con detalles sobre la empresa y sus socios.

Según El Heraldo, el acuerdo supuestamente permite a MGK invertir US$15 millones en la elaboración del estudio de factibilidad. La empresa compraría tierras dentro de una de las tres áreas pendientes de aprobación por parte del Congreso para la construcción de las RED: en Sico-Paulaya Castilla, en el departamento de Gracias; en Valle de Cuyamel, en el departamento de Cortés y Santa Bárbara (incluye un área fronteriza con Guatemala); y en Golfo de Fonseca, en el departamento de Valle y Choluteca.

Se desconoce la extensión exacta, ubicación y el precio, aunque la junta directiva de MGK dijo, en entrevista con Plaza Pública que le interesaba invertir en el Valle de Cuyamel y el Golfo de Fonseca. Esas tierras se traspasarían al Estado de Honduras y el gobierno, con el título de propiedad del inmueble, le concedería a MGK un contrato de arrendamiento por un determinado período a cambio del pago de un canon.

Entre los integrantes de MGK figuran: 

  • Michael Strong: Estadounidense, co-fundador de la empresa Conscious Capitalism (Capitalismo con Conciencia), la cual se define como una entidad que promueve el libre mercado, la competencia y el “emprendedurismo”.
  • Robert Haywood: Estadounidense, experto en zonas francas. Fue director de la Asociación Mundial de Zonas de Procesamiento Económico (WEPZA, por sus siglas en inglés). En 1995, participó en el proceso de paz entre Israel y Palestina, acuerdos que incluyeron la creación de zonas francas con mano de obra palestina, jordana y de migrantes asiáticos. En 2008, fue asesor senior en desarrollo económico para las fuerzas británicas en Irak.
  • Gabriel Delgado Ayau: Guatemalteco, nieto de Manuel Ayau, fundador de la UFM. Cofundador de varias empresas de telecomunicaciones e informática, entre ellas Widefense, una empresa de seguridad IT; Localiza, un servicio de localización de vehículos; e Interactúa Móvil (aplicaciones informáticas).
  • Guillermo Peña Panting: Hondureño, egresado de la UFM. Presidente de PEAR Consultorías Estratégicas. Ex director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Cuestionan la legalidad del estatuto

Blandiendo el texto de la Constitución de la República en una mano, Ramón Custodio, Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, asevera que el Congreso violó la constitución al pretender modificarla sin haber convocado una Asamblea Nacional Constituyente: “Si este libro no es cambiado por una Asamblea Nacional Constituyente hay una ilegalidad. Un Congreso ordinario no puede cambiar esta Constitución. Nosotros ganamos un juicio en la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional cualquier cambio de este texto vía interpretación del Congreso Nacional. Hay una sentencia firme que el Congreso se niega a publicar en el diario oficial”.

Sin embargo, cuando se le cuestiona sobre la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar los artículos 304 y 329 de la Constitución, Octavio Sánchez, jefe del staff presidencial, responde a secas: “No, nada que ver”.

Custodio considera que las RED son áreas donde algunos ciudadanos hondureños “vivirán con privilegios”, lo cual atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. También califica la creación de diferentes cuerpos judiciales para cada RED como “un absurdo”.

Desde que se publicó el estatuto de las RED, diversas organizaciones de la sociedad civil y particulares, como la periodista Sandra Sánchez, presentaron más de 50 recursos de inconstitucionalidad en su contra, todos con base a los argumentos legales que plantea

Óscar Cruz, ex fiscal de defensa de la Constitución del Ministerio Público.

El argumento principal de Cruz es que los artículos 304 y 329, los cuales son pétreos pues son renglones donde se establecen temas de la soberanía y el territorio hondureño, establecen el territorio nacional como elemento esencial del Estado, lo cual se vulneraría con la creación de las RED, ya que esto implica la “enajenación o concesión” de partes del territorio nacional a inversionistas, en su mayoría extranjeros.

“La mayoría de los hondureños rechazan la posibilidad de que para resolver los problemas haya que ceder la soberanía”, asevera Juan Ramón Martínez, analista político y abogado. Pero Sánchez insiste en que “no estamos creando otro país, simplemente estamos dándole un alto nivel de autonomía a una región que sigue siendo parte del territorio nacional. No es distinto a lo que pueda encontrar en Estados Unidos, en España con el régimen de autonomía, o en Alemania con la federación que han creado. No veo por qué aquí quieran darle otra connotación”.

El 12 de septiembre, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, y particulares, iniciaron una demanda ante el Ministerio Público contra los 126 diputados del Congreso (incluyendo al Presidente del Organismo Legislativo, Juan Orlando Hernández) que votaron a favor del estatuto de las RED, por el delito de traición a la patria por la violación constitucional que supuestamente se había cometido con la modificación de los artículos 304 y 329. También se presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra el Presidente Porfirio Lobo “y demás funcionarios que promulgaron las reformas”.

“Yo podría decir que vamos a acusarlos a ellos de traición al pueblo, porque lo que uno hace no es dañar a su patria o  su soberanía, lo que se hace es para buscar mejores oportunidades”, respondió el mandatario.

El mismo mes el abogado Óscar Cruz también presentó una recusación exigiendo que el magistrado Óscar Fernando Chinchilla, de la Corte Suprema de Justicia, no siguiera conociendo las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las RED. Cruz argumentaba que Chinchilla era amigo íntimo del Presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, y del secretario del Poder Legislativo, Rigoberto Chang Castillo, y que al acompañar al presidente Lobo en su viaje a Asia a principios de 2011 había mostrado interés en la creación de las RED y por lo tanto no podía emitir un voto imparcial sobre el tema. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional lo rechazó, al considerar que las imputaciones contra el magistrado Chinchilla eran de carácter subjetivo.

El viernes 21 de septiembre la periodista  Sandra Sánchez, quien presentó una acción de inconstitucionalidad contra las RED y participó en la denuncia penal interpuesta contra los diputados que aprobaron los cambios a la Constitución, fue entrevistada en un programa de televisión, junto con el abogado Antonio Trejo. Cuando salieron del estudio bromearon sobre la posibilidad de que sus acciones pudieran costarles la vida. El humor negro era como una válvula de escape durante los momentos tensos que se vivían.

El domingo por la mañana, sintió escalofríos cuando los medios de comunicación reportaron que Trejo había sido acribillado durante la noche del sábado, cuando salió del recinto donde se celebraba una boda en la colonia América, en el extremo sur de Tegucigalpa, para contestar una llamada telefónica.

Trejo fue uno de los juristas que interpuso recursos de inconstitucionalidad contra la creación de las RED, aunque, por el momento, la principal línea de investigación para esclarecer el caso es el papel que jugó como representante legal del Movimiento Auténtico Renovador del Aguán, una agrupación de campesinos que reclama tierra en el departamento de Colón.

No obstante, su muerte sembró temor entre los abogados y activistas involucrados en las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del estatuto de las RED y tensó el ambiente durante un período en el cual todos los sectores aguardaban el fallo de la Corte Suprema de Justicia. 

“La muerte del abogado Trejo se relaciona más con la lucha en el Aguán pero ambos temas (las acciones de inconstitucionalidad y el conflicto de tierras en el Aguán) son incómodos para los sectores de poder. Por mi correo han llegado insultos y cosas por el estilo aunque no he recibido amenazas como tales. Pero cuando asesinan a alguien cercano uno tiene que poner las barbas en remojo. Estamos viendo cómo se desarrollan las cosas; a nivel privado tomamos precauciones como romper la rutina y no concurrir en ciertos lugares”, asegura el abogado Óscar Cruz.

Fuera de la presentación de los recursos de inconstitucionalidad, las manifestaciones de rechazo de la sociedad civil – una recolecta de firmas frente a la Corte Suprema de Justicia cada miércoles y una pequeña manifestación de no más de 30 personas frente al hotel donde se encontraban hospedados los representantes de MGK - han sido pequeñas y su impacto ha sido magnificadopor la prensa escrita, particularmente El Heraldo, propiedad del empresario Jorge Canahuati Larach.

El analista político Tomás Andino no atribuye la debilidad de la reacción social frente al miedo – lo cual sería comprensible en un país donde cada 88.5 minutos muere una persona de forma violenta – sino a una falta de información sobre el alcance de las reformas constitucionales que se aprobaron y al Acuerdo de Cartagena suscrito por el Presidente Porfirio Lobo y el mandatario depuesto Manuel Zelaya. Al ex presidente Zelaya se le permitió volver a Honduras e inscribir a su agrupación política –el Partido Libre– de cara a las elecciones de 2013, pero la condición no escrita, asevera Andino, fue que mantuviera bajo control al movimiento de resistencia que lo había apoyado. Hasta ahora, el ex presidente Zelaya ha guardado silencio sobre el tema de la reforma constitucional y la creación de las RED.

La Asociación de Municipalidades Hondureña (AMHON) tampoco se ha pronunciado sobre el tema. “Están persiguiendo alcaldes y diputados que se oponen. Juan Orlando Hernández, (presidente del Congreso) tiene marginados a los alcaldes de su mismo partido que no están con él. Los excluyen de los programas, les retrasan las transferencias, si no apoyas simplemente no te dan proyectos”, afirma un alcalde del Partido Liberal que pidió reserva de su nombre.

En cuanto al sector privado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), evitaron pronunciarse antes de que la Corte Suprema de Justicia emitiera el dictamen sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas. Plaza Pública solicitó entrevistas con Aline Flores, presidenta del COHEP, y Guillermo Matamoros, presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), pero no atendieron las llamadas.

Pero el 6 de octubre de este año, tres días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara con lugar las acciones de inconstitucionalidad, Flores dijo a la prensa hondureña que lamentaba la decisión y que esperaba que la iniciativa fuera retomada en el futuro. “Lamentamos que no haya habido consenso”, expresó. Agregó que “no hay que tenerle miedo a esas iniciativas” y recomendó que el proyecto “no muera, sino que se busquen soluciones para implementarlo”.

Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz, Gustavo Bustillo Palma y Edith María López, declararon inconstitucional el decreto que crea las RED, mientras que Óscar Fernando Chinchilla, emitió un voto razonado en contra.

Chinchilla argumenta que las generaciones de hoy no debieran estar sujetas a las disposiciones de una Constitución escrita por generaciones pasadas y que la democracia es más importante que el apego estricto a la Carta Magna. También plantea que “la Constitución no es permanente e inalterable” ya que puede ser sujeta a reformas.

Parafraseando las teorías postmodernas del filósofo estadounidense Francis Fukuyama, el jurista afirma que “asistimos a la crisis de los grandes relatos, al abandono de las utopías, al desgaste de las fábulas, a la muerte de las ideologías”, lo cual hace necesaria una actitud más flexible frente a la Constitución, la cual debe ser modificada de manera que sea acorde con los tiempos modernos.

Chinchilla también sostiene que los tribunales independientes de las RED no son tribunales de excepción (los cuales prohíbe la Constitución), sino que son “tribunales especiales constitucionalmente previstos” y que sí pueden ser considerados como inconstitucionales pero por el hecho de que contravienen el principio de igualdad. Además, Chinchilla argumenta que las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las RED fueron extemporáneas.

Al no existir unanimidad en la Sala de lo Constitucionalidad, el pleno de la Corte Suprema de Justicia tuvo quince días hábiles para ratificar o no la inconstitucionalidad de las RED. El 17 de octubre se dio a conocer el fallo. La sesión inició a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 18:30 de la tarde.

De los quince magistrados que integran el pleno, trece votaron para que se declarara con lugar el recurso de inconstitucionalidad bajo el argumento de que la reforma a los artículos 304 y 329 de la Constitución vulneraba preceptos relacionados con la soberanía el territorio y la forma de gobierno; uno votó en contra (Óscar Chinchilla) y el presidente de la corte, Jorge Rivera Avilés, emitió un voto particular, ni a favor ni en contra. Por lo tanto, el voto resultó 13 a 1, más el voto particular de Rivera Avilés, a favor del recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados Óscar Cruz, Fredín Fúnez y Jari Dixon, entre otros.

Mientras los magistrados debatían en el pleno, en las afueras y en la plazoleta de la Corte, campesinos, abogados y representantes garífunas, aguardaron el fallo y celebraron la resolución final emitida a favor de la inconstitucionalidad de las reformas.

Sin embargo, Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, asegura que no descarta la idea de someter las acciones de constitucionalidad a consideración ante una corte británica, con sede en Londres. “Esta decisión no me va a desanimar en mi lucha por darle más oportunidades de empleo a los hondureños”, declaró a los medios hondureños.

En tanto que las acciones de inconstitucionalidad no se resuelvan de manera definitiva, la creación de las RED se mantendrá detenida ya que empresas como Grupo MGK han declarado que prefieren esperar a que la disputa legal quede finiquitada antes de proceder con cualquier inversión.

Mientras esto sucede, el empresario guatemalteco Gabriel Ayau Delgado, integrante de Grupo MGK, asegura que empresarios y funcionarios guatemaltecos están siguiendo de cerca la experiencia hondureña con “un optimismo cauto” con miras a emularla. “Estoy involucrado en este proyecto porque quiero que esta idea despegue en Guatemala, país que enfrenta problemas similares a los de Honduras, como la falta de oportunidades, la violencia y un sistema educativo deficitario. Tenemos que ser valientes e innovadores y formular nuevas ideas para enfrentar los desafíos del nuevo milenio, ya que las viejas ideas no están funcionando. Este modelo contiene lo mejor de Shenzhen, Hong Kong, Corea del Sur y Dubai, y Guatemala es un buen candidato para implementarlo”, afirma Delgado Ayau.

En el mismo sentico, Caceres explica que “hay personas interesadas en crear regiones especiales de desarrollo en Guatemala y el gobierno guatemalteco definitivamente está monitoreando lo que sucede en Honduras, dada la proximidad geográfica del país. Nosotros, como una institución académica sin fines de lucro, estamos discutiendo la idea en un plano abstracto pero no estamos cabildeando con el gobierno ni nada por el estilo”.

Delgado Ayau asegura que si Guatemala no sigue los mismos pasos que Honduras, corre el riesgo de perder su ventaja competitiva frente al país vecino. “Esto no es sólo una gran oportunidad para Guatemala sino que podría ser una gran amenaza si la estrategia no se implementa en ese país.  Cuando esto sea un éxito en Honduras, los demás países del istmo tendrán que reaccionar porque de lo contrario dejarán de ser competitivos”, sentenció.

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