Ciudades modelo de Honduras: ¿milagro económico o beneficio para algunos? (I)

Víctor Flores, alcalde de Nacaome, sentía que lo que estaba escuchando era demasiado bueno para ser verdad. La comitiva de diputados que llegó a su municipio en marzo de este año le hablaba de conceptos con los cuales no estaba familiarizado como “ciudades modelo” o “charter cities”, citaban a un tal Paul Romer, un economista estadounidense cuyo nombre nunca había escuchado, le decían que mirara a su alrededor y tratara de imaginar a Nacaome – un pueblo apacible con unos 65 mil habitantes – como un “hub” de desarrollo, con grandes industrias que proporcionarían empleo para todos. 

Ubicada a una hora y media de Tegucigalpa, Nacaome es la capital del departamento de Valle y es un municipio predominantemente agrícola, donde la actividad económica dominante es el cultivo del maíz, frijol y algunos cultivos de exportación como el melón y la sandía.

Flores, electo por el Partido Liberal, escuchaba con atención la propuesta. Como jefe edil de un municipio donde un 80 por ciento de la población económicamente activa se encuentra desempleada, hay altos índices de alcoholismo y un 20 por ciento de los adultos son analfabetas, la promesa de generar empleo, construir carreteras donde ahora sólo había caminos de terracería, escuelas de alta calidad y hospitales con tecnología punta, donde un paciente jamás moriría por falta de recursos, ciertamente resultaba atractiva y seductora.

Las ciudades modelo serían la panacea para todos los males que afligían a su municipio: desde el desempleo masivo y la migración, hasta la sequía y la desnutrición infantil. Pero Flores es un hombre pragmático y mientras escuchaba no podía evitar preguntarse: “¿Dónde está la letra pequeña?”

Pronto lo descubriría, cuando comenzó a leer sobre el tema en los medios de comunicación: En febrero de este año, un mes antes de que llegara la comitiva de legisladores, el Congreso ya había aprobado un estatuto que modificaba la Constitución de la República y creaba Regiones Especiales de Desarrollo (RED), áreas geográficas bajo la tutela de un gobernador que se regirían bajo sus propias leyes y recaudarían sus propios impuestos.

A pesar de ser un municipio deprimido, Nacaome se encuentra en el Golfo de Fonseca, un área de importancia estratégica, y fue incluido en una de las tres zonas designadas como “aptas” para el establecimiento de las primeras RED. Flores sentía que el guiso ya se había cocinado sin que nadie lo hubiera consultado.

“Nos tomó por sorpresa. Primero Paul Romer llega al Congreso, donde los diputados y sobre todo el presidente (Juan Orlando Hernández) le da una apertura total, se discute y se aprueba un estatuto constitucional donde se contempla la posibilidad de crear las ciudades modelo y después vienen a socializarlo a las cabeceras municipales”, asegura Flores.

Es domingo, mediodía, y hace un calor abrasador. Dos señoras pasean tranquilamente por el parque sujetando una sombrilla para resguardarse del sol, un vendedor de chicles contempla distraídamente el flujo de transeúntes y un vagabundo harapiento saluda a Don Víctor y se acerca a pedirle una moneda. La vida en Nacaome transcurre con normalidad sin que sus habitantes sospechen que un cambio radical se avecina.

“Dentro de la limitación de conocimientos que pueda tener estoy seguro de que esto está en contra de la soberanía nacional porque el que trae la inversión también impone las reglas del juego”, agrega Flores. “Ellos (los diputados) dicen que no es incompatible con el principio de autonomía municipal pero sí lo es y los recursos que nos vienen por la explotación de los recursos del mar serían para ellos (las autoridades de la RED) y no para la municipalidad”.

Flores considera que la generación de empleo no es más que “el cebo o gancho que utilizan los promotores de esta idea porque saben que la gente está sedienta y necesitada de muchas cosas”. “No podemos descartar que generaría empleo pero tal vez no con la masividad que están diciendo porque la mano de obra que aportaríamos sería no calificada. Los grandes técnicos los traerían ellos (los inversionistas) y aquí sólo pondríamos el mozo, como vulgarmente se dice”.

Paul Romer y las charter cities

Para el economista estadounidense Paul Romer, catedrático de la Universidad de Nueva York, la causa fundamental del subdesarrollo de un país se encuentra en la ausencia de “reglas claras”, es decir, leyes que le proporcionen certeza jurídica al inversionista, una burocracia eficaz que permita la realización de trámites en cuestión de horas y no meses, una policía bien equipada y que no sea corrupta, jueces honestos…

Canadá es un país que reúne muchos de esos elementos, a diferencia de Honduras, el país más violento del mundo, con 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2011, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc). El Salvador, el segundo más violento del mundo el año pasado, alcanzó los 62 asesinatos por cada 100 mil; y Guatemala, séptima, pasó de 48 a 34 asesinatos por cada 100 mil en los últimos tres años. Honduras es también una parada clave para la ruta de narcotráfico desde Suramérica a Estados Unidos. Undoc calcula que el 80 por ciento de la cocaína pasa por la ruta centroamericana-mexicana. Este cóctel no podría darse sin niveles de dos terceras partes de la población en pobreza, según cifras de Naciones Unidas, ni niveles alarmantes de desigualdad.

Idealmente, argumenta Romer, para que Honduras alcanzara el mismo nivel de desarrollo que Canadá, debería de crear instituciones como las canadienses, pero para lograrlo, sería necesario que la élite política y económica estuviera dispuesta a renunciar a un status quo del cual se beneficia y  refundar el estado-nación bajo nuevos términos, algo sumamente difícil de lograr sin que ocurra un movimiento revolucionario en el país que pudiera generar las reformas necesarias.

La solución a ese dilema, plantea Romer, es tomar un pedazo de Honduras y empezar desde cero para crear instituciones limpias y transparentes o “reglas claras” que fomenten la inversión, el desarrollo y la prosperidad. Y para garantizar que en ese territorio las nuevas instituciones se desarrollen sin la interferencia de las entidades ineficaces y corruptas que existen en el resto del país, ¿por qué no pedirle a Canadá que administre ese territorio y asuma el papel de “garante”?, cuestiona el economista.

El hecho de que miles de personas en países como Honduras decidan cada año arriesgar sus vidas para migrar a Estados Unidos, Canadá o Europa, demuestra, según Romer, que en sus lugares de origen no existen las reglas necesarias para que puedan desarrollarse como emprendedores. Si deciden fundar un negocio, por ejemplo, corren el riesgo de ser extorsionadas por pandillas, y las autoridades competentes no intervienen porque son ineficaces y corruptas. Pero la migración no es más que una quimera, ya que en los países a donde migran viven en la ilegalidad y por lo tanto carecen de derechos.

Al crear polos de desarrollo en sus propios países, las personas migrarían internamente hacia esas áreas y tendrían acceso a un empleo legal y digno, así como a servicios de educación, salud y vivienda de alta calidad que serían administrados por las nuevas autoridades de la región. Tomar una región deshabitada de Honduras y convertirla en una mini-Canadá tropical es posible, afirma Romer, quien bautizó esos polos de desarrollo con el nombre de charter cities, ya que son regiones que se rigen bajo sus propias reglas, recogidas en un charter o estatuto.

Para crear una charter city, explica Romer en Success and the City: How charter cities could transform the developing world (El éxito y la ciudad: cómo las charter cities podrían transformar a los países en desarrollo), entre otros de sus artículos académicos, se requiere la participación de tres actores: el país receptor (host), es decir el que pone el territorio, la fuente de mano de obra (source) y el garante (guarantor) y Romer establece tres escenarios posibles: 1) un país puede jugar los tres papeles, como hizo China cuando transformó la ciudad portuaria de Shenzhen en un hub industrial que opera bajo reglas capitalistas diferentes a las que imperan en el resto del país; 2) un país puede fungir como receptor y garante mientras que un segundo país proporciona la mano de obra; 3) un país puede proporcionar el territorio y la mano de obra y una coalición de países funge como garante.

Charter cities: una iniciativa que no despega

Actualmente, 112 de las 478 ciudades del estado de California, Estados Unidos, son algo parecido a las charter cities, y tienen la libertad de elegir sus propias modalidades de gobierno y autoridad incluyendo el “alcalde fuerte” (strong mayor) o “gerente de ciudad” (city manager), entre otras. Hong Kong y Macao, dos regiones administrativas especiales dentro del territorio chino, funcionan de manera similar a una charter city, y son citadas por Romer como ejemplos a emular.

Ambos territorios fueron colonias extranjeras (Hong Kong fue colonia británica y Macao fue colonia portuguesa) y tras su devolución a la República Popular de China siguieron rigiéndose bajo un sistema político, legal y económico propio, y gozan, además, de una autonomía casi total en todos los temas menos la defensa nacional y la política exterior.  

En el reportaje The Politically Incorrect Guide to Ending Poverty (La Guía Políticamente Incorrecta de Cómo Combatir la Pobreza), publicado en la revista The Atlantic, Sebastian Mallaby explica la clave del éxito de estos territorios: “En una época en la que gran parte del este asiático era gobernado por dictadores nacionalistas o comunistas, las autoridades coloniales de Hong Kong implementaron bajos impuestos, regulaciones mínimas y medidas legales de protección para los derechos de propiedad y los derechos contractuales. Entre 1913 y 1980, el producto interno bruto per cápita se multiplicó por ocho, de manera que un habitante promedio de Hong Kong se volvió diez veces más rico que un habitante de la República Popular de China y casi tan rico como un británico promedio”.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Hong Kong ocupa el puesto número 13 en el Índice de Desarrollo Humano y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, que todo lo que produce y gana una persona cada año, fue de US$44,805; China tiene el puesto 101 en el IDH y su PIB per cápita es de US$7,426. El informe, no obstante, no incluye los datos de desigualdad de Honk Kong. Ese detalle de la desigualdad es el que hace que el PIB per cápita promedio de Guatemala ronde los US$4,900 anuales (Q39,200), que equivale a decir que todos los guatemaltecos ganan Q3,200 al mes y esconde que más de dos terceras partes no llega a los Q2,500; o que según la consultora especializada en consumo de lujo, Wealth-X, Guatemala ocupa el sexto lugar continental de países con más ultra millonarios: 235 guatemaltecos poseen juntos US$30 mil millones en activos (Q240 mil millones), cuatro veces el presupuesto del Estado.  

Uno de los principales problemas que ha enfrentado la teoría de Romer cuando ha tratado de aplicarse, en la práctica, es el hecho de que implica que un país en desarrollo ceda el control de una parte de su territorio a un país desarrollado, lo cual tiene fuertes connotaciones neocoloniales y suele ser percibido como un atentado contra la soberanía nacional.

En 2008, la administración de Marc Ravalomanana, en la nación africana de Madagascar, decidió seguir la receta de Romer con el propósito de impulsar el desarrollo de su país mediante la atracción de inversión extranjera directa, como narra en mayor detalle el reportaje de la revista The Atlantic, anteriormente citado. El país ya había experimentado con la creación de maquilas, pero los inversionistas habían abandonado el país de la noche a la mañana durante un período de turbulencia política.

Ravalomanana decidió atraer la inversión al sector agrícola, arrendando un territorio de unos 14 mil kilómetros cuadrados a la empresa coreana Daewoo por un período de 99 años y construyendo una zona franca con maquilas administradas por la Isla de Mauricio.  Corea y la Isla de Mauricio actuarían como garantes y las nuevas charter cities abrirían sus puertas no sólo a los trabajadores malgaches sino a inmigrantes provenientes de países vecinos.

Pero ni Ravalomanana ni Romer habían contado con la oposición política que generaría la iniciativa. El principal partido opositor denunció el grado de control que se le otorgaría a dos naciones extranjeras y en enero de 2009, el presidente malgache fue depuesto mediante un golpe de estado que dejó un saldo de 28 muertos, poniendo fin a la creación de las charter cities.

Por este motivo, muchos de los ideólogos que abogan por la creación de enclaves industriales de desarrollo ahora buscan distanciarse de Romer y sus teorías y han acuñado un nuevo término: free cities (aunque en los medios de comunicación hondureños es más frecuente el uso del término “ciudades modelo”). “Creo que hay un aspecto estético que está generando reacciones negativas”, afirma Zachary Cáceres, investigador del Free Cities Institute, creado en septiembre de 2011 por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala (UFM)

“La idea que Estados Unidos, Canadá o un país europeo tenga el control de una extensión de tierra en un país en desarrollo tiene tintes neocolonialistas. Creo que es una crítica legítima, sobre todo si se pretende que el garante sea un país como Estados Unidos que ha tenido una historia negativa de intervenciones en América Latina. Por eso el modelo de free cities es superior al de charter cities, ya que no requiere de un país que actúe como garante”, explica Cáceres.

“Soy escéptico sobre la posibilidad de que las instituciones de un lugar puedan ser transferidas, sin más, a otro lugar totalmente distinto, con otra cultura y otra historia. La idea de Romer no toma en cuenta esos factores históricos ni la importancia del contexto histórico del país receptor, mientras que las free cities son totalmente abiertas, es decir, son ciudades piloto, donde puede existir una infinidad de estructuras legales  y gubernamentales que se adapten a países como Honduras o Guatemala”, agrega el investigador del Free Cities Institute.

Pero aunque Cáceres y otros investigadores tratan de disociarse de las teorías de Romer y de experimentos fallidos como el de Madagascar, tanto el concepto de charter cities como el de free cities se basan en la creación de enclaves industriales que operan bajo normas políticas y jurídicas diferentes a las del resto del país, con la diferencia de que las charter cities requieren que un Estado ceda la administración de una parte de su territorio a otro Estado, mientras que bajo el modelo de free cities, el territorio es administrado por un consorcio de empresas, extranjeras o nacionales, sin que exista ninguna intervención por parte de un Estado extranjero; únicamente de consorcios de empresas (que pueden ser extranjeras), que crean sus propias autoridades con sus propias reglas.

Free Cities: zonas francas con autonomía jurídica

El antecedente inmediato del modelo de free cities son las Zonas Económicas Especiales (SEZ, por sus siglas en inglés), una categoría que incluye las Zonas de Libre Comercio (FTZ, por sus siglas en inglés), y las Zonas de Procesamiento de Exportaciones (EPZ). En América Latina se conocen como “zonas francas” y son enclaves de desarrollo industrial donde se busca atraer la inversión extranjera mediante el establecimiento de reglas más flexibles con relación a impuestos y trámites de aduana.

Las primeras zonas francas se crearon en China, a finales de los años 70, cuando el gobierno de ese país, el cual tiene una economía socialista con planificación centralizada, decidió experimentar con la creación de economías de mercado a pequeña escala, en un ambiente controlado. La primera zona franca fue Shenzhen y posteriormente se crearon Xiamen, Shantou y Zhuhai, entre otras, en la costa sur del país.

En un análisis del modelo chino de zonas francas, el economista Douglas Zhihua Zen, del Banco Mundial, afirma que gracias a la creación de estos enclaves de desarrollo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha crecido a una tasa superior al 9 por ciento anual, el PIB per cápita aumentó de US$193 en 1998 a US$3,263, y las exportaciones crecieron a un ritmo del 13 por ciento anual. Según estadísticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 1980, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) chino (0.40) se situaba por debajo del promedio mundial (0.55), mientras que en 2008 había alcanzado el 0.66, casi igual que el promedio mundial (0.67).

Zhihua Zen cita como beneficios directos de las zonas francas el incremento en inversión extranjera, el crecimiento de las exportaciones, la generación de empleo y el incremento de fondos públicos, y como beneficios indirectos la tecnificación y especialización de la fuerza laboral, la diversificación económica, y la transferencia tecnológica.

Pero el analista indio Bhaskar Goswami, del Foro de Biotecnología y Seguridad Alimentaria de Nueva Delhi, advierte que el “milagro chino” ha tenido secuelas negativas que muchas veces no se mencionan, como el empobrecimiento de las áreas rurales ya que cada vez más tierra se destina al desarrollo industrial y al crecimiento de las zonas francas, una creciente desigualdad entre áreas urbanas y rurales, y la degradación ambiental de Shenzhen y otros enclaves de desarrollo industrial.

El modelo de las zonas francas fue replicado en otros países asiáticos como Corea, Malasia, India, Bangladesh, y Filipinas. En 2006, como parte de su onceavo plan económico quinquenal, China se trazó la meta de crear al menos 50 zonas francas fuera de su territorio, en la Isla de Mauricio, varios países africanos, entre ellos Nigeria, Zambia, Egipto, Argelia y Etiopía y en algunos países europeos, entre ellos Polonia.

En esos países, el establecimiento de zonas francas se ha promovido como una receta mágica para erradicar la pobreza y los rezagos en términos de desarrollo humano. Pero el estudio “La Inversión China en Zonas Económicas Especiales en África” de Deborah Brautigam y Xiaoyang Tang, hace notar que hasta el momento el derrame tecnológico, (en el que el país en desarrollo aprende el uso las nuevas tecnologías, se hace más eficiente la producción y se generan productos más sofisticados y, por ende, desarrollo), que prometen las zonas francas no se ha producido, los empleos calificados son acaparados por trabajadores chinos y la construcción de carreteras y otras grandes obras de infraestructura que pasan por comunidades africanas, ha generado descontento social.

El impacto de las zonas francas en Centroamérica

Los países de Centroamérica comenzaron a implementar incentivos fiscales con el propósito de estimular industrias o sectores particulares durante los años 60, cuando se produjo una “guerra de incentivos” en el istmo para impulsar las industrias nacientes dirigidas a sustituir las importaciones extranjeras. En la década de los 90, estas políticas cobraron un mayor auge cuando se crearon incentivos fiscales directos, moratorias fiscales y zonas francas.

Pero un problema recurrente en la región ha sido la migración del capital extranjero de un país a otro en busca de “condiciones más favorables para la inversión”, entre ellas una mano de obra más barata, incentivos fiscales y costos energéticos más bajos, lo cual ha generado una “competencia hacia abajo” ya que los países del istmo compiten entre sí ofreciendo impuestos y salarios cada vez más bajos, como muestra un reportaje de este medio que cuestiona si los incentivos fiscales son la mejor estrategia de competitividad. 

En el caso de Honduras, la estrategia de atracción de inversión mediante incentivos tributarios ha llegado tan lejos que las cadenas de comida rápida gozan de exenciones con las cuales supuestamente se fomenta el desarrollo turístico.

El analista político hondureño, Tomás Andino, en una ponencia titulada  “El fraude de las ciudades modelo: un análisis del monstruo” argumenta cómo las free cities, o las RED en el caso hondureño,  al igual que las zonas francas, constituyen modalidades de “economía de enclave” que se caracterizan por:

1) un mayor desarrollo capitalista en relación con el subdesarrollo de la sociedad que lo acoge;
2) la no integración al desarrollo del país receptor, ya que la relación se limita a explotar su mano de obra y sus materias primas;
3) una fuerte autonomía en la toma de decisiones respecto al estado del país donde se ubica.

Andino argumenta que este es un modelo que se impone con el objetivo de “aprovechar recursos específicos de manera intensiva” -por ejemplo, la mano de obra barata y los recursos naturales- que son “estratégicos” para el país “implantante”. El centro de decisiones sobre lo que se hace en ese enclave no es el país anfitrión, sino el país de donde proviene la inversión, lo cual conlleva una pérdida de soberanía para el país receptor.

Andino hace notar que en Honduras existen antecedentes para la creación de “enclaves económicos”: la explotación minera que inició a finales del siglo XIX, la concesión de tierras e incentivos fiscales a las empresas bananeras en la costa norte del país durante la primera mitad del siglo XX y la creación de maquilas y zonas francas a mediados de los años 80. Y plantea la pregunta: ¿si este modelo es la clave del desarrollo, por qué Honduras sigue siendo uno de los países con peores indicadores de pobreza y desigualdad en la región? Según estadísticas del Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo (PNUD), el país ocupa el lugar 121 en el Índice de Desarrollo Humano.

Pero Julio Raudales, Ministro de Planificación y Cooperación Externa de Honduras, ofrece una interpretación muy distinta del impacto que han tenido las empresas bananeras y las maquilas para el desarrollo económico del país: “Se puede hablar mucho de que hubo un colonizaje, hubo problemas y defectos y no podemos permitir que vengan empresas extranjeras a gobernar el país como sucedió en tiempos del enclave bananero, pero donde estaba la United Fruit Company: San Pedro Sula, La Lima y La Ceiba, ahí están los mejores índices de desarrollo humano, las mejores escuelas, de ahí salen los mejores intelectuales que el país ha tenido en los últimos cincuenta años, con una diferencia del resto del territorio del país”.

Raudales obvia el detalle de que esa región del Norte es la más violenta del país más violento del mundo, como reportó El Faro. 131 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2010. O que San Pedro Sula haya ya superado a Ciudad Juárez como la ciudad más violenta del mundo. Si Guatemala tuviera ese índice de muertes violentas, tendría no 15 asesinatos diarios, sino 60.

“Al principio todo el mundo criticaba a la maquila como están criticando las charter cities ahora, pero al final todos convenimos en que por lo menos empleo daban”, afirma Raudales. Octavio Sánchez, jefe del staff presidencial, agrega: “Sin las zonas francas tendríamos a 125 mil personas desempleadas. El problema que nos resolvió las zonas francas fue qué hacer con los trabajadores que perdían su empleo porque las compañías bananeras se estaban yendo de Honduras. Fue el sustituto como motor económico para toda la zona norte del país y la consecuencia ha sido que ahora Honduras es el tercer exportador más importante de prendas de vestir a Estados Unidos después de China y México”.

Sánchez admite que el modelo de las zonas francas se agotó: “Ya no ofrece ninguna ventaja competitiva porque lo tiene todo el mundo. Ya todos copiaron ese modelo. La razón por la cual Honduras todavía tiene la capacidad de competir en zonas francas es porque comenzamos mucho antes que el resto de Centroamérica y tenemos muchísima experiencia; simplemente es cuestión de tiempo antes de que desaparezca”.

Sin embargo, Sánchez no considera que lo que sucedió a las zonas francas podría suceder con la nueva idea si todos los países de la región comenzaran a adoptar el modelo de las RED. “Hay personas que ven las cosas bajo el prisma del bien limitado, de que si alguien se enriquece es porque otro se empobrece. A nosotros no nos gusta ver las cosas de esa manera; si Honduras crece y otros países de Centroamérica como producto de ese éxito deciden imitar ese modelo, al final todos nos vamos a beneficiar”.

Sánchez explica que los resultados de la creación de las RED se verán a largo plazo, en un período de entre 40 y 50 años. Inicialmente, durante los primeros cinco a 10 años se anticipa la creación de 125 mil empleos (la misma cifra que genera la maquila según cifras oficiales) y se anticipa que la inversión extranjera pueda triplicarse o cuadruplicarse en un plazo de 15 años.

Según Sánchez, con la creación de las RED, su gobierno busca emular el modelo chino: “Los chinos son los que han tenido más éxito porque son los únicos que se han atrevido a hacer una reforma integral. Hay otros países alrededor del mundo que han tratado de copiar lo que hicieron pero no han hecho completa la reforma”. Cuando Sánchez habla de una reforma completa, indica  que en China no hay simples zonas francas, sino ciudades enteras donde hay reglas distintas,  que operan como mini-economías capitalistas. Agrega que la clave del crecimiento chino ha sido “la libertad, el hecho de que se les ha dado un alto nivel de autonomía (a las zonas francas), mientras menos control tengan del gobierno nacional, más éxito van a tener”.

Pero Andino, el analista político, resalta algunas diferencias clave entre Honduras y “el gigante asiático”: China es una economía socialista de mercado y le impone condiciones a la inversión extranjera: durante los dos primeros años las empresas están exentas de impuestos, luego pagan el 7.5 por ciento y después de cuatro años, el 15 por ciento. En contraste, Andino señala que las mineras extranjeras en Honduras pagan el 1 por ciento.

Las RED, como se explica en la segunda parte de este reportaje, gozarían de autonomía tributaria; es decir que el gobernador de cada región tendrá el derecho de imponer su propio régimen fiscal (decidirá quién tributa y cuándo) y los fondos recaudados se invertirán únicamente en esa zona.

Andino no descarta las free cities como modelo, pero argumenta que para que pueda tener el éxito que ha tenido en países como China, se requiere una serie de condiciones que no existen en Honduras: la existencia de un sistema económico que no sea marcadamente desigual; la existencia de una economía planificada; el uso de la inversión extranjera únicamente en la medida que el país lo necesite y con el fin de aprender; el respeto por los derechos humanos y ambientales.

El modelo, no obstante, no parece teleológico hacia convertirse en un milagro económico, como se muestra en el reportaje de agosto en Plaza Pública. En Guatemala, a pesar de que hay 1,071 empresas en la lista de beneficiarias con privilegios fiscales de zonas francas, que dejan de pagar al fisco entre Q1,000 millones y Q1,600 millones (US$200 millones) cada año, esto no se relaciona con la cantidad de puestos de trabajo prometido. Según el Ministerio de Economía, de 2007 a junio de 2012, las zonas francas generaron únicamente 2,463 empleos, lo cual representa el 0.1% de la población ocupada.

Continúa en: Ciudades modelo de Honduras: Ciudades modelo de Honduras: ¿milagro económico o beneficio para algunos? (II)