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Cinismo y descaro
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Opinión

Cinismo y descaro

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Los militares detenidos y sus allegados se aprovechan de la coyuntura.

Manteniendo siempre su discurso y su pose de mártires, al promover su reforma a la Ley de Reconciliación (que no es más que declarar la impunidad sobre sus crímenes), han dado un paso significativo: reconocieron tácitamente que cometieron esos crímenes y que su humanidad se degradó de tal manera que, con tal de usufructuar ilegalmente el poder, secuestraron, desaparecieron, torturaron y asesinaron a ciudadanos indefensos y destruyeron, en consecuencia, toda la institucionalidad del Estado. Cansados de negar las evidencias, ahora piden amnistía sin siquiera tener el coraje de decir, con todas las letras, que cometieron esos crímenes.

Los inocentes no necesitan de amnistías, mucho menos de intentar atraer a los jefes de sus antiguos contrincantes a que se sumen a tan absurda solicitud.

Ellos, que torturaron, asesinaron, negaron todo derecho a sus víctimas e hicieron padecer horrores a ancianos, mujeres y niños, aparecen en los juicios en sillas de ruedas, haciéndose los enfermos y los olvidadizos, incapaces de valientemente decir siquiera dónde dejaron los cadáveres de tantos desaparecidos. Acostumbrados a mentir para enriquecerse y solazarse en el uso ilegítimo del poder público, tratan de convencer a la población de que lo hecho fue en defensa de las instituciones, cuando lo que hicieron fue corromper hasta los últimos resquicios de la administración pública bajo el supuesto de que enfrentaban a un enemigo poderoso, pero las evidencias demuestran que la guerrilla nunca llegó a tener la fuerza que ellos tenían como para justificar esos crímenes.

La iniciativa de ley recién presentada no hace sino evidenciar que los crímenes de los que se los acusa fueron cometidos y que, incapaces de reconocer su bajeza individual, tratan de ampararse detrás de una institución que ellos, con su proceder, degeneraron. La amnistía decretada, tal y como ellos lo señalan, era sobre delitos comunes cometidos al fragor de la disputa armada, no así sobre los crímenes de lesa humanidad, que sí deben ser castigados, precisamente como consecuencia de la adhesión de Guatemala al Convenio de Roma, que no solo tipifica el crimen para el futuro, sino para el pasado inmediato.

Los oficiales que usufructuaron el poder se opusieron siempre a que el conflicto armado fuese reconocido legalmente como tal, por lo que los crímenes cometidos deben ser juzgados como si se hubiese estado en condiciones de paz. El robo, el sabotaje y la apropiación ilícita de los bienes públicos, por uno u otro contendiente, son los delitos considerados en la amnistía, no así los crímenes contra la humanidad, los cuales, aun si hubiesen sido incluidos explícitamente en ella, tendrían que ser juzgados, pues son crímenes sobre los que no hay, en el derecho internacional al que Guatemala se ha adherido, posibilidad de absolución ex post.

En la exposición de motivos, contrariando todas las evidencias presentadas contra los acusados de genocidio, insisten en afirmar que «todas las muertes fueron por su pertenencia de las víctimas [sic] a fuerzas contrainsurgentes o insurgentes», pero pasan por alto que hay un sinnúmero de niños, ancianos y mujeres asesinados por la espalda, con tiros de gracia y muchos con señales de tortura. También esgrimen el falso argumento de que el derecho a la «no retroactividad» (subrayado en la iniciativa) está siendo vulnerado porque, ante el alto número —según ellos— de oficiales, soldados y agentes policiales juzgados, solo se ha juzgado a un guerrillero.

Si la no retroactividad no tiene nada que ver con el número de enjuiciados de uno u otro bando, que sean menos los insurgentes juzgados no tiene ninguna relación con que haya amnistía o no. Eso sucede porque, del lado de la población civil, las víctimas han reconocido que los perpetradores pertenecían a fuerzas regulares del gobierno militar de la época y se han atrevido a denunciar y exigir justicia. Pero además, con todos los recursos materiales, de inteligencia, de archivo y financieros con los que los miembros del Ejército y sus familias cuentan, ninguna demanda contra miembros de las fuerzas insurgentes ha sido presentada de manera coherente y válida como para llegar a juicio.

Sus propios datos, además, muestran lo poco que se ha avanzado en el juicio a los perpetradores. Son apenas 13 hechos concretos los que fueron o están siendo juzgados, de los cientos de masacres, desapariciones forzadas y asesinatos que han sido denunciados. Según sus propios números, de 120 imputados solo 58 perpetradores han sido condenados y 13 más esperan juicio, lo que resulta en que 49 se encuentran prófugos, sin que las actuales autoridades militares hayan hecho algo para entregarlos a las autoridades y actuando, en muchos casos, en abierta complicidad.

Acostumbrados a confundir, con la intención de huir de sus responsabilidades, en el conjunto de las acciones insurgentes juntan asesinatos y secuestros con campamentos y reductos. Y si de los primeros presentan números supuestamente exactos, no especifican por qué las supuestas víctimas no han contado con el apoyo de las organizaciones militares para enjuiciar a los supuestos perpetradores. Por otro lado, fueron delitos como acciones de sabotaje —destrucción de puentes— los que fueron amnistiados, así como los típicamente insurreccionales, como emboscadas o puestos de asalto.

Los 13 diputados que apoyan tal iniciativa son, curiosamente, los que más activamente han defendido a los funcionarios corruptos de la anterior administración. Y son también los que más abiertamente han tratado de expulsar del país al comisionado Iván Velázquez, quien, por cierto, ha enfatizado sus acciones en el combate de la corrupción, y no en la persecución de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

Los ponentes piden, con todas las letras, que los condenados sean liberados, que los perseguidos dejen de serlo y, por lo que parece, que la corrupción continúe. Sueñan con volver a las épocas de Arana Osorio, Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores, cuando oficiales y empresarios corruptos usurparon y usufructuaron a sus anchas el poder y los bienes del Estado y masacraron, desaparecieron y asesinaron a civiles para magnificar un conflicto que les dejó grandes dividendos.

De la presión social y de la responsabilidad de la mayoría de los diputados depende que esta infeliz iniciativa no se transforme en ley.

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