Cinco niños olvidados ganan juicio al Estado

Ésta es la historia de cinco niños identificados con la letra inicial de sus nombres. Ésta podría ser la historia de cualquiera niño o niña de cualquier aldea de Camotán, Chiquimula, donde los datos de la desnutrición engrosan las estadísticas nacionales, las estadísticas de mortalidad infantil. La diferencia de la historia es que sus nombres aparecen en cuatro procesos judiciales, los primeros de su tipo en Guatemala, donde se demanda al Estado por violar derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Ésa es la diferencia y que, además, se ganaron los juicios.

A mediados de noviembre de 2011, el programa Guatemala sin Hambre, que reúne a 14 organizaciones sociales y no gubernamentales del país, apoyó cinco casos de judicialización de violación al derecho de alimentación, los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado y la vivienda. En éstos, se acusaba al Estado de ser el responsable por omisión de que cinco menores –tres niñas y dos niños–, de cuatro familias de Camotán, sufrieran de desnutrición aguda.

“Era un proceso inédito, que documentamos de tal manera que esperábamos obtener un resultado igual de inédito”, dice Omar Jerónimo, de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, encargada de identificar los casos llevados a juicios. “A nivel jurídico, buscábamos sentar jurisprudencia en materia de judicialización de los DESC; a nivel político, incidir en las políticas sociales existentes y lograr que éstas dejen de ser programas asistencialistas sin una visión de derechos humanos”, remarca Magaly Cano, coordinadora de Guatemala sin Hambre. ¿Todo eso demandando al Estado? “Sí”, responde Jerónimo con una sonrisa amplia.

― ¿Y pretendían que un juzgado nacional fallara a favor de que el Estado es violador de los DESC de su población?

―Sí, por eso se documentó el caso con peritajes nutricionales, antropológicos, socioeconómicos, etcétera, por un lado. Del otro, se mantuvieron los casos con un perfil público bajo, para evitar una mayor presión sobre el juez encargado de los casos.

― ¿Por qué no hacerlo a nivel internacional, donde ya ha habido fallos contra el Estado por violación de derechos humanos?

―Porque, a pesar del desgaste que significó para las familias querellantes, queríamos sentar jurisprudencia en el país… porque sí fallaba en contra a nivel local, esto no cerraba la posibilidad de recurrir al nivel internacional.

― ¿Realmente esperaban que el fallo fuera a favor y que las resoluciones no fueran las típicas recomendaciones al Estado de “cumplir con su labor”?

―Sí. Lo importante es que las resoluciones fueron más allá: Se establecieron medidas específicas para cada caso, incluyendo la creación de nuevos protocolos de atención a estos derechos, y se ordenó al Ministerio Público a estar vigilante del cumplimiento de ellas, con posibilidad de tomar acciones penales contra los funcionarios que no las cumplan… Es algo inédito en todo sentido.

Según los promotores de la demanda, los buenos augurios se establecieron desde el momento en que el Juzgado de la niñez y la adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal de Zacapa, encargado de los casos, dictó medidas cautelares para los menores demandantes. Ahí fue cuando la familia de M. vio por primera vez cómo un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  (Maga) llegó a visitarlos al Caserío Plan del Morro, Aldea Lelá Chancó, en Camotán. “Traía una bolsa de alimentos para M. Aunque la verdad… de ahí, comimos todos”, recuerda su madre, doña Angelina. Habían pasado cuatro meses desde que había puesto la demanda.

La familia con “recursos”

M. come nances verdes con un puñado de sal. Si fuera por ella, se tomaría un vaso de atol “de color”, de Incaparina. “Le gusta más que el moshito que viene en la bolsa de alimentos que da la Maga”, dice Angelina. M. sonríe y se le dibuja un camanance en la mejilla derecha. Es un hoyuelo pequeño que hace 18 meses no estaba ahí. No podía estarlo. Entonces, la piel de los cachetes la tenía pegada a los huesos. En realidad, la piel de todo el cuerpo la tenía pegada a los huesos. Apenas pesaba 28 libras y tenía dos años y medio.

Cuenta su madre que había meses en que la balanza del centro de salud de Camotán, en Chiquimula, indicaba que M. alcanzaba las 30 libras. Eso, cuando la diarrea se lo permitía, que era casi nunca. Si estaba enferma, el doctor le daba medicinas para su estómago y la niña se marchaba a su casa entre los cerros. “A los días, M. se ponía bien”, dice. Pero nunca subía de peso, las uñas le crecían delgadas y quebradizas, el cabello se le caí a mechones, tenía el estómago abultado y apenas hablaba.

“De eso, hace año y medio”, recuerda su madre. “Fue antes que se empezara todo el proceso. Y mírela hoy, ya casi repuesta, toda llenita”, dice, y se acomoda en el quicio de la puerta del espacio que hace de cocina en su casa. “Llenita” es que M. mejoró, ahora pesa 70 libras. “Aunque todavía le falta llenar más… Mire las manitas cómo las tiene de delgadas”.

M. mete su mano derecha al recipiente con nances con sal. Es una mano pequeña, con la piel llena de arrugas y pegada a los huesos, las uñas cortas y con rastros de esmalte rojo. Toma un puñado de nances, lo apoya sobre su vestido y come uno a uno, primero chupándolos, disfrutando la sal, luego mordiéndolos y escupiendo la semilla a los dos cerdos que juegan cerca de sus pies. Sus hermanos mayores cortan los naces de tres árboles que hay en el terreno de la casa. Uno pegado al corredor; dos, dentro del cerco de gallinas. Los árboles proveen la única dosis de fruta que tienen en su canasta básica.

M. tiene cuatro hermanos, dos niños y dos niñas. Pero en su casa también viven otros dos menores. En total, son ocho personas las que comparten los 24 metros cuadrados de la única habitación de la casa: un cuadrado de paredes de adobe con techo de lámina y suelo de tierra con una ventana, un hueco de apenas 30 centímetros. Como el padre de M. se fue a Estados Unidos, aunque después se olvidó de que tenía esposa e hijos, y como la casa está construida en tierra propia, herencia del abuelo materno, su familia podría ser considerada como “de recursos” en la zona. La riqueza o, mejor dicho, entre esos cerros, la pobreza es relativa.

El mayor, apenas un adolescente de 14 años, se encarga de la milpa: cuatro tareas de tierra ―un cuarto de manzana― de las que esperan obtener de cuatro a seis quintales de maíz, en una cosecha al año. Cuando la milpa se doble, cuando ya esté maduro el maíz y se deje secando, el mayor de la familia aprovechará para sembrar algo de frijol. Unos cuatro o cinco quintales más de comida. Eso, junto a los tomates, chile dulce y ayote que puedan cultivar, complementan su alimentación diaria. ¿Suficiente para alimentar a la familia durante todo el año? No, estirando la comida, la cosecha alcanza para seis meses. Pero ellos tienen “recursos”. Tienen animales, gallinas y cerdos, que es comida o, en época de emergencias, dinero.

Ahí, en esa casa nació M. Ahí, bajo esa lógica económica de sobrevivencia, creció ella, así como sus hermanos. “Cuando empezó el proceso, todo cambió”, dice Angelina. “El proceso”, así resume ella la demanda judicial que podría sentar un histórico precedente.

La batalla legal

“Cada uno de los casos llevados a juicio tuvo un estudio de viabilidad jurídica”, explica Magaly Cano, coordinadora de Guatemala sin Hambre. En el proceso se trataba de demostrar que existía la violación del derecho a la alimentación, que el Estado era el responsable de vulnerarlo y determinar una serie de medidas para restituirlo. Frente a los querellantes estaba la Procuraduría General de la Nación (PGN), que jugaba un doble papel en los juicios: Primero, como defensor de los intereses del Estado; segundo, como garante de los derechos de la niñez en el país.

La principal amenaza era que la PGN tomara como única medida quitarles a las familias a los menores aduciendo que eran sus madres y padres los responsables de la deteriorada salud de ellos y que había que resguardarlos en una institución pública. “Se pensó”, reconoce Cano. “Pero ante ello, también teníamos claro que tendrían que quitarle a todos los niños de dos comunidades… Eso, en un primer momento, después, la PGN tendría que quitarle los hijos e hijas de todas las familias de las áreas rurales de Camotán, porque las condiciones de vida de todos son lamentables y sus derechos a la alimentación, así como a la vivienda y una vida digna, entre otros, se vulneran todos los días”, dice Jerónimo.

―¿Todos los menores de cinco años de las comunidades de donde eran las familias demandantes?

―Sí… Hablamos de unas 80 familias… A cinco niños por familia, unos 400 niños.

―¿Y después?

―Después, de todo Camotán…

―… ¿Todo el municipio?

―Sí, unos varios miles de niños. ¿Tenían la capacidad el Estado de hacerlo? Sabíamos que no.

―¿Pero se planteó la posibilidad de que eso pasara?

―Nos adelantamos a la posibilidad que se los quitaran y se les dijo que entonces tendríamos que solicitar que se hiciera en todo el municipio. Y luego, en Jocotán, en San Juan Ermita y Olopa, y en todos los municipios de Chiquimula, donde las condiciones de miles de niños y niñas son iguales o, en algunos casos, peores.

―¿Se les dijo a las familias que existía esa posibilidad?

―Sí, se les dijo… Estaban conscientes de ello. Pero también se les dijo que no lo permitiríamos.

El principal problema era demostrar que el Estado era el verdadero responsable y no los padres de familia. Los promotores de la demanda querían dejar claro que las condiciones sociales y económicas que llevaban a la vulneración de los derechos de estos menores se han repetido de generación en generación en estas familias, así como en otras tantas en las zonas donde viven. “Los ejemplos son los hermanos mayores de M., quienes tiene baja estatura; los ejemplos son los hermanos y hermanas de D.M. y M.L., que tienen anemia y algunos grados de desnutrición”, dice Cano.

El precedente jurídico se estableció una vez que el juez Elvyn René Gutiérrez Romero asumió que el Estado, por omisión, era el responsable de violar el derecho a la alimentación de los demandantes. Según las resoluciones, tanto las leyes nacionales, como convenios y tratados internacionales, obligan al Estado a garantizar a los menores una alimentación adecuada, toda vez “sus padres no tienen la capacidad o posibilidad humana de brindárselas”, y asegurar que los menores “tengan un desarrollo integral para su futuro”, así como acceso a pronta y debida salud y una vivienda digna en donde “puedan vivir en condiciones humanas favorables”.

Junto a lo jurídico se estableció un precedente a nivel político. “Al final, las resoluciones determinan que el Estado guatemalteco no puede presumir de tener una política efectiva de combate a la desnutrición cuando sus programas tienen enfoques asistencialistas y no con base a derechos humanos esenciales, a derechos económicos, sociales y culturales”, dice Jerónimo.

Por ello, las instituciones vieron con buenos ojos que entre las medidas se obligara a elaborar un protocolo para el ejercicio del derecho a la alimentación que tenga mecanismos de accesibilidad claros y que determine la coordinación, intervención y monitoreo interinstitucional, así como plazos administrativos para su ejecución, medidas de supervisión y disciplinarias por el incumplimiento de las mismas. “Esto implica un cambio en la política de atención al que tenemos en la actualidad”, afirma Cano.

Según los miembros del programa Guatemala sin Hambre, la visión asistencialista con un enfoque de seguridad alimentaria que priva en el Pacto Hambre Cero, por citar el programa alimenticio del gobierno actual, sólo garantiza el acceso a alimentos para un grupo determinado de personas. “Es algo muy limitado”, dice Cano.

Tener políticas sociales con una visión de derechos humanos garantizaría cambiar las condiciones de vida de la población para asegurar que sus derechos no se vean violentados y no sólo se tomen medidas de mitigación. “Es buscar medidas integrales y no parches. Por ejemplo, el derecho a la alimentación viene amarrado a otros derechos, como el tener acceso a agua potable o tener tierras adecuadas para cultivo, además de asistencia técnica para cosechar de mejor manera”, sostiene Cano. “O se trabaja en todas las áreas o la violación de los derechos de la gente seguirá existiendo”.

Ése era el punto principal de las demandas: partir de la violación al derecho a la alimentación de estos niños y niñas para lograr cambiar las condiciones generales de vida de todo el grupo familiar, en un primer momento, y luego de las comunidades en las que viven. “Es que si no, no cambiamos nada… Absolutamente nada. ¿Usted cree que con darle alimentos a D.M. y L.M. cambiamos su futuro? ¿Cuánto tiempo le darán bolsa de alimentos? ¿Qué pasará cuando el Estado ya no provea esta ayuda? Esas preguntas son las que hay que contestar”, dice Cano, hace una pausa, toma aire y termina: “Y son las preguntas que no se ha hecho ningún gobierno, ni este gobierno ni los anteriores”.

A la orilla del barranco

D.M. y L.M. son hermanas. Viven junto a otros cuatro hermanos en una choza de palma tejida en el Caserío Cañón, Aldea Tisipe, Camotán. Son 36 metros cuadrados para nueve personas. Ladera abajo de lo que llaman su casa, están los sembradíos de maíz y frijol, la comida para la mayor parte de meses del año. Su dieta consiste básicamente en eso: maíz, frijol y sal. Quizá, en época lluviosa, pueden aprovechar que en el monte crecen quilete, hierba mora o danta, con que le dan sabor a la masa que cocinan entre hojas de plátano. ¿Fruta? A lo mucho, mangos, plátanos o alguna naranja, según la temporada.

¿Carne? No. En la casa de ellas, como en la mayoría de las familias de la zona, hablar de carne es hablar de pollo. Y donde no hay dinero, comer pollo es exclusivo para quienes los crían. Y en el terreno de su familia no hay lugar para el corral. “Igual, les da enfermedad a las pollitas. Le dicen la viruela. No crecen, se mueren y es más el gasto en maíz en los animales”, dice su madre.

Con una dieta tan limitada es fácil entender por qué D.M. y L.M. hace año y medio tenían el estómago abultado y padecían de diarreas constantes, síntomas de kwashiorkor, desnutrición por falta de proteínas en su alimentación y la ingesta de agua no potable. Pero su madre, doña Sebastiana, no entiende de palabras raras. “Eran enfermizas… En la clínica me decían que había que darles mejor comida, pero se les daba lo que hay –frijol y tortilla- y con lo que crecimos nosotros siempre”, resume.

Hoy hay visitas. La madre saca un saco plástico para ponerlo sobre una banca, para que no se ensucien los invitados. El padre, don Armando, se disculpa por no levantarse de la hamaca, que se cayó trabajando, que se le dio “vuelta el brazo para atrás”, que por eso tiene ese morete que le cubre todo el hombro derecho y no pude moverse.

Para construir la choza donde viven, Armando “troceó” un pedazo de la ladera, como si se tallara una escuadra sobre el terreno y así ganarle una planicie al cerro. Después haría lo mismo para hacer la cocina, 15 metros hacia abajo en una pendiente de más de 60 grados, una choza de 16 metros cuadrados, con una hamaca y un tapesco ―catre de varas― a la entrada, en el que espera algún día tener un depósito de agua potable, una de las medidas cautelares que el juez dispuso.

Sus hijos lo rodean. D.M. juega en el suelo de tierra con un trozo de plástico. L.M. se peina con un gancho partido por la mitad. Adentro está el fogón, donde se cocinan los frijoles y el maíz para las tortillas. Hacia abajo, se extiende la milpa. El padre habla de ella con orgullo de ser quien provee. Él y sus hijos mayores son los encargados de plantarla, de cuidarla, de doblarla y de cosecharla. Por eso Armando dice que le urge estar bien del brazo, porque los granos que tienen no alcanzarán para finales de junio y hay que cuidar las matas para que no les entre la plaga, para que no se pudra y que su familia tenga qué comer. Eso, “levantar la cosecha”, será a finales de agosto.

Una cuestión de significados

Entre los cerros de Camotán, la palabra “deseo” está amarrada a la palabra “lujo”; y aquella que lo resume todo es “necesidad”. Por ejemplo, L. desea una mudada de ropa nueva, un lujo que no puede darse. Por eso no se da el lujo de desear nada. Pero cuando habla de tierra o de trabajo, L. las engloba en una sola: necesidad. L. sabe eso y tiene 14 años.

Y la necesidad es compleja de explicar. El agua es “necesidad”. Tener tierras y no tener agua para regarlas es igual a no tenerlas, es amarrarse a los meses de lluvia y a pasar hambre cuando lo cosechado se acabe. Entonces, la necesidad se convierte en la razón para buscar trabajo donde sea, en las plantaciones en la costa del pacífico guatemalteco o cruzar la frontera hondureña hacia el corte de café en los últimos meses del año; es lavar ajeno en el río Jupilingo a cambio de un plato de comida, de frijol y tortilla exclusivamente, que se compartirá entre todos los integrantes de la familia; o, vender los animales que se han engordado durante todo el año, esa especie de cuenta de ahorros tan arriesgada.

A la necesidad también la empuja la falta de vivienda, la enfermedad de los hijos, los kilómetros de caminos de terracería para llegar a la carretera asfaltada, la falta de trabajo y hasta la botella de chicha, que aplaca el hambre y que es más barata que una libra de maíz. “Aquí, la necesidad tiene muchas caras”, dice José Castillo, encargado de “Nuevo día” la organización que da seguimiento a los casos judicializados en la zona. “Cuesta que los funcionarios entiendan que hacer valer los derechos humanos de estas personas es satisfacer todas estas necesidades. Y, mucho más, que esto no se tiene que hacer porque sea un lujo o por una imposición de un juzgado, sino porque el Estado está obligado a ello”, afirma.

―¿El Estado no cumple…?

―… No, no lo hace. En pocas palabras: El Estado guatemalteco no tiene presencia en estas zonas.

―¿No hay un seguimiento del Maga o del Mispas en los caseríos y aldeas?

―En salud hay algunos esfuerzos de seguimiento; y con el Maga, fue hasta que se impusieron las medidas cautelares que estas familias vieron en sus casas a algún promotor en la zona.

―¿No funciona el programa Hambre Cero en esta zona, por ejemplo?

―Sí, pero es algo más propagandístico. Es como si al gobierno le gustara mostrar la parte más cruda, que es la desnutrición infantil, para decir que están haciendo algo y seguir pidiendo dinero a nivel internacional. Pero la realidad es que aquí la gente, y no sólo los niños, se sigue muriendo de hambre.

―En pocas palabras, no funciona.

―Hambre Cero es un programa que busca reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años. ¿Qué pasa cuando tienes a un niño de 12 ó 14 años con desnutrición, como era el caso de L.?

―¿Se muere de hambre?

―Sí, y si no, se malvive todos los días por el resto de su vida. Es que cuando se trata de un niño o una niña que ya no tiene la edad límite o las condiciones específicas que atiende el programa, ya ni entra en las estadísticas del gobierno.

Hasta junio pasado, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), registraba 7,707 casos de desnutrición aguda en todo el país. De ellos, según dijo el titular de la dependencia estatal, Luis Enrique Monterroso, a Prensa Libre, “el 34 por ciento (de ellos) requiere mayor atención”, por padecer de desnutrición aguda severa. De esos casos, 209 son menores en Chiquimula.

¿Qué pasa cuando los casos de desnutrición se dan en niños mayores de cinco años?, como pregunta Castillo. Plaza Pública intentó entrevistar a Monterroso en varias ocasiones para conocer su respuesta, así como para saber si el proceso judicial podría modificar las políticas sociales para enfrentar la desnutrición que implementó este gobierno. Diferentes funcionarios del departamento de comunicaciones de Sesan dijeron que se estudiaba la petición de entrevista y en tres momentos diferentes afirmaron que se comunicarían con este medio cuando tuvieran información sobre ello. No lo hicieron.

“Estos niños y niñas, así como sus familias, no pueden esperar a que el Estado tenga tiempo de darle una respuesta a sus necesidades”, afirma Jerónimo. “El problema es que mientras se pasa en reuniones y mesas técnicas, se sigue violando los derechos esenciales de la gente. Judicializar la violación era una forma de obligar a que hayan respuestas más rápidas”, dice Cano. Según ambos, por eso el proceso judicial al final buscaba una respuesta integral a las necesidades de la población afectada. Por eso, la importancia que las resoluciones del juez detallaran 26 recomendaciones puntuales para restituir los derechos que se han violado a estos menores.

La vida de un hombre que no es un hombre

L. es más de escuchar que de hablar. Es una cuestión de falta de confianza. Y ganarse la suya, dice José Castillo, es difícil. L. es un joven de 14 años, acostumbrado a fuerza a hacer más que a hablar. Cuando tenía ocho años, su padre murió. Entonces, tenía dos hermanos menores, vivían en la casa de sus abuelos paternos y sin un padre que proveyera al hogar, todo se vino abajo.

Cuando su madre, doña Vitalina, quedó embarazada de un hombre del pueblo, un hombre de Camotán, la familia se fue a vivir a lo más alto del cerro, ahí donde le prestaron un terreno para construir dos chozas de hoja de palma. Tenía un año de haber enviudado y las “malas lenguas” empezaron a hablar que ella era “una mujer fácil” y a poner la paternidad de sus otros hijos en duda.

Con la familia de L. se fue la bisabuela materna, doña Valentina. Sin tierras para cultivar y con una economía doméstica que se sostenía del poco dinero que la madre podía obtener tejiendo petates, Valentina se encargaba de sacar de “paseo” a L. y sus hermanos por los caseríos cercanos. El “paseo” consistía en buscar hierbas y frutos por el monte, pedir limosna y alimentos a los vecinos. Así, de caridad y de una lógica primaria de recolección, sobrevivieron.

Un año después, cuando L. tenía 10 años, éste suplicó a sus tíos maternos que lo dejaran acompañarlos al corte de café en Honduras. Era un niño con los ojos hundidos, de brazos delgados y poco más de un metro de estatura. Pero tenía machete, necesidad y hambre. Y así se convirtió en el hombre de la casa.

Ahora, L. tiene labios gruesos, los dientes superiores un poco salidos, una nariz ancha y ojos negros, grandes, expresivos. Está recostado en uno de los horcones del corredor de la choza de paja que sirve de cocina. Habla con voz suave, igual que lo hace doña Vitalina. “Te pagan a según cortés… Se ganan como Q500 al mes”, dice. Si uno lo ve a los ojos, L. se esconde detrás del tronco, como si quisiera desaparecer, baja la mirada y la gorra azul que cubre su cabeza hace el resto.

Entonces se queda casi inmóvil, mientras sus pies dibujan círculos en la tierra que los rodean. Está incómodo y no lo esconde. “Ese muchacho no habla”, dice la bisabuela. Es una señora de 70 años con una sonrisa fácil y una carcajada sonora. “Eso sí, para lo que sí salió bueno es para trabajar”, asevera y sonríe.

“El caso de L. es el caso de muchos niños en estos cerros, los niños ya son hombres a los 10 años, si no es que antes”, dice Jerónimo. “Y por eso dejan la escuela, y por eso se ponen a trabajar”, concluye. ¿Y las niñas? “Las niñas se emparejan, se acompañan y se embarazan con 13 ó 14 años”, afirma. Entonces, pasan de moler el maíz en la casa materna y cuidar a sus hermanos menores, a moler el maíz en la casa del marido y a cuidar a sus propios hijos. La lógica de lo rural.

Ahora, L. es hombre y trabajar es lo único que tiene en la mente. Es lo que le toca, es lo que la necesidad dicta. Por eso dibuja esa cara de disgusto e impotencia cuando dice que entre esos cerros no le dan trabajo a lo patojos como él, que por eso quisiera tener tierra propia para poder cultivarla, aunque sea un par de tareas en las laderas llenas de piedras de estos cerros, que eso es lo que hace un jefe de familia. Todo es por esa ecuación sencilla: sin tierra propia no hay trabajo, sin trabajo no hay comida. Y porque también sabe que la comida regalada, como la bolsa de alimentos que recibe cada mes producto de las medidas cautelares establecidas por el juzgado de Zacapa, dura poco cuando es pensada para una sola persona, pero se tiene la responsabilidad de alimentar seis bocas.

Vitalina hace cuentas de lo que recibió en mayo: 10 libras de arroz, tres botellas de aceite, 15 libras de frijol, 12 bolsas de avena y ocho libras de harina de maíz. De todo eso solo queda media botella de aceite en lo que en la región llaman el nahual, una especie de cesta que cuelga del techo y que funciona como alacena. También hay un poco de sal en una bolsa plática y tres tortillas de las que se hicieron en el desayuno; y hay una olla de maíz hervido con cal sobre un tapesco que espera ser molido por la hermana de L. para tortearlo para la cena y cumplir con los dos tiempos obligatorios de comida que hace su familia. “No alcanza”, repite Vitalina. “Hace falta mucho más”, dice Castillo. L. observa a ambos desde detrás del horcón y asiente con la cabeza.

El siguiente paso

“Hace falta mucho más”, repite Cano y muestra un cuadro detallado de las medidas específicas dispuestas por el Juzgado de la niñez y la adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal de Zacapa en cada caso “Que se hayan decretado estas medidas, que obligan a 10 instituciones a accionar con plazos de tiempo determinados, es un paso importante. Pero hace falta mucho más”, dice Cano.

Según las resoluciones, las medidas tienen que ser ejecutadas por los ministerios de Salud, Agricultura, Comunicaciones, Trabajo y Desarrollo Social; así como el Fondo de tierras (Fontierras), la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA) y el Sesan. En este momento, ya se nombró una Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) que trabaja en el cumplimiento de ellas. Además, el juzgado estableció que también tenían responsabilidad en a la municipalidad de Camotán y al Procurador de Derechos Humanos (PDH).

¿Qué medidas son? Van desde medidas asistencialistas inmediatas, como el proveer bolsas de alimentación, incluirlos en el programa de transferencias condicionadas del Ministerio de Educación, seguimiento nutricional del Ministerio de Salud y paquetes de semilla mejorada para los menores y sus familias por parte del Maga; así como medidas más permanentes, como capacitación en el manejo de huertos familiares, talleres laborales para los padres y madres de familia, y la construcción de viviendas y sistemas de captación de agua potable. Incluso, en una de ellas, en el caso de la familia de L., otorgar tierras de manera gratuita para vivir y cultivar. “Ve como las resoluciones son inéditas”, dice Cano.

“El reto está en que las medidas se cumplan de la mejor manera”, afirma Castillo, encargado de dar seguimiento al caso en las zonas.

―¿Qué se realicen de la mejor manera?

―Sí, porque hay medidas que se tienen que hacer ya; otras que dependen de condiciones previas.

―¿Cómo dar tierras a L. y su familia?

―Sí, porque darle semilla mejorada sin tener tierra no sirve para nada. El juzgado dictó medidas, pero son las instituciones las encargadas de que éstas se lleven a cabo de la mejor manera.

―¿Qué es “la mejor manera”?

―Es que algunas de las medidas no podrán ser únicamente para las familias demandantes. ¿Vale la pena hacer un proyecto de huertos solo para dos familias? ¡No! Para nada, se tiene que pensar en toda la comunidad.

―¿A eso se refiere con “cumplirlas de la mejor manera”?

―En algunos casos, sí.

―En el caso de la familia de D.M. y L.M. se establece la construcción de una vivienda digna, pero el terreno donde viven, entre laderas de cerros, no es de las más adecuadas para construir ninguna casa.

―Ahí, por ejemplo, cumplirlas de la mejor manera es hacer los estudios ambientales y de vulnerabilidad antes de hacer una casa para esa familia. A eso nos referimos, a ser responsables en el cumplimiento de las medidas.

“Responsables”. La palabra choca con la realidad de lo que puede pasar entre las familias. ¿Cómo ofrecer talleres de capacitación en Chiquimula a personas que no tiene cómo pagar su transporte o con quién dejar a sus hijos? ¿Cómo obligar a los menores a asistir a la escuela para poder ser beneficiarios de transferencias condicionadas cuando éstos tienen que trabajar para alimentar a sus familias? “Paso a paso”, dice Castillo. “Creo que en la medida en que han ido visitando a las familias se darán cuenta de cómo hacerlo de la mejor manera. Ése es nuestro trabajo, ver que se cumplan las resoluciones y hay recomendaciones para que eso se cumpla de la mejor manera.”

Y en ese punto, las resoluciones brindan un último punto novedoso: una orden al Ministerio Público (MP) para vigilar que éstas se cumplan: “Certifíquese lo conducente al MP para que proceda con la acción penal correspondiente, en contra de los funcionarios públicos que correspondan, en el caso que se incumplan las medidas dictadas por delitos que pudiesen cometerse por no cumplir lo ordenado por el juzgado (…), así también por no cumplir con la ley les ordena en su calidad de funcionarios públicos”, dicen las resoluciones. “Y estamos dispuestos a llegar hasta ellas”, dice Jerónimo.

¿Dispuestos? Sí, responden los encargados de las instituciones. Y su voz hace eco entre los familiares de los demandantes. “Sabemos que el proceso no ha terminado hasta que se cumpla con todo lo que dijo el juez”, afirma doña Angelina, la madre de M.

Aunque la organización de Jerónimo no planea introducir nuevos demandas judiciales, sí que reconoce han sentado un precedente para que otras organizaciones, comunidades o personas individuales, puedan seguir los mismos pasos. Jerónimo menciona el caso del Polochic, en el que la falta de tierras para el cultivo promueve que decenas de familias vivan hambrientas. Incluso, sugiere Jerónimo, esta jurisprudencia podría trasladarse al ámbito laboral, en el que casos de despidos masivos puedan dejar en riesgo de desnutrición a los hijos de los trabajadores. Este juicio no es sólo el juicio de cinco niños, hay miles más en similares circunstancias en toda Guatemala.

―Es que se trata que cumplan con nuestros derechos humanos, dice Angelina.

―¿Y qué es cumplir con sus derechos humanos?

―Que el gobierno nos cumpla con los derechos humanos es lo que hace que todos algún día podamos vivir felices.