Los diputados al Congreso de la República, en especial los del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN), están cocinando un paquete antisocial. Ante la angustia de que la participación ciudadana se incremente y genere acciones masivas de rechazo a la corrupción en la política, las y los congresistas intentan blindarse. Y qué mejor manera que hacer uso del poder que tienen como legisladores y producir, como gremlins mojados, cuanta norma se les ocurra para agredir a la sociedad y limitarla en sus derechos.
De esa cuenta, con diversos niveles de avance, hay cinco iniciativas. Unas disponen reformas al Código Penal, con la inclusión de nuevos delitos o la ampliación de penas a ya existentes. Otras presumen regular situaciones de riesgo social, pero en esencia son restrictivas de derechos y garantías.
Por ejemplo, la iniciativa 5,230, presentada por el hoy reo por plazas fantasmas Christian Boussinot. Durante su paso por el Legislativo, este aprovechado de la necesidad laboral que negociaba con los recursos del pueblo presentó la propuesta que reforma el decreto 17-73 del Código Penal para modificar el inciso d del artículo 274. En la exposición de motivos, el ponente y sus socios en la jugada hablan de proteger a las personas del acoso o chantaje sexual por medios electrónicos. Sin embargo, el texto que proponen tiene otra finalidad. En el texto se penaliza la existencia de bancos de datos, registros informáticos y cuentas o usuarios de una red social virtual o de un software social (sic) con datos que puedan afectar la intimidad, la honorabilidad o la dignidad de las personas.
La iniciativa 5,239, referente a un ley contra actos terroristas, contiene generalidades en la definición del delito que carecen de acotaciones que permitan su encuadre legal plenamente, circunstancia que deja a la libre disposición de quien aplique la ley los ámbitos a los que afectará. De esa suerte, complementará a la vigente Ley de Orden Público, que contiene un enfoque absolutamente contrainsurgente, pues penaliza y persigue la actividad social de manifestación, reunión, asociación y crítica a las autoridades. La propuesta en cuestión, además, incluye la creación de una red de inteligencia supuestamente para controlar el movimiento de presuntos terroristas, pero no determina los estándares mínimos para dicho control y crea mecanismos para espionaje, vigilancia y control masivo de movimientos sociales y organizaciones.
De la mano del diputado Felipe Alejos, a quien se le tramita un antejuicio por actos de corrupción, llegó la iniciativa 5,254, que propone una ley contra la ciberdelincuencia. En opinión de expertos en derecho internacional, esta carece de un enfoque de derechos humanos y criminaliza de entrada conductas que pueden afectar la actividad de los usuarios de las redes sociales. De igual manera, representa riesgos para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
El 22 de enero de este año obtuvo dictamen favorable la iniciativa 5,257, presentada por el diputado Christian Gabriel González, del FCN, que busca reformar el decreto 02-2003, Ley de Organizaciones No Gubernamentales o Ley de ONG. En su contenido, pero especialmente en las reformas al artículo 3 de la ley en cuestión, la propuesta establece criterios de corte contrainsurgente sobre las limitaciones para la organización, además de que restringe el derecho a la libre asociación.
Finalmente, con el número 5,266, también sigue su trámite la iniciativa que pretende introducir reformas al Código Penal supuestamente para desarrollar una legislación antimaras. Sin embargo, al igual que las otras propuestas, contiene artículos que criminalizan la protesta social y restringe la libertad de expresión mediante la figura del «ciberterrorismo», al que impone penas de hasta diez años.
Mientras iniciativas de ley que algunos grupos sociales han promovido desde hace años, como la 3,590 para la búsqueda de personas desaparecidas, siguen sin avances reales, las y los congresistas utilizan el tiempo que les pagamos con nuestros impuestos para inventarse leyes que atentan contra nuestros derechos. Por lo tanto, nos corresponde movilizar todas las opciones posibles a fin de impedir que la guadaña de la impunidad y la corrupción que levantan las diputadas y los diputados del #PactoDeCorruptos vulnere nuestras libertades y garantías e impida que ejerzamos nuestros derechos.
Más de este autor