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Chantajes y presión social, las estrategias para que todo siga igual o para que algo cambie
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Chantajes y presión social, las estrategias para que todo siga igual o para que algo cambie

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El objetivo del Congreso está claro: que los apoyos a los grupos sociales que se han manifestado en la plaza para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los 107 diputados que aprobaron las leyes de la impunidad se reduzcan hasta desaparecer, para que todo en el Congreso siga como hasta antes del 13 de septiembre. Sin ceder ni un ápice; sin pagar ningún costo. A falta de mejores ideas, el chantaje ha sido la estrategia elegida para lograrlo. El objetivo de la sociedad civil, también está claro: la renuncia de los diputados y la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

No está claro a quién se le ocurrió la idea de presionar por medio del chantaje a los actores políticos que mayor influencia social han tenido en la crisis política que vive el país desde finales de agosto. Lo que sí es un hecho es que la estrategia es operada desde las bancadas del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es respaldada por los diputados de Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, Todos y Partido de Avanzada Nacional, y que cuenta con el apoyo de la Presidencia. Documentos y reuniones a las que Plaza Pública tuvo acceso, y cuya información fue corroborada por diputados de varios partidos, dan cuenta de los chantajes —unos más sutiles que otros— por medio de los cuales buscan evitar que la Universidad de San Carlos (USAC) continúe apoyando a las organizaciones sociales, que la Iglesia Católica se sume a esa causa con mayor fuerza o siga criticando el “pacto de la impunidad”, y que el sector empresarial se vea tentado a dejar de “apoyar la institucionalidad”. También la han emprendido en contra del procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, para que cese su “actitud hostil” en contra del presidente y el Congreso.

Al rector de la USAC, Carlos Alvarado Cerezo, le han enviado mensajes por diferentes vías en los que le advierten que, de seguir participando en la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, publicarán evidencias sobre supuestas anomalías en la compra de un terreno en la zona 18, la construcción de un edificio en Quetzaltenango, los gastos de representación, viáticos y gasolina, entre otros. Es decir, que lo incriminarán en actos de corrupción.

La Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, es un grupo heterogéneo surgido a partir del paro realizado el pasado 20 de septiembre, en el que toman parte desde universidades como la USAC y la Rafael Landívar, hasta grupos campesinos e indígenas como el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y el Comité de Unidad Campesina (CUC), pasando por organizaciones urbanas como Justicia Ya.

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A directivos de diferentes cámaras empresariales, les han enviado copias de las iniciativas de leyes que afectan sus intereses y que se aprobarían en el Congreso en las próximas semanas. “Tenemos los votos necesarios para aprobar la Ley de Desarrollo Rural, la Ley de Bancos y la Ley de Competencia”, entre otras. La misma fórmula han aplicado con la Iglesia Católica: amenazar con aprobar cambios a la Ley de Desarrollo Social, en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, que tanto resquemor provoca entre los obispos. A Jordán Rodas le han enviado “cordiales recordatorios” sobre las facultades que tiene el Congreso para aprobar el presupuesto de la PDH para el próximo año, así como de removerlo del cargo cuando lo consideren oportuno.

Los diputados reconocen que “todos están tratando de llegar a algo”, pero niegan que haya presiones, amenazas o chantajes contra nadie. Las leyes que están pendientes de discusión, indican, son las de Competencia, Servicio Civil, Casinos, Comisiones de Postulación, Bancos y Electoral y de Partidos Políticos, pero aún no han consensos sobre las mismas. La única que podría ser discutida en las próximas semanas es la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  La aprobación de las reformas a esta normativa es lo único que los legisladores estarían dispuestos a conceder a la plaza.

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Raúl Romero de Fuerza, aseguran que las bancadas mayoritarias están negociando “fuera del hemiciclo”, porque las prioridades de la agenda legislativa “se están definiendo fuera” del Palacio Legislativo. “Nosotros hemos estado marginados y es evidente que al llegar a reunión de jefes de bloque (donde se define la agenda legislativa) la agenda ya está pactada”, dice Montenegro.

Archivo PzP

Orlando Blanco y Javier Hernández, jefes de las bancadas de la UNE y FCN-Nación, respectivamente, aseguran que “hay muchos rumores y acusaciones sin fundamento”, y niegan tener algo que ver con amenazas o chantajes a nadie. “Lo que hacemos es escuchar a todos los sectores y para lograr consensos y evitar más controversia”, dice Blanco. 

El rector de la USAC, Carlos Alvarado Cerezo, dice que después del paro del 20 de septiembre, empezó recibir ataques a través de las redes sociales. Pese a ello, señala, continuará trabajando para que se pueda concretar el diálogo y hacer los cambios estructurales que el país necesita.

Más enfático, Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), niega haber recibido presiones de parte de los legisladores. Lo que hace el sector empresarial, dice, es insistir en el diálogo “para lograr consensos que nos permitan salir de la crisis y que esto incluye una agenda mínima de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Servicio Civil”.

El obispo Gonzalo de Villa y Vásquez, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, dice que desconoce los chantajes de los diputados hacia la Iglesia Católica, pero asegura que “no le extrañaría” por la fama que tienen los legisladores. Además, respaldó al obispo Óscar Julio Vian, Arzobispo Metropolitano, quien el domingo último dijo que “para purificar el Congreso, los diputados deben de renunciar”.

Jordán Rodas asegura que no ha recibido presiones directas de parte de los diputados. “Hemos escuchado varios comentarios, pero nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo”, indicó.

Dos vías para la renuncia: presión social y judicial

De lado de la sociedad, la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor del denominado “pacto de corruptos” sigue siendo una de sus tres grandes reivindicaciones, junto a que se acepte el antejuicio contra Jimmy Morales y la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El encierro al que miles de personas sometieron a los miembros del Congreso durante varias horas el 15 de septiembre ha sido el símbolo de la deslegitimación de la institución.

Los movimientos sociales siguen presionando para que las renuncias se hagan efectivas y, dando por hecho que estas no se van a realizar de modo inmediato, preparan movilizaciones a largo plazo. “Hay que meter presión a los diputados”, dice Álvaro Montenegro, de Justicia Ya. La “depuración del Congreso” es un objetivo que también aparece en las discusiones de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad.

La petición de renuncia de los diputados tiene que ver con la deslegitimación de la institución, pero también está ligada a las otras demandas. La “depuración” puede facilitar que el Congreso retire la inmunidad a Jimmy Morales (algo a lo que se ha negado en dos ocasiones) o facilitar que se apruebe una Ley Electoral y de Partidos Políticos más abierta. A nadie se le escapa que no es fácil que los diputados actuales aprueben una norma que tiene como objetivo impedir que la asamblea sea un territorio al que solo accedan determinadas élites.

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En este punto existen dos carriles. Por un lado, como señala Montenegro, está la presión social. Recordemos que, tras la firma del “pacto de corruptos”, diversos establecimientos anunciaron que no prestarían servicio a los diputados. El ejemplo se extendió hacia las movilizaciones sociales. Uno de los fenómenos de las protestas de las últimas semanas es que estas no se han limitado a la capital, sino que se han extendido a los departamentos. Allí se están produciendo acciones de denuncia contra los representantes territoriales, tal y como señalan actores diversos como Diego Padilla, analista de la Universidad Rafael Landívar, o Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y del Foro de Guatemala. Las protestas tienen el formato de los “escraches”, acciones de protesta popularizadas desde 1995 en Argentina, donde familiares de los desparecidos durante la dictadura militar se concentraban frente a los domicilios de antiguos responsables del régimen.

Simone Dalmasso

En el paro del 20 de septiembre podían verse a muchos representantes de departamentos exhibiendo mantas en las que señalaban con nombres y apellidos a los diputados elegidos por su circunscripción. Como ejemplo, un grupo llegado de Santa María Cahabón, en Alta Verapaz, que declaraba “non gratos” a sus diputados. Un día antes, el 19, cientos de pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán realizaron plantones exigiendo la dimisión de cuatro de sus representantes, declarando que ya no se sienten representados.

En este ámbito también hay un carril judicial. La Alianza por las Reformas presentó una solicitud de antejuicio contra los 107 diputados que aprobaron las reformas al Código Penal. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha recibido ya el expediente. Además, unos 40 diputados están siendo investigados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG. Y todavía queda pendiente el fantasma del caso Odebrecht.

Además de los antejuicios personales, existe otra vía que asedia a los diputados. La posibilidad de la cancelación de partidos políticos por parte del Tribunal Superior Electoral. El MP y la CICIG están investigando la posible financiación ilegal de FCN-Nación y la UNE.

Los diputados tienen motivos para ver amenazados sus puestos.

Los diputados reconocen que “todos están tratando de llegar a algo”, pero niegan que haya presiones, amenazas o chantajes contra nadie.
La petición de renuncia de los diputados tiene que ver con la deslegitimación de la institución, pero también está ligada a las otras demandas.
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