Hace dos semanas escribí sobre la campaña en contra de Iván Velásquez, sobre la cual consideré que está teniendo éxito en las mentes de las élites económicas. Hechos de días recientes confirman no solo la existencia de esta, sino la de un esfuerzo coordinado a favor de la corrupción y la impunidad.
Sobre el interés que algunos empresarios pudieran tener en expulsar a Velásquez, la revista Contrapoder había preparado para su edición de la semana antepasada una investigación titulada Emboscada contra Iván Velásquez. Sin embargo, según explica Sofía Menchú, la periodista que realizó la investigación, fue censurada por Grupo A, la empresa propietaria de Contrapoder. Por esta censura renunciaron tanto la periodista Menchú como la editora de la revista.
El artículo censurado plantea la posibilidad de coordinación e incluso colaboración entre los sectores interesados en mantener el statu quo, de modo que en Guatemala la impunidad continúe siendo el negocio más rentable y la corrupción una fuente abundante de riqueza ilícita. En este sentido, evasores de impuestos, empresarios privados y funcionarios públicos corruptos y militares con pasado criminal y luego dedicados a negocios ilícitos tienen mucho que perder si el combate de la impunidad, de la corrupción y de la evasión de impuestos continúa desarrollándose.
Estos sectores proimpunidad han tenido que reconocer que, desde 2015, Guatemala ha logrado avances en contra de sus intereses. Pero también se han dado cuenta de que estos avances, aunque importantes, aún son incipientes y que la institucionalidad estatal es incapaz de sostenerlos en el tiempo. Así, como una reacción lógica y natural para sobrevivir y mantener sus privilegios, están obligados a agotar todos los recursos a su disposición y ejercer todo el poder del que disponen. Y es que ambos no son escasos.
El artículo censurado abordaba la posibilidad de que los empresarios proimpunidad pudieran estar aportando ya recursos financieros. De la más seria gravedad es la posibilidad de que el presidente Jimmy Morales sea un elemento activo, quien cargaría con la acción política desde el Ejecutivo sobre las formalidades que se requieren para solicitar a Naciones Unidas la expulsión del comisionado. Y los militares estarían aportando su conocimiento de guerra sucia y su experiencia en esta, que incluyen la desinformación, la generación de temor por actos violentos (reales o ficticios, el efecto es el mismo), intimidación, represión psicológica preventiva, asesinato moral del enemigo y, ahora, acción política dentro del Legislativo vía la bancada oficial de FCN-Nación.
El contenido y la forma del video de Herberth Armando Melgar Padilla difundido el viernes pasado, ya debida y técnicamente desmentido por el MP, ejemplifican perfectamente el uso actual de las tácticas de la vieja usanza militar guatemalteca: la mentira aderezada con la manipulación de hechos sensibles (como el asesinato de su señor padre), el llamado a unirse frente al supuesto enemigo común, la defensa de la patria y demás parafernalia nacionalista a lo fascista.
La campaña en contra del MP y la Cicig existe no solo porque ya han salido suficientes elementos objetivos que lo demuestran, sino porque también es lógica y natural. La lucha contra la impunidad, la evasión fiscal y la corrupción significa el final de la parranda para algunos: menos poder y menos enriquecimiento ilícito.
Es decir, sí se está librando una batalla. En un bando, un grupo de empresarios (¿acaso quienes ordenaron la censura a Contrapoder?), políticos y militares corruptos. En el otro, el MP, la Cicig y... deberían estar aquí los empresarios honestos y la ciudadanía en conjunto. ¿Estamos o deberíamos estar porque hoy no estamos?
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