Casos con nombre y apellido

En Houston, Texas, en 2007, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) identificó y entrevistó a compradores falsos de armas, quienes recibían US$500 (unos Q3,850) por arma de fuego comprada. Descubrió que los compradores falsos enviaban las armas al Cartel del Golfo en México, e identificó a tres líderes de la estructura de trasiego. El ATF sospecha que durante los siguientes 15 meses, la estructura traficó 330 armas de fuego valoradas en al menos US$367 mil (unos Q2.8 millones). En México decomisaron 88 armas (26 por ciento del total); en Guatemala, cuatro.

Las armas del caso de Houston fueron vinculadas a 51 hechos violentos, en los que murieron 18 civiles y policías, y 37 sicarios. El ATF consiguió al menos una docena de condenas en estos casos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó que el 22 de diciembre de 2007, Jesse Eduardo Patlan, compró una pistola Beretta 92FS de 9 mm, en McAllen, Texas, mientras que un familiar de Patlan compró otra exactamente igual. Estas pistolas fueron decomisadas el 25 de marzo de 2008, entre las armas halladas luego de la narco matanza a manos de los Zetas, que dejó 11 muertos (incluyendo Juan José León, alias “Juancho”, quien se dedicaba al tumbe de droga).

Casi 10 meses más tarde, en diciembre de 2008, Guatemala y los demás países centroamericanos firmaron un memorándum de entendimiento con el ATF, para permitir el rastreo electrónico de armas de fuego ilícitas, identificar patrones de tráfico de armas y elaborar perfiles de posibles fuentes de armas ilegales. Otros 57 países han firmado acuerdos similares con EE.UU.

Cinco meses después, en abril de 2009, John Phillip Hernández, de 25 años, fue condenado a ocho años de cárcel por actuar como comprador falso de unas 103 armas de fuego tipo militar para otra estructura mexicana. Hernández afirmó que las compraba para uso personal, cuando pretendía venderlas a otra persona (lo cual es ilegal en EE.UU.).

El ATF consigna que entre junio de 2006 y junio de 2007, Hernández personalmente compró 23 armas de fuego por unos US$24,800 (unos Q190 mil). El lote incluía rifles de asalto, esencialmente “variantes adaptadas para uso civil” de los fusiles M-16 usados por el Ejército estadounidense, y armas con munición con la fama de perforar equipo anti-balas de la policía, y conocidas entre los narco-círculos de México como “mata policías”.

Armas rastreadas. Entre los dos y 19 meses después de comprar las armas, cinco fusiles de asalto fueron vinculados por separado con el secuestro y asesinato de un empresario en México, una balacera entre Zetas y el Ejército mexicano en Oaxaca, el ataque a la oficina del Procurador General de la República en Acapulco, un arsenal incautado en Veracruz en un camión accidentado,  otro más recuperado en un puesto de registro en una carretera mexicana.

Hernández adquirió otras 80 armas por medio de terceras personas, quienes las compraron asegurando que eran para uso personal. Luego Hernández también las vendió a estructuras mexicanas.

Paralelamente, Juan Pablo Gutiérrez, originario de Houston, Texas, compró otras 28 armas entre octubre y noviembre de 2006, por unos US$21 mil. Entre las armas figuraban 10 fusiles semi-automáticos, también similares a los M-16 del Ejército de EE.UU., y otras “mata policías”.

Las armas fueron decomisadas en abril, junio y diciembre de 2007, y febrero de 2008, en México.

No obstante las múltiples compras y exportaciones ilegales de Gutiérrez, el 27 de marzo de 2009, fue sólo condenado a 3 años y 10 meses de cárcel, y a una multa de US$7,500.

Lotes para Zetas, Lorenzana y Mendoza. Pocas semanas después de las condenas de Hernández y Gutiérrez, el 1 de mayo de 2009, Patlan pagó US$1,400 (unos Q10,780) por una R.I.A., modelo XM15, calibre .223, sin saber que entregaba el dinero a un agente federal encubierto.

El ATF lo identificó como un objetivo clave de sus investigaciones. Un año después de la compra, Patlan, de 25 años, originario de Mission, Texas, fue condenado a 5 años de cárcel por posesión ilegal de una ametralladora. El Departamento de Justicia no informó si se le formularon acusaciones por las armas que compró y fueron decomisadas en Zacapa, después de la narco matanza de marzo de 2008.

Para octubre de 2009, una corte de Tennessee acusó formalmente a los guatemaltecos Julio Cesar Rojas López, Donald Efrén Franco, Denis Franco, y Luis Armando Monterroso Pineda y al ex policía de Nashville, Edwing Ronal Morales, por conspirar para comprar pistolas semi-automáticas, revólveres y munición para exportar hacia Guatemala. Ocultaron el destino de las armas a los vendedores, según el Departamento de Justicia de EE.UU.: “los carteles de droga de los Lorenzana y Mendoza en Guatemala”.

La acusación establece que Rojas López se comunicó con los Lorenzana y Mendoza para discutir la compra de las armas de fuego y munición en Tennessee, las cantidades que debía comprar, y cuándo debía sacar el lote de contrabando de EE.UU. y enviarlo a Guatemala. “Miembros de los Carteles de Droga Lorenzana y Mendoza, que residían en Guatemala, giraron electrónicamente sumas sustanciales de dinero a Rojas Pérez para la compra”, consigna la acusación.

Rojas López reclutó a los demás acusados para comprar las armas y munición en armerías legalmente registradas, les instruyó acerca de qué comprar, y les entregó dinero. Como resultado, compraron 23 armas y trataron de comprar cinco más, con munición. Del total, 18 armas llegaron hasta Guatemala, ocultas en vehículos que Rojas López condujo, o remolcó, y entregó a los Lorenzana y Mendoza. Mientras tanto, autoridades del ATF y Aduanas de EE.UU. incautaron cinco.

James Cavanaugh, quien en 2009 era agente especial encargado de la oficina de ATF en Nashville, dijo que en la investigación había sido clave la colaboración de las armerías que mantenían sus registros en orden, y se rehusaban a cooperar con los compradores falsos de armas.

43 armas más en Texas, 11 de Colorado. El día en que se divulgaron las acusaciones en Tennessee, el Departamento de Justicia de EE.UU. decía que el resultado del operativo aliviaría “la violencia que pudo ser causada con esas armas y munición”, refiriéndose a las cinco armas incautadas. Sin embargo, dos años después, el 11 de marzo de 2010, Jenny Otilia Cortez, de 26 años, fue capturada en Conroe, Texas, por falsificar su dirección en relación con la compra de 43 armas de fuego, pistolas semiautomáticas y fusiles, desde septiembre 2008, a un precio de US$42,025 (unos Q323,592).

De las armas rastreadas hasta Cortez, 15 fueron descubiertas por las autoridades en México y Guatemala. La acusada fue excarcelada por una fianza de US$25 mil, y podría ser condenada a una pena máxima de cinco años de cárcel. El mismo día de su captura, fue detenido su esposo Fernando Argenis Huezo, de 28, junto al guatemalteco Joel Linares Soberanispor conspirar para distribuir 17.8 kilos de heroína.

Otro caso involucra a una estructura de traficantes que operaba desde Denver, Colorado, y enviaba armas a Guatemala. La estructura envió 11 armas ocultas en bocinas de equipos de sonido y una televisión, trasladadas por un camión alquilado por transportes Zuleta, de acuerdo a una orden de cateo presentada en noviembre de 2010, en una corte de Denver.

Armamento militar. Entre 2009 y la fecha, las autoridades guatemaltecas han descubierto que algunas armas en manos del narcotráfico pertenecieron al Ejército y fueron compradas con recursos del Estado. Un ejemplo son las cerca de 500 granadas incautadas en un campo de entrenamiento Zeta, en Quiché, en marzo 2009. Luego, los fusiles, municiones y otras 500 granadas incautadas en una bodega en Amatitlán en abril de 2009, que presuntamente era rentada por los Zetas. Al menos una de las pistolas decomisadas había sido comprada por el Ministerio de Gobernación entre 2004 y 2007.

La munición estaba empacada en cajas con el logotipo impreso de “Industria Militar de Guatemala”, mientras que los números de registro de los fusiles y otro armamento fueron rastreados hasta lotes de armas que debieron estar bajo resguardo en bodegas del Ejército, según un investigador del Ministerio Público dijo en 2010.

Las autoridades guatemaltecas todavía no pueden calcular qué porcentaje de las armas ilegales en circulación provienen de EE.UU., y cuáles de bodegas militares. En 2009, el entonces fiscal de Narcoactividad, Leonel Ruiz, no descartó que dado el volumen de armamento incautado a los Zetas, que estos también se dedicaran al tráfico de armas, además de comerciar droga.