Me parece que el sentimiento de terror que queda luego de lo acontecido el lunes habrá sido el mismo que sufriera la Italia de los años 1990 con los homicidios de Falcone y de Borsellino: una sensación de que nada ha cambiado y de que todo regresa al statu quo. No estoy diciendo que los jueces antimafia y Byron Lima sean lo mismo, pero sí estoy diciendo que, cuando se tiene la capacidad para tocar a alguien que se suponía protegido —dentro y fuera— por el sistema, hay que preocuparse. No estamos hablando de cualquier hombre fuerte, sino de alguien que se jactaba de haber introducido más de 200 personas no solo en el Sistema Penitenciario, sino también en otras instancias públicas. Ni siquiera Joaquín Guzmán Loera controla de forma total la cárcel donde se encuentra. Pero Byron Lima murió en el sistema que él comandaba.
Su caso es otro de tantos que serán denominados de alto impacto. Es inútil solo hacer énfasis en quién lo mató y es poco profundo limitarse a la explicación de que esto fue una pugna por el control del narcomenudeo dentro de la prisión. Es cierto que los actores del crimen organizado son predatorios y territoriales, pero aquí hay algo —con perdón de la palabra— simbólico.
La lectura debe ser entonces: ¿qué genera la muerte de Byron Lima?
Primero, y muy preocupante, muestra que los poderes paralelos son capaces de producir otro caso de alto impacto en un contexto en el que suponíamos que la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) había logrado debilitar las estructuras. La declaración del comisionado Velásquez resultó profética: las estructuras se recompusieron y muy rápido. Pasaron fugazmente de la estrategia de desprestigio y de campañas negras al terror. El lunes la fiscal general Aldana reasumió actividades, y ese mismo día sucedió esto. Si el sistema (o más bien actores paralelos que tienen ventaja en el uso del sistema a través de mecanismos informales) puede bajarse a un hombre fuerte como Lima —y en su propio territorio—, nadie está exento: ni periodistas ni testigos ni fiscales ni ciudadanos de a pie que apoyan la lucha contra la corrupción. Aquí es precisamente donde el escenario de la Italia noventera viene al caso como contexto con la gran pregunta: ¿qué ha cambiado? ¿Pensábamos que avanzábamos y ahora esto?
Segundo, el paso del terror a la acción política. ¿Se puede suponer también que este acto podría obligar al nombramiento de nuevos funcionarios en el campo de seguridad que no son precisamente amigables a los esfuerzos de la comisión internacional? Allí quizá está ahora la guerra real.
Es hora entonces de reafirmar ese pacto ciudadano contra la corrupción y contra el terror. Es momento de acuerpar a todos los fiscales, investigadores, operadores de justicia, periodistas y analistas, al comisionado Velásquez, a la fiscal Aldana y a todos aquellos honestos comprometidos no solo con la causa contra la corrupción, sino con la lucha contra el problema original: el Estado paralelo.
La hidra de mil cabezas estaba acorralada, pero parece que despertó. Y muy probablemente esto es solo el inicio del segundo tiempo.
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