Caso contra Nanci Sinto y Dulce Archila: ven contradicciones del MP y el proceso queda en impasse | Plaza Pública

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Nanci Paola Chiriz Sinto, el viernes pasado, antes de que cancelaran la audiencia prevista por falta de un aula de dimensiones adecuadas para la audiencia. Simone Dalmasso

Caso contra Nanci Sinto y Dulce Archila: ven contradicciones del MP y el proceso queda en impasse

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Caso contra Nanci Sinto y Dulce Archila: ven contradicciones del MP y el proceso queda en impasse

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El caso contra Nanci Sinto y Dulce Archila, señaladas de hacer pintas en el Congreso, quedará en impasse mientras se resuelven recursos pendientes. Mientras tanto, la defensa de ambas señala anomalías en la investigación y proceso penal.

Contra Nanci Sinto, activista indígena de 31 años, y Dulce Archila, estudiante universitaria de 20 años, hay tres instituciones públicas tratando de enviarlas a juicio: el Ministerio Público de Consuelo Porras, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación, instituciones afines al gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

El 21 de noviembre de 2020, ambas eran dos manifestantes más en la ola de miles de personas que salieron a protestar contra la aprobación del presupuesto estatal. Ese día un grupo no identificado quemó una pared del Congreso y como respuesta el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y Gendri Reyes, entonces Ministro de Gobernación, enviaron a decenas de antimotines a lanzar bombas lacrimógenas incluso en áreas donde la concentración era pacífica.

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Casi dos años después de esa manifestación, las dos enfrentan un proceso por el delito de depredación de bienes culturales por supuestamente dañar el edificio del Congreso con unas pintas. Nanci Sinto reconoció que ella sí escribió sobre la pared del Legislativo, pero argumenta que no lo deterioró porque lo que escribió fue removido al día siguiente con agua y jabón; dice que enfrenta el caso para defender su derecho a la libertad de expresión.

El Ministerio Público asegura que Dulce Archila aparece en fotografías y videos grafiteando el inmueble, pero la defensa de la estudiante dice que no hay certeza de que se trate de ella. La fiscalía buscó en un allanamiento una mochila, un gorro rojo, un pantalón y unos tenis blancos con los que supuestamente la identifica en las imágenes, pero el operativo fue fallido porque hizo la diligencia en la casa equivocada.

Luego de casi un año de enredos legales, el 12 de septiembre el proceso quedó detenido de forma indefinida. A petición de todas las partes, la jueza Sonia Martínez Obregón, suspendió las audiencias hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso que presentó la defensa de ambas jóvenes contra la Sala Tercera de Apelaciones, que revocó la resolución que las benefició con el cierre del caso. La Corte Suprema podría tardar meses o años en responder.

Esto ocurrió luego de que un juzgado cerró el caso por falta de fundamentos para enviarlas a juicio, y el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso apelaran y fueran beneficiados por la Sala Tercera, que les dio la razón. Esto provocó que la defensa de Sinto y Archila presentaran un recurso más ante la Corte Suprema que tiene que ser resuelto antes de que el caso continúe.

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Mientras tanto, la defensa de la estudiante y la activista señala que han detectado contradicciones y vicios en la forma en la que la Fiscalía tramita el caso.

Los errores del MP

Nanci Sinto y Dulce Archila están ligadas a proceso porque el edificio del Congreso, que según la Fiscalía dañaron, está registrado como un patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, al anotar en el caso la dirección del inmueble, la Fiscalía consignó la dirección «9 avenida 9-44», una nomenclatura clave en esta trama.

Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos y defensor de Dulce Archila, dijo que en los registros públicos la dirección del Congreso es «9 avenida 9-58».

«Los hechos según el MP sucedieron en el numeral 9-44 y según el registro, el Congreso tiene la nomenclatura 9-58», explicó Pérez, quien dice que más que un error, este detalle implica que la Fiscalía quiere «ampliar el lugar donde se habría cometido el delito».

Otra de las contradicciones en la investigación, dijo Pérez, es que el departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deportes, presentó un dictamen que establece que las pintas no provocaron deterioro en el edificio del Congreso. Pese a eso, en la parte acusadora hay cinco abogados insistiendo en el daño causado a una pared.

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A esos errores se suma que según Pérez, cuando la fiscalía buscaba allanar la casa de la estudiante Archila, hizo el operativo en otro inmueble que no tenía nada que ver con ella. Se desconoce si la familia afectada presentó una denuncia.

El fiscal Hipólito Archila es el encargado de este caso. Rechazó dar una entrevista para ahondar en las denuncias de la defensa y dijo que todo se discutiría durante la audiencia.

«Esto es más bien una cuestión de represión punitiva, de usar el derecho penal como una herramienta de represión para dejar un mensaje  y un castigo ejemplar para que otras jóvenes no se atrevan a expresarse, menos si son mujeres y mucho menos si son indígenas”, dijo Pérez.

Las implicaciones

Una de las pruebas principales del Ministerio Público en este caso es una fotografía donde se observa a una mujer con ropa similar a la que Sinto portaba ese día, escribiendo con pintura sobre la pared del Congreso. La activista asegura que no hay delito porque el inmueble no fue deteriorado y que se somete al proceso para defender sus derechos.

«Una pinta no deja de ser una manifestación de libertad de expresión que no le hizo daño a la institución ni a la fachada», señaló

En efecto, en el caso se comprobó que lo que escribió fue retirado al día siguiente con agua y jabón.

Aunque en Tribunales, Sinto busca que se reconozca que ejercía su derecho de manifestarse y expresarse, este caso también ha penetrado en su vida privada. Como parte de la investigación, el Ministerio Público le pidió a Meta (antes Facebook) acceso a las redes sociales de la activista. La compañía aceptó y entregó su información a los fiscales. Sinto no ha tenido acceso a esos documentos y teme que sus datos sean mal utilizados para implicarla en un caso más grande.

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«Me siento con temor de que se pueda hacer un uso perverso de mi información, por eso he evitado relacionarme de forma normal con mi círculo», explicó y agregó que este es un «caso de criminalización con patrones claros de persecución a mujeres, jóvenes e indígenas».

Para Dulce Archila la situación ha sido similar. Cuando fue capturada tenía 18 años y su corta vida adulta la ha pasado bajo arresto domiciliario, acudiendo a la Torre de Tribunales a firmar el libro de procesados cada 15 días.

«Me ha costado mucho entender qué va a pasar conmigo, y eso me frustra mucho. Ha sido muy traumante ir a estos espacios y toparme con esta gente que realmente está velando por una pared», relató.

Mientras el caso contra Archila y Sinto avanza, el Ministerio Público lleva más de un año sin comunicarse con Kenneth López y Carlos Manuel de la Cruz, los dos jóvenes a los que, en la misma manifestación, bombas de gas lanzadas por la policía, les reventaron a cada uno el ojo izquierdo.

Ambos casos han disuadido a más jóvenes a salir a la calle a protestar.

«De quienes nos movíamos en las calles, ahora los noto con miedo, me dicen que no quieren ir a manifestar porque les puede pasar algo. Es triste porque ahora cualquier cosa te puede llevar a esto que me está sucediendo a mí», concluyó Archila.

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